Desestimada la demanda de la Cofradía que pretendía el desahucio de un inquilino

Javier Gándara, el inquilino demandando, el pasado mes de noviembre. /  JOSÉ SIMAL
Javier Gándara, el inquilino demandando, el pasado mes de noviembre. / JOSÉ SIMAL

El juez de Primera Instancia Número 2 subraya que la entidad no ha cumplido los requisitos para llevar acabo acción judicial alguna contra el arrendatario

C. DEL RÍO AVILÉS.

El Juzgado de Primera Instancia Número 2 ha desestimado la demanda de la Cofradía de Pescadores contra el desahucio del inquilino de una de sus viviendas. La sentencia firmada por el magistrado-juez Ricardo Badás se acoge a la resolución de la Audiencia Provincial que, en un asunto anterior, señaló la «falta de capacidad (de la Cofradía)» para llevar a cabo esta acción judicial conforme a los términos de su propio estatuto. Estos dicen que es la comisión permanente de la Cofradía de Pescadores, formada por el Patrón Mayor y, como mínimo, un tercio de los miembros de la entidad, la que tiene la facultad de adoptar acuerdos relativos a la interposición de recursos y acciones que procedan en interés de la Cofradía. Algo que, en este caso, no se cumplió, tal como argumentaba el abogado de la defensa, Manuel Barba, en su excepción procesal.

La sentencia subraya que con la demanda «no se aporta acuerdo alguno» que demuestre que la demanda de desahucio fue, efectivamente, una decisión adoptada por la comisión permanente y que durante la vista oral solo se aportó una «certificación» firmada por el secretario de la Cofradía, Alejandro Álvarez, «en la que se transcriben unos 'supuestos acuerdos' del cabildo».

Por último, el juez señala que puesto que el inquilino (Javier Gándara) impugnó de forma expresa dicha certificación, la Cofradía debe acreditar «que efectivamente fueron adoptados los correspondientes acuerdos, cosa que no ha realizado», algo que puede hacer «aportando los originales de los libros de actas, para su cotejo, o acudiendo a la prueba testifical de las personas que hubieran participado en las adopción de los acuerdos. No hace nada de esto, limitándose a alegar mala fe por parte del demandado. La impugnación de la certificación, unida a la inactividad probatoria de la actora, nos lleva a no poder dar por acreditado que el cabildo haya adoptado los acuerdos precisos para entablar la acción ejercitada en la demanda, conforme a sus estatutos».

Aunque contra la sentencia cabe recurso, supone un espaldarazo para la treintena de inquilinos cuyos alquileres están en el punto de mira de la Cofradía.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos