Desestiman la demanda por acoso de uno de los hijos del fundador de Melca contra su hermana

Luis Miguel, el único de los tres hijos de José Luis García Arias que se ha mantenido fiel a su padre en este último año y medio pedía la rescisión de su contrato en la empresa Arside por considerar que se habían modificado sustancialmente sus condiciones de trabajo y se estaba produciendo una situación de acoso contra él. Por finalizar su contrato, en virtud del cual venía percibiendo una cantidad aproximada de 300.000 euros anuales, pedía 877.400 euros de indemnización, la propia del despido improcedente.

No era la única reclamación económica que realizaba, sino que además solicitaba 75.000 euros en concepto de diferencias salariales y otros 100.000 euros en concepto de daños y perjuicios, además de las costas del proceso. Pero no ha podido obtener nada de eso. El juez no solo considera que no hubo acoso de ningún tipo, sino que argumenta además que el demandante «cometió varias faltas laborales de carácter leve, consistentes en faltas de puntualidad y abandono del servicio».

Luis Miguel García Becerril demandaba a su hermana Elena, a uno de los trabajadores del grupo, actual gerente de la empresa Arside, además de a la propia firma, a Cartera de Inversiones Melca y a Montajes Eléctricos Cantábrico, representados todos ellos, a excepción del trabajador, por el abogado Carlos García Barcala, socio director del departamento de Derecho Laboral del despacho de Garrigues en Asturias.

El demandante prestaba sus servicios en la empresa Arside, una de las que forman parte del grupo Melca. Allí se ocupaba de diversas tareas, como la recepción de las reparaciones que enviaba Arcelor, la revisión de los cuadrantes, la custodia de la caja, la revisión y visado de las facturas y el seguimiento y control de los costes. Tras el relevo al frente del grupo, producido en julio de 2016, cuando la Junta de socios cesó a José Luis García Arias y la empresa quedó en manos de Elena García Becerril, hermana de Luis Miguel.

Una de las primeras medidas que tomó la nueva administradora fue la de incorporar a una persona como jefe de taller de Arside, que asumió algunas de las funciones que Luis Miguel venía realizando en la empresa. Ocupó además el despacho que este venía utilizando, situado en la tercera planta del edificio, por lo que Luis Miguel fue trasladado a otro en la segunda planta, donde se encuentran otras personas del departamento de producción.

Se cambió la cerradura del despacho, así como la de la empresa, que no fue entregada a Luis Miguel, «que tampoco las pidió», según señala el juez en la sentencia, y ocurrieron otra serie de cosas, como que se suspendió el abono de unos complementos salariales que venía percibiendo después de que estos experimentasen un crecimiento de 10.000 euros. Posteriormente, Luis Miguel comunicó una baja médica, ya que había sido diagnosticado con una «depresión reactiva».

Nada de eso ha conseguido convencer al juez, que ha negado la rescisión del contrato por una modificación sustancial de las condiciones de trabajo por considerar que los cambios de organización planteados en Arside «entran dentro del poder de variación ordinario que corresponde al empresario». También considera «lógico» que se cambiaran las cerraduras del despacho y valora que el complemento salarial «se suspendió hasta que el actor aclarara a qué respondía el incremento, y se le volvió a abonar el importe que venía percibiendo de manera habitual y continuada por ese concepto hasta mayo de 2016».