Dieciséis acusados por narcotráfico pactan de uno a cuatro años de cárcel

La fiscal modificó sus conclusiones para reconocer la circunstancia atenuante de drogadicción. Una cuestión muy relevante, ya que la legislación permite suspender la pena de privación de libertad si ésta es de cinco años o inferior y se reconoce esta circunstancia atenuante, como ocurre en este caso. Las condenas más elevadas de las aceptadas en la vista se sitúan entre uno y cuatro años y medio de prisión, con lo que los encausados podrían no llegar a entrar en prisión. Pero estarían condicionados a participar en un tratamiento de deshabituación y a no cometer otros delitos durante el tiempo de condena.

El golpe al narcotráfico se saldó con el decomiso de 48 kilos de hachís, 11 litros de ketamina y 220 gramos de cocaína. Los registros se practicaron en Gijón y Avilés, donde supuestamente operaba la trama delictiva. Los condenados reconocieron los hechos expuestos por la fiscal, que acusaba a los integrantes de la trama de viajar a Málaga para aprovisionarse de sustancias estupefacientes. Precisamente, en uno de esos trayectos, la furgoneta en la que viajaba uno de los implicados se estropeó y tuvo que quedar detenida en la localidad leonesa de Navatejera. Los agentes se incautaron de unos cuarenta kilos de hachís en su interior. En los registros realizados con posteridad en los domicilios de varios miembros del grupo criminal, la Guardia Civil y la Policía Nacional encontraron el resto del alijo.

En Avilés, el cabecilla era A. L. M., para quien la Fiscalía pide catorce años de cárcel y que no llegó a un acuerdo ayer, por lo que será juzgado hoy junto a otros cuatro acusados que tampoco aceptaron la petición de pena propuesta. En Gijón, estas funciones las realizaba F. G. V., que admitió su culpabilidad, lo que implica tres años y medio de cárcel por un delito contra la salud pública y seis meses más por pertenencia a grupo criminal, además de una multa de 411 euros. La fiscal no se opuso a que se le devolviera el dinero incautado en el registro de su domicilio y su vehículo (alrededor de 28.500 euros).

Además de las sustancias estupefacientes, los agentes se incautaron de un arsenal en la vivienda de H. V. V. No obstante, el ministerio público retiró los cargos por tenencia de armas prohibidas, ya que todas estaban legalizadas. La mayor multa tendrá que afrontarla J. L. B. V., que deberá abonar 244.269 euros por adquisición y distribución de drogas. Los dieciséis condenados no tendrán que acudir a las vistas del juicio, que continúan hoy.