Los inquilinos del Nodo a los que la Cofradía quiere desahuciar consignan la renta en el Juzgado

El abogado de los vecinos abre la puerta a demandar a la dirección de la entidad por «presunta administración desleal de patrimonio ajeno»

J. F. GALÁN AVILÉS.

Los treinta inquilinos del Nodo a los que la Cofradía de Pescadores Virgen de Las Mareas amenaza con desahucio si no acceden a modificar el contrato en los términos que plantea han consignado voluntariamente la renta del mes pasado en el Juzgado después de que la entidad no les girara el recibo.

«Creo que su actitud responde a una estrategia encaminada a forzar una situación de precariedad que dé lugar a nuevas demandas de desahucio, pero no lo vamos a consentir. Creemos que la rescisión del contrato que trata de imponer la cofradía es una medida contraria a derecho», subraya el abogado del colectivo, Manuel Barba, que abre la puerta a posibles acciones civiles y penales contra los órganos de dirección de la entidad. En ese sentido, apunta a «presunta administración desleal de patrimonio ajeno y vulneración de los derechos de los socios», condición que tienen los treinta inquilinos a los que la Cofradía amenaza con desahucio si no aceptan revisar el contrato en los términos que plantea.

La entidad ya ha presentado demanda contra dos de ellos, y en sus escritos de respuesta el abogado del colectivo apela al «derecho de los arrendatarios a la conservación del contrato y a los incumplimientos del arrendador, que en lugar de defender los derechos de sus socios insiste en ponerles todo tipo de obstáculos para complicarles la vida sin tener en cuenta su edad y su situación».

La mayoría son pescadores jubilados o socios. La entidad les notificó lo largo de los pasados meses de marzo y abril, mediante burofax, su decisión de resolver el contrato con la posibilidad de que una vez resuelto se negociase una nueva renta por importe muy superior al que actualmente satisfacen, entre veinte, o incluso menos, y sesenta euros, exigencia que rechazaron.

A partir de ahí formaron frente común y contrataron un abogado, Manuel Barba, que hace hincapié en que «rescindir los contratos contradice la propia naturaleza de la entidad, creada para velar por los intereses y el bienestar de los pescadores y de sus familias, incluso tras su jubilación y hasta el momento de su fallecimiento».

Su defensa también se basa en que «no estamos ante arrendamientos al uso. Dada la naturaleza de la cofradía y del propio barrio estos contratos constituyen un medio a través del cual la entidad pone a disposición de los socios el disfrute de su patrimonio, y por tanto su interpretación debe ir mucho más allá que la de un mero acuerdo entre particulares», concluyó Barba.

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