Los intoxicados por mercurio en AZSA abren una caja de resistencia

Tres de los afectados, en una imagen de archivo. / MARIETA
Tres de los afectados, en una imagen de archivo. / MARIETA

Han abierto una cuenta en la Caja Rural para poder recibir colaboración que ayude a los que están «en situación de desamparo»

RUTH ARIAS AVILÉS.

Los trabajadores intoxicados por mercurio en Asturiana de Zinc hace ahora cinco años acaban de abrir una cuenta bancaria para recaudar fondos que ayuden a los afectados salir adelante. Algunos de ellos se encuentran en una complicada situación económica, derivada de su dificultad para trabajar o para encontrar un empleo. «Algunos cobran simplemente una ayuda de 426 euros para mantener a una familia, pero además hay quien tiene deudas con el banco porque ha tenido que ir pidiendo préstamos para poder salir adelante», explica la portavoz del colectivo, Dori Acevedo.

Una quincena de los cincuenta trabajadores afectados tiene reconocida una incapacidad, pero la mayoría de ellos aún no ha llegado a este punto. La mayoría tienen que seguir trabajando para subsistir, pero ni su estado de salud les permite desarrollar las labores a las que estaban acostumbrados de forma continua ni las empresas que solían llamarles para sustituciones o paradas, caso de IMSA, para la que trabajaban cuando sufrieron el accidente, han estado contando con ellos en los últimos tiempos.

En esta situación se han visto obligados a buscar otras alternativas, y por eso han decidido pedir la solidaridad ciudadana, abriendo una «caja de resistencia que sirve para ayudar a las familias de los trabajadores intoxicados que se encuentran en situación de desamparo». Las aportaciones podrán hacerse en una cuenta de la Caja Rural con el número 3059 0087 55 2598272223. Ahí esperan poder contar con una colaboración que ayude a aquellos afectados que más lo necesitan a salir adelante.

«El 70% de los afectados tiene problemas económicos y está en desamparo»

«El 70% de los afectados tiene problemas económicos», dice Acevedo, que alerta de que el asunto es «urgente», ya que muchos de ellos, a lo largo de los cinco años que dura ya el problema, se encuentran en posiciones muy delicadas. Tienen pendiente una cita con la Consejería de Servicios Sociales, pero hasta que se les aporte una solución, su situación es «delicada».

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