Los intoxicados por mercurio exigen en Bruselas una mejor atención médica

David Román, Carlos Martínez Acevedo, Dori Acevedo, la eurodiputada Tania González, David Peláez, Eduardo Legido y José Luis Blanco, ayer en el Parlamento Europeo en Bruselas. / J. F. G.
David Román, Carlos Martínez Acevedo, Dori Acevedo, la eurodiputada Tania González, David Peláez, Eduardo Legido y José Luis Blanco, ayer en el Parlamento Europeo en Bruselas. / J. F. G.

Un grupo de representantes de los afectados acudió ayer al Parlamento Europeo y se entrevistó con diputados de cuatro grupos políticos

J. F. GALÁN BRUSELAS.

Los intoxicados por mercurio y otros metales pesados en Asturiana de Zinc elevaron ayer su voz en el Parlamento Europeo. «Venimos a dar a conocer la difícil situación que atraviesan a nivel de salud, económico, social y laboral, a pedir que se les atienda como se merecen y a reclamar que se adopten los protocolos necesarios para evitar que esto se vuelva a repetir», manifestó Dori Acevedo, portavoz de la Asociación Asturiana de Intoxicados por Metales Pesados y Agentes Químicos, en la que se integran la mitad de los trabajadores afectados.

Junto a ella, se desplazaron a Bruselas cinco de los 49 intoxicados en el accidente, registrado en 2012 cuando trabajaban con una subcontrata en la factoría castrillonense de la multinacional, integrada en el grupo suizo Glencore-Xstrata. Quince consiguieron la incapacidad laboral y el resto «están abandonados a su suerte, sufren graves secuelas físicas y psíquicas y no están en condiciones de trabajar. Su situación es desesperada», subrayó Acevedo

El grupo fue recibido por las eurodiputadas Tania González, de Podemos, y Ángela Vallina, de Izquierda Unida, así como por sendos representantes de los grupos parlamentarios del PSOE y Ciudadanos, a quienes entregaron un manifiesto en el que relata su situación a la vez que plantea una serie de reivindicaciones. La prioridad, señala, es ser atendidos por toxicólogos, «los únicos médicos que pueden tratarlos de forma efectiva y establecer que, cómo es evidente, los síntomas que padecen son consecuencia directa de la intoxicación. Los que les atienden ahora se niegan a firmar los informes porque no son especialistas».

Mientras, «las secuelas se van agravando y aparecen otras nuevas». En este sentido, la Consejería de Sanidad anunció recientemente que negociará con la Mutua, Fremap, y con la asociación renovar el convenio suscrito en su día con el las autoridades sanitarias y la mutua que les permitió recibir atención especializada durante dos años.

Los intoxicados relataron a los eurodiputados su experiencia. «El mercurio sigue ahí. Entró en el sistema nervioso y aparece por cualquier parte del organismo. No paramos de empeorar. Tengo problemas de oído y de vista, pérdidas de memoria y me cuesta expresarme. También he perdido piezas dentales, pero lo peor no es eso. Lo peor es que a nada que hago me agoto, y así no puedo trabajar. Nadie nos quiere contratar», manifestó uno de los trabajadores.

La eurodiputada Tania González recordó que «se trata del mayor episodio de contaminación de personas por mercurio en Europa» y pidió que «se garanticen los medios económicos y materiales para que tengan garantizada una correcta atención médica y una vida digna» a los trabajadores afectados.

El manifiesto

El manifiesto recoge que los análisis «reflejaron valores de mercurio en sangre cien veces superiores al máximo permitido por la Organización Mundial de la Salud. El mercurio se depositó en nuestros órganos, causando daños irreversibles en forma de depresión crónica, ansiedad, irritabilidad, insomnio, lagunas mentales, pérdida de visión y equilibrio, problemas respiratorios, mareo... No hay órgano que no esté afectado».

Los trabajadores critican la actitud de Azsa, de Imsa, subcontrata para la que trabajaban, de la mutua y de las autoridades sanitarias del Principado. «Desde el primer momento trataron de ocultar a la opinión pública y a los propios trabajadores afectados el alcance real de la intoxicación», señala al respecto. También incide en que, a raíz de una huelga de hambre de trece días por parte de cinco trabajadores, se llegó a un acuerdo «en el que se comprometían a darnos trabajo y a prestarnos atención médica especializada que no se ha cumplido en su totalidad. Se dejó caducar sin notificárnoslo, cuando aún teníamos pruebas, tratamientos y revisiones pendientes. Desde entonces, hace ya tres años, estamos olvidados».

El manifiesto hace hincapié en que en 2017 ambas empresas «fueron declaradas culpables de haber quebrantado hasta diecisiete normas de seguridad que llevaron al grave envenenamiento de 49 trabajadores». La Fiscalía consideró a los responsables de seguridad de Azsa e Imsa autores de un delito contra la vida y la salud de los trabajadores, acusación que finalmente se resolvió mediante un acuerdo en el que aceptaron nueve meses de cárcel conmutables por multas por importe de 1.620 euros, «cuando han arruinado la salud y la vida de 49 trabajadores y sus familias», enfatiza el manifiesto.

En base a lo expuesto, los trabajadores reclaman a las autoridades sanitarias y a la mutua «que renueven el convenio de colaboración para la atención médica de los intoxicados» y que el equipo sanitario que demandan, «dirigido por un toxicólogo, establezca la relación causa efecto entre la intoxicación por metales pesados y las secuelas que padecemos y padeceremos durante el resto de nuestra vida». De esta forma «se eliminarían los obstáculos que ahora encontramos para probar que no estamos en condiciones de trabajar y podríamos aspirar a conseguir la incapacidad laboral», concluye el texto.

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