La jueza obliga a la Cofradía de Pescadores a presentar sus cuentas a uno de los socios

El abogado de los vecinos del Nodo a quienes la Cofradía quiere actualizar los contratos de alquiler de sus viviendas -algo que ellos interpretan como una maniobra para echarlos de sus casas-, Manuel Barba, valoraba ayer el hecho de que la admisión de la diligencia por parte de la juez es tanto como «reconocer la legitimidad de un socio para acceder a la documentación». Cabe recordar que la cofradía exigió a los dos socios que acreditasen su condición cuando estos pidieron acceder a los documentos antes enumerados.

Con esta documentación en la mano, los treinta vecinos del Nodo tendrán acceso a una información «de la que se pueden deducir muchas cosas». Entre otras, la situación económica real de la Cofradía, la gestión del patrimonio, a quién se vende y a qué precio porque «sabemos que se han producido ventas a personas ajenas al colectivo pesquero», afirmó Barba.

Paralelamente, ya está señalado, para el 9 de noviembre, el primero de los treinta solicitudes de desahucio impulsados por la Cofradía al considerar que no se cumplen las condiciones de alquiler que se firmaron inicialmente.

La Cofradía de Pescadores explicó este segundo proceso de desahucios en su momento por la necesidad de incrementar sus recursos tras la caída de ingresos sufrida en los últimos años con la pérdida de la concesión del gasoil en la ría o el arrendamiento del bar de la antigua rula. El anterior proceso de desahucios se fraguó en 2014 y afectó a inquilinos que ya no mantenían una relación directa con la actividad pesquera o que incumplían los criterios fijados para la concesión de viviendas a precios muy ventajosos.

Los inquilinos afectados ahora por las órdenes de desahucio de la Cofradía Virgen de las Mareas firmaron un escrito en mayo rechazando la demanda de la entidad gremial, en las que se les ofrecía la posibilidad de negociar un nuevo contrato. Desde entonces, consignan el pago de la renta de sus viviendas a través del juzgado ante la negativa de la entidad a recibir el dinero.

La gran mayoría de los inquilinos son pensionistas, la mayor parte viudas de pescadores con una jubilación media de unos seiscientos euros. Aunque la renta se paga en función de la superficie de la vivienda, el precio medio ronda los diez euros, por lo que cualquier cambio de condiciones representaría un desajuste para sus economías. Los otros afectados son trabajadores en activo del sector, en concreto, dos marineros y un patrón. Es decir, los colectivos a los que debe atender la entidad gremial, según recuerda el abogado Manuel Barba.