«La mayoría de las demandas contra la abogada son oportunistas»

La intervención de Marcelino Tamargo, de Espacio Legal y defensor de la letrada, ocupó la mayor parte de la mañana. Su intervención fue coherente con su posición en la vista. «De 38 demandas, veinte son oportunistas y 17 generan dudas», aseguró, antes de entrar en un análisis individual de los casos. Para el letrado, no existe duda de que la procesada actuó con diligencia, planteando la posibilidad de acciones penales contra testigos concretos a los que acusó de mentir.

También defendió los cobros de su defendida, asegurando que respondían a honorarios por los servicios y, en alguno caso, aseguró que las demandas eran por problemas de «expectativas de los clientes». Tamargo apuntó directamente a su antiguo socio como instigador de las demandas y denunció «errores en la instrucción, que criminalizó una reclamación en el Colegio de Abogados que provocó un efecto llamada», afirmó.

Marcelino Tamargo también recordó la existencia de poderes firmados para justificar las actuaciones de la procesada y defendió la actuación de su defendida «Si la condenan por estos delitos, deberían condenar a todos los abogados», aseguró.

Para la defensa, los únicos casos sujetos a dudas corresponden a la jurisdicción civil, responsabilizando a su antiguo socio de acudir a la fiscalía «por un ataque de miedo». Para Tamargo, en el proceso hubo «presunción de culpabilidad» hacia la procesada, apelando a la enfermedad mental como la responsable de su comportamiento.

También intervino Jorge Calsamiglia, abogado de Catalana de Occidente, responsable del seguro de responsabilidad civil del bufete en el que trabajaba la acusada. Las compañías aseguradoras aparecen como defensa, toda vez que la absolución las eximirá de pagar indemnizaciones, al tiempo que buscan atenuar responsabilidades en el caso de culpa.

Aunque breve, su intervención se centró en el campo del derecho civil, más que penal. Por una parte intento eludir las responsabilidades con el argumento de que la póliza cubría a la sociedad profesional, no a los abogados de manera independiente. Ese argumento lo repitió al señalar que la procesada trabajaba de manera individual, no en un equipo, por lo que el seguro no podía asumir las responsabilidades.

Sin abandonar el derecho civil, Calsamiglia cuestionó los criterios aplicados por la Fiscalía para establecer las cuantías de responsabilidad civil a las presuntas víctimas. «Su trabajo penal fue muy brillante, pero en la parte civil utilizó el criterio de tarifa plana sin argumentarlo», aseguró. Apurado por el tiempo, citó dos casos diferentes para fortalecer su tesis. Una persona que había solicitado una indemnización por 1.800 euros por daños que, supuestamente, la abogada no había tramitado. Y otro testigo con el que no había cumplido sus encargos y que, finalmente, había acudido a un segundo abogado, consiguiendo su objetivo. «En ambos casos, establece 20.000 euros de responsabilidad civil, tarifa plana», por lo que solicitó al tribunal «el máximo rigor en la sentencia y establecer un criterio si se declara la existencia de responsabilidad civil».

El letrado tuvo oportunidad para solicitar la absolución penal de la abogada avilesina. «Perdió el control de la situación, era una abogada de prestigio. Todos los testigos lo han dicho. Se convirtió en esclava de sus virtudes y se produjo esta situación, que no puede convertirse en un aquelarre», afirmó. El juicio concluirá el próximo jueves.