560 negocios obtienen la licencia de apertura en Avilés a través de la declaración responsable

El comercio minorista se puede acoger a la normativa para contar con licencia de apertura con una declaración responsable. / MARIETA

Los promotores firman un documento asegurando cumplir la norma, pagan las tasas, y ya pueden poner en marcha su empresa

J. F. GALÁN AVILÉS.

El Ayuntamiento de Avilés ha tramitado un total de 746 expedientes de apertura o cambio de titularidad de negocios desde la entrada en vigor, el 26 de diciembre de 2012, del Real Decreto de medidas urgentes de liberación del comercio y servicios, que regula la declaración responsable, una fórmula concebida para agilizar la apertura de nuevos negocios de determinadas tipologías sin tener que pasar por los trámites correspondientes a una licencia de apertura. En este tiempo, el 75% de las licencias solicitadas en el Ayuntamiento se han acogido a este nuevo sistema de tramitación, es decir, 560 negocios pudieron iniciar su actividad con la simple presentación ante la administración local de una declaración previa.

Esta declaración responsable es un documento suscrito por la persona interesada en iniciar el negocio en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener la licencia, que dispone de la documentación que así lo acredita y en el que se compromete a mantener su cumplimiento mientras continúe el negocio o siga prestando el servicio.

LAS CIFRAS

746
licencias se han tramitado desde 2013 hasta ahora en el Ayuntamiento, de las que el 75% fueron por declaración responsable.
131
licencias solicitadas en Avilés son de actividades industriales (77) y de hostelería (54).
44
negocios están todavía en trámites para obtener la licencia municipal.

Dicho de otra manera, el interesado declara que su local reúne las condiciones necesarias establecidas por cada ayuntamiento o comunidad autónoma para el desarrollo de la actividad en cuestión y que dispone de la documentación técnica que lo refleja, elaborada por un técnico competente. Este trámite le concede libertad para abrir su negocio inmediatamente después de entregar la documentación en el Ayuntamiento y de abonar la tasa correspondiente. Los técnicos municipales se encargarán de realizar las inspecciones pertinentes de manera posterior a su puesta en funcionamiento y si detectasen alguna anomalía abrirían expediente sancionador.

Como norma general, se pueden tramitar por este cauce todas las actividades que por su naturaleza no representen ningún peligro para la salud, el medio ambiente o para las personas, es decir, aquellas actividades inocuas que no conlleven obra mayor que requiera un proyecto técnico, siempre y cuando se desarrollen un local cuya superficie no exceda los 300 metros cuadrados.

En el caso de Avilés, la norma se desarrolla mediante una instrucción municipal aprobada por el Ayuntamiento en enero de 2013. En su anexo se enumeran las actividades que podrían acogerse a este tipo de declaración que son prácticamente todas las del comercio al por menor (carnicerías, pescaderías, tiendas de moda, mueblerías, joyerías...), pero también otras como garajes, actividades inmobiliarias, concesionarios de vehículos, despachos de abogados, videoclubs, despachos de arquitectura, lavanderías, alojamientos temporales sin bar ni cocina o peluquerías, entre otras.

La norma hace mención expresa a la exclusión de ella de aquellos negocios que se ubiquen en edificios catalogados o incluidos en conjunto histórico. Es un aspecto que afecta especialmente a Avilés con un rico centro histórico convertido en área comercial.

En estos cuatro años, de los 746 expedientes de apertura o cambio de titularidad de negocios tramitados en el Ayuntamiento de Avilés 131, el 18%, son actividades clasificadas, de las que 77 son industriales y 54 de hostelería. El 82% restante son de las calificadas inocuas, de las que podrían acogerse a la declaración responsable, sin embargo, 55 siguieron el modelo tradicional de solicitud, mientras que hubo 560 que se acogieron a las declaraciones responsables.

Por tanto, los servicios técnicos municipales han recibido 186 solicitudes de licencia de actividad en estos cuatro años que deben seguir la tramitación habitual, la anterior al Real Decreto de diciembre de 2012. De ellas, 142 cuentan con licencia, mientras 44 continúan todavía en tramitación por distintos motivos. Son quince licencias relacionadas con negocios hosteleros, dieciséis relacionados con actividades industriales y trece más de las denominadas actividades inocuas (comercio y despachos).

Título habilitante

El modelo de declaración responsable implica que en el momento de su presentación en el registro municipal el interesado ya cuenta con título habilitante para el ejercicio de su actividad, mientras que el resto de puestas en funcionamiento, es decir, las mencionadas actividades clasificadas (industriales y de hostelería) y las inocuas en los casos de primera adecuación y cambio de uso, han de contar necesariamente con licencia de apertura concedida mediante decreto para contar con ese título que le permitiría poder iniciar la actividad.

Una vez presentadas las declaraciones responsables, son objeto de revisión por técnicos municipales para verificar su ajuste a las normativas urbanísticas y técnicas. En los casos necesarios se solicita a los interesados la subsanación de las deficiencias detectadas e incluso el cese de la actividad si se trata de grave incumplimiento.

Es decir, si en esa inspección posterior a la apertura el Ayuntamiento o la administración correspondiente detectase falsedad o inexactitud en cualquier manifestación o documento de carácter esencial que se hubiese aportado a la hora de tramitar la declaración responsable o el incumplimiento de los requisitos señalados en la legislación vigente, la administración local tiene la facultad de impedir la continuidad del ejercicio o actividad desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. De las 560 declaraciones responsables que se han presentado en el Ayuntamiento en los últimos cuatro años, se han revisado ya técnicamente 333.

El Real Decreto de medidas urgentes de liberación del comercio y de determinados servicios se adoptó a finales de 2012 con ánimo de reducir las cargas administrativas que dificultaban el comercio y con el objetivo de dinamizar el sector, permitiendo un régimen más flexible de aperturas.

El propio Real Decreto recoge que España ocupaba el puesto 133 en una lista de 183 países en función de los trámites que es necesario cumplimentar para abrir un negocio, según el estudio Doing Bussiness 2012 que elabora el Banco Mundial. Las cifras aportadas por la OCDE ponían también entonces de manifiesto que España era el segundo país de Europa donde más trámites era necesario cumplimentar para crear una empresa.

Obstáculos innecesarios

Según se mantiene en esa norma, las cargas administrativas «constituyen obstáculos que no son necesarios ni proporcionados y cuyos objetivos pueden alcanzarse mediante procedimientos de control que no retrasen ni paralicen el desarrollo de la actividad. Especialmente gravosas resultan determinadas licencias, cuyos procedimientos impiden el ejercicio de la actividad hasta mucho tiempo después de haber acometido las inversiones iniciales».

Se señala también que con un total de 436.496 empresas, 606.131 locales, 1,8 millones de empleos y el 5% del total de Valor Añadido Bruto, el sector comercial minorista constituye un sector estratégico para la economía española.

De ahí que el fin de la regulación aprobada hace cuatro años fuese «dinamizar la actividad en beneficio del crecimiento económico y del empleo, en línea acorde con los objetivos de reducción de las cargas administrativas, la mejora del entorno empresarial, en especial para las PYMES, y la promoción del espíritu empresarial de la Estrategia Europa 2020».

La norma está dirigida a las pequeñas y medianas empresas comerciales y de servicios complementarios, «que constituyen más del 90 por ciento de las empresas que desarrollan su actividad en estos sectores, normalmente en establecimientos cuya superficie útil de exposición y venta al público no supera los 300 metros cuadrados, superficie que da cabida a la mayoría de las actividades recogidas esta Ley. Por ello se considera que, a través de ella, se promoverá la apertura de nuevos locales y la generación de empleo en este sector».

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