La presunta falsedad de un documento motiva la suspensión del juicio de El Nodo

El secretario de la Cofradía de Pescadores, Alejandro Álvarez, y el nuevo patrón mayor, Tomás Badiola, ayer, en una de las salas de vistas del juzgado. / MARIETA
El secretario de la Cofradía de Pescadores, Alejandro Álvarez, y el nuevo patrón mayor, Tomás Badiola, ayer, en una de las salas de vistas del juzgado. / MARIETA

El juez decidirá en un plazo de cinco días si desestima la demanda por desahucio presentada por la Cofradía de Pescadores contra un inquilino

CRISTINADEL RÍO AVILÉS.

El magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Avilés, Ricardo Badás, suspendió ayer el juicio por desahucio contra el primero de los treinta inquilinos de las viviendas del Nodo gestionadas por la Cofradía de Pescadores Virgen de las Mareas. En menos de cinco días, tendrá que decidir si desestima o no la demanda de la Cofradía.

El juez adoptó esta decisión después de que el abogado del inquilino, Manuel Barba, interpusiera dos excepciones procesales a la demanda. La primera, y que finalmente provocó la suspensión del juicio, fue la exposición de que «según los estatutos, cualquier acción importante de la Cofradía, y una judicial lo es, debe ser adoptada por el Cabildo o comisión permanente» y esta no lo habría sido; la segunda se refirió a la falta de representación tanto del secretario de la entidad como del presidente para impulsar la demanda.

El abogado de la Cofradía, Miguel Ángel Palacios, presentó en la sala de vistas un certificado que, en principio, daría respuesta a esa primera excepción planteada por la defensa. Cuatro folios en los que se recogen las decisiones adoptadas por la Cofradía en sendas reuniones en enero y en marzo, firmado únicamente por el secretario de la Cofradía, Alejandro Álvarez.

«¿Por qué nos presentan un certificado y no las actas de la reunión? ¿Dónde están las actas? ¿Dónde está la firma del patrón mayor? No está la del de entonces patrón mayor, Fidel Álvarez Garaot, ni siquiera del actual», se preguntó Barba, quien advirtió que la fecha a la que se retrotrae el documento es enero de 2017.

«Me imaginaba que iban a tratar de sacar un conejo de la chistera y este ha sido un certificado del secretario en el que nos traslada lo que parece ser el contenido de un acta que no se aporta», por lo que anunció al juez su intención de presentar de manera una denuncia por falsificación de documento contra Alejandro Álvarez, contra el que ya constan otras tres por el mismo presunto delito en los juzgados de instrucción número 7 y 1, dos de ellas admitidas a trámite.

Manuel Barba confió en que el magistrado acabe desestimando la demanda de desahucio al igual que ya hicieron el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 y la Audiencia Provincial. Recordó que su cliente es armador y por tanto, según los estatutos, tiene derecho a una vivienda en el régimen de alquiler actualmente vigente.

Ni el secretario ni el abogado de la Cofradía realizaron declaraciones.

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