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R. A.
AVILÉS.
Domingo, 3 de septiembre 2017, 01:54
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Apenas conocieron el archivo de las actuaciones judiciales del caso de las facturas de Festejos, los concejales del grupo municipal de Somos tomaron la decisión de recurrir el auto. Ellos habían sido los que llevaron el caso primeramente ante la Fiscalía, y a su denuncia se sumó posteriormente la efectuada por la Intervención municipal que, una vez concluido el proceso de auditoría interna, trasladó la documentación recopilada y los informes emitidos al fiscal.
Somos tiene un corto plazo de tres días para presentar ese recurso, y sus servicios jurídicos ya se encuentran trabajando en él. «Consideramos prematuro el sobreseimiento provisional teniendo en cuenta que hace muy poco tiempo se declaró la tramitación de la investigación como 'causa compleja', con lo que supone que ello conllevaría en cuanto a la duración de las investigaciones», expone el portavoz municipal de la formación, el concejal David Salcines.
La formación acababa de conseguir hace poco más de un mes personarse como acusación popular a través de su portavoz en la causa, pero con el parón de la Justicia en el mes de agosto, aún no habían logrado hacerse con información sobre el proceso. «Seguimos pensando que en torno a la actuación municipal existen indicios de haberse cometido posibles delitos y, por lo tanto, sería preciso ahondar más en la investigación», señala Salcines, que hace hincapié en el hecho de que el propio juez, en el auto de sobreseimiento, recuerda que los hechos han podido dar lugar a infracciones presupuestarias y contables.
«Más allá de si hubo o no delito, lo que está claro es que se falsificaban firmas de ciudadanos, se ocultaba información a la Intervención, se falsificaban facturas de pagos que no eran para el fin indicado en ellas y, en definitiva, se vulneraba absolutamente la legislación», denuncia el portavoz de la formación morada, que considera que «la responsable de este carajal de gestión pública no puede seguir actuando en nombre del Ayuntamiento como si aquí no hubiera pasado nada».
Salcines opina que el ejemplo que se da a la ciudadanía en este caso es «desolador» y se plantea la finalidad de las leyes «si los cargos públicos se las saltan a la torera y, cuando son pillados, no existe ningún tipo de asunción de responsabilidades» y pide que «los documentos guardados en cajones no tengan cabida».
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