Los sindicatos piden «diálogo y sensatez» para subir el salario de las educadoras

Las educadoras protagonizaron una huelga la pasada primavera. /  MARIETA
Las educadoras protagonizaron una huelga la pasada primavera. / MARIETA

El equipo de gobierno anuncia que solicitará nuevos informes y Somos insiste en que la propuesta «no se ajusta a la legalidad vigente»

YOLANDA DE LUIS AVILÉS.

Enfado y decepción es la sensación que expresaban ayer los representantes de los trabajadores en el Ayuntamiento. El concejal de Recursos Humanos, Raúl Marquínez, les convocó para explicar lo sucedido en la comisión de Hacienda del lunes y por qué el equipo de gobierno ha decidido retirar del orden del día del Pleno la propuesta para subir el salario a las educadoras de las escuelas infantiles. Tras esa reunión, todos coinciden, aunque con matices, en pedir soluciones. «Debe haber diálogo y también sensatez para llegar a un acuerdo que permita cumplir con los compromisos adquiridos por el PSOE con la plantilla después de muchos días de encierro y en los que la oposición estaba de acuerdo».

Todos son conscientes de las estrecheces legales existentes por la normativa nacional en material presupuestaria y de salario de los trabajadores públicos, pero entienden que se puede encontrar una solución. Incluso la que se planteaba parecía suficiente hasta que Somos expresó sus dudas, que ayer repetía.

El equipo de gobierno ha explicado que pedirá nuevos informes para dotar de una mayor seguridad jurídica la propuesta de incremento salarial para las trabajadoras de las escuelas infantiles, pero ya anuncia que de esos informes también dependerá la aplicación del incremento salarial del 1% acordado para toda la plantilla. En todo caso, Marquínez ha insistido en que «nuestro compromiso es cumplir con los acuerdos alcanzados con los sindicatos y hacerlo con las mayores garantías jurídicas».

Los problemas se podrían producir también en el aumento del 1% a toda la plantilla

Mientras, Somos arremetía contra los socialistas. Su concejal Primitivo Abella afirmaba que «defendimos para las educadoras una subida en el sueldo mensual conforme a la ley mediante un cambio en la clasificación profesional. El gobierno quiso imponer su criterio y entonces pretende aplicar una subida en la productividad pero la propuesta no se ajusta a la legalidad vigente, según el servicio de intervención».

Abella trata de explicar su postura contraria, a pesar de apoyar desde el comienzo las reivindicaciones de estas trabajadoras y de los sindicatos municipales y dice que «el gobierno pretendía que aprobásemos una propuesta ilegal, a sabiendas de que era ilegal y eso es prevaricar, un delito penal». Mantiene que el PSOE trata de trasladar a Somos la responsabilidad y además «tiene la desfachatez de ligar esto con la propuesta de subida salarial del 2,5% para todos los empleados, algo de lo que no se habló en ningún momento».

Entre los sindicatos municipales la decepción por lo sucedido se traducía en prudencia por parte de UGT, cuya representante Mercedes García no quiso hacer valoraciones hasta haber hablado con todos los grupos políticos, a la de Ángel Fernández, de Avanza, que señalaba al equipo de gobierno por echarse a atrás, pero también a Somos diciendo que «no podemos admitir la instrumentalización de los acuerdos sindicales para su ejercicio de oposición, muy legítimo, pero que viene a ser un perjuicio muy claro para toda la plantilla».

Jesús Villa, del Sipla, ahondaba en esta cuestión y pedía que se dejase al margen a la plantilla de «sus enfrentamientos y que se pongan a trabajar para cumplir con el acuerdo». Y añadió que «sorprende que personas que nos apoyaron en las reivindicaciones mantengan ahora posturas poco coherentes con ese apoyo». Además coincidió con Manuel Gómez Mendoza, de Usipa, a la hora de decir que «todos tenemos que empujar en la misma dirección y no poner piedras en las ruedas en un tema complejo en el que hasta ahora había un acuerdo unánime de sindicatos y políticos».

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