Tejero niega haber negociado la venta de unos terrenos con cargas

José María Tejero oculta su rostro con la capucha, a la salida de la Audiencia Provincial. / PABLO LORENZANA
José María Tejero oculta su rostro con la capucha, a la salida de la Audiencia Provincial. / PABLO LORENZANA

El empresario, que se enfrenta a cuatro años de cárcel por una presunta estafa, asegura que solo era el «representante social» de la empresa

C. DEL RÍO OVIEDO.

José María Tejero, empresario y actual propietario del Real Avilés, se sentó ayer en el banquillo de la Audiencia Provincial acusado de un delito de estafa por haber supuestamente negociado la venta de unos terrenos con cargas y unas condiciones que el comprador desconocía. Se trata de dos fincas en Avilés, una en Villalegre y la otra en la avenida de San Agustín, en las que había instaladas sendas estaciones de servicio Shell y cuya venta a la empresa Canivell y Fernández se cerró el 30 de diciembre de 2011, hace ahora seis años. La operación la firmó Tejero como «representante social» de la compañía Team Inmobiliaria, aunque ayer durante el juicio negó haber participado en las conversaciones previas a la venta.

Las gasolineras pagaban al propietario una peseta por litro servido hasta un máximo de 18.000 euros hasta el año 2028, aunque en uno de los casos había habido una rebaja de las contraprestaciones económicas que suponían pagar ochenta céntimos en vez de una peseta y bajaba el máximo a los 12.000 euros. Este acuerdo no se había reflejado en la escritura ni en ningún otro documento que constara en el Registro de la Propiedad y el comprador lo ignoraba.

José María Tejero, en cambio, conocía este cambio de condiciones, y así lo reconoció ayer en el juicio celebrado contra él y la empresa Team Inmobiliaria por presunta estafa en la Audiencia Provincial, pero no se lo comunicó a Canivell «porque yo no negocié la venta (...), solo se me encomendó la firma del contrato de compraventa». No lo cree así Canivell y Fernández S. L., empresa inmobiliaria cuyo representante, Fernando Arias, declaró ayer que, de haber conocido esta circunstancia «no hubiera cerrado la operación». «Sin el cobro de estos cánones la operación, que ascendió a 352.000 euros, no habría tenido sentido ni interés», afirmó. Según él, en las negociaciones de compraventa sí participó José María Tejero y también su hombre de confianza, Julio Schleich.

La acusación, ejercida por Javier García Menéndez, solicita para Tejero cuatro años de prisión y multa de diez meses con cuota diaria de quince euros diarios con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de cinco meses. La Fiscalía rebaja la solicitud de pena a dos años de cárcel, una multa de 2.400 euros y el pago de 418.633 euros, en concepto de responsabilidad civil por el perjuicio económico causado.

La parte querellante se centró en tratar de demostrar que Tejero es la persona que «dirige y gestiona un conglomerado de empresas, hasta casi treinta sociedades, de forma directa o indirecta» y que «no solo omitió información sino que la negó de forma clara y contundente».

El abogado de Disa Península, la empresa de distribución a la que Shell había cedido los derechos, aseguró que las condiciones se habían modificado «porque allí había una operación de carácter inmobiliario de Tejero y había que facilitar una servidumbre de paso» y que su sociedad siempre había pagado a los distintos propietarios. En 2009 comenzó a pagar el canon a una cuenta del banco Sabadell, porque así se le solicitó. La entidad financiera entra en escena porque el 22 de julio de 2009 se firma un préstamo hipotecario con una garantía pignoraticia que no quedó registrado en ningún sitio, «quizás porque nos olvidamos o no lo consideramos importante», señaló el abogado de Disa. «Yo no sé si el vendedor le comunica nuestros acuerdos a Canivell. Quiero pensar que sí», añadió a continuación.

Explotación directa

La defensa, por su parte, argumentó que esos documentos nunca estuvieron en manos de sus clientes y acusó al querellante de tener otros intereses. Santiago Tejero del Río, hermano y abogado de José María, se preguntó por qué Fernando Arias firmó la operación si tenía dudas sobre ella, tal como quedó reflejado en una de las cláusulas del contrato de compraventa. Según él mismo aventuró, «como conoce el negocio del petróleo, su intención era que los derechos de superficie desaparecieran porque lo que le interesa a él es explotarlo directamente». Afirmó, además, que de ir contra alguien habría que hacerlo contra Disa o contra el Sabadell, y no contra Tejero, «un empresario mediano que es la parte más débil».

La acusación, por el contrario, se preguntó quién va a firmar algo con cargas hasta 2028 a sabiendas y acusó a Tejero y su sociedad de «ánimo de lucro», al pagar el préstamo solicitado al Banco Sabadell con los cánones que Disa abonaba en esa cuenta y no a Canivell. El director de la entidad en Avilés, llamado como testigo de la defensa, afirmó no saber ni recordar nada.

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