El último capítulo de la batalla entre la Cofradía y Nueva Rula

F. B. AVILÉS.

La sentencia conocida ayer puede representar el último capítulo en la larga batalla entre la Cofradía de Pescadores Virgen de Las Mareas y Nueva Rula de Avilés y cuyo origen se remonta a 2005, cuando desde el Principado de Asturias se plantea la necesidad de un nuevo modelo de gestión para la venta de pescado en Avilés a raíz de la construcción de las actuales instalaciones.

Aunque tiende a olvidarse, la Cofradía de Pescadores trató de mantener el control de la venta de pescado fresco como venía realizando, en un periodo de tensiones que incluyó una manifestación en Avilés en defensa de la rula en 2007 y que reunió 800 personas en un sector que, entonces, generaba unos 3.000 empleos directos.

Después de que no fructificasen diferentes proyectos para que el sector gestionase las nuevas instalaciones, se constituyó Nueva Rula de Avilés como una sociedad instrumental integrada por Autoridad Portuaria, Principado de Asturias y Cofradía de Pescadores, con sendos 33%, además la Cámara de Comercio asumía el 1%.

En esos momentos, la Cofradía de Pescadores no disponía de recursos financieros para incorporarse, algo que lograba gracias a la venta de terrenos en El Nodo al Principado de Asturias. Era un gesto de buena voluntad desde la administración regional que no era interpretado de esta manera desde la Cofradía de Pescadores.

Posteriormente, la Cofradía iniciaba un periodo de convulsiones internas, en el que se anulaban elecciones, se repetían y se sucedían los patrones mayores. De manera paralela, se incrementaban las tensiones con la gerencia de Nueva Rula de Avilés y que estallaban en público a raíz de la inspección de la Agencia Tributaria y la firma del acta de conformidad.

Tras la dimisión de los consejeros de la Cofradía en Nueva Rula, los tribunales de justicia comienzan a ser el escenario de los enfrentamientos entre las partes. El pasado marzo, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 6 de Avilés desestimaba una demanda de la Cofradía contra Santiago Rodríguez Vega y Alberto Vizcaíno, además de cargar a la entidad las costas del proceso.

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