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Los acusados, en el banquillo.
Riopedre: «En 22 años en la consejería nadie se quejó de nada. Algo ha tenido que pasar»

Riopedre: «En 22 años en la consejería nadie se quejó de nada. Algo ha tenido que pasar»

«Me extraña mucho que si un material no se enviaba a los colegios y se pagara a las empresas al final no se supiera», afirma el exconsejero de Educación

efe

Lunes, 25 de abril 2016, 15:10

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El exconsejero de Educación del Principado José Luis Iglesias Riopedre ha admitido hoy que a principios de 2009 pidió al propietario de la empresa Igrafo Víctor Manuel Muñiz, procesado junto a él en el 'caso Renedo', que consiguiera un trabajo para su hijo, "nunca a cambio de algo". Riopedre, que al igual que los otros cuatro acusados que hoy han prestado declaración sólo ha respondido a las preguntas de sus respectivas defensas, ha señalado ante el tribunal que juzga la causa que conoce a Muñiz desde 1984 y que mantiene con él una relación de amistad lo que le llevó a pedirle que ayudara a su hijo.

El exconsejero, para el que la Fiscalía pide diez años y medio de prisión y una multa de 400.000 euros, ha asegurado que le extrañan "enormemente" las supuestas irregularidades en el envío y la recepción de material en centros educativos después de que en los veintidós años que permaneció en la Consejería en distintos cargos nadie acudiera a quejarse pese a ser un sector "tan reivindicativo". "A mí me extraña mucho que eso haya sucedido así, algo ha tenido que pasar", ha advertido tras asumir la responsabilidad de las firmas en los distintos expedientes de contratación dado que también venían suscritas por el resto de responsables de la Consejería salvo en el caso de los contratos de menos de 30.050 euros que los tramitaba directamente la Secretaría General Técnica.

Además, ha incidido en que si las empresas Igrafo y Almacenes Pumarín conseguían la mayor parte de los contratos de suministros se debía al hecho de que tenían el mayor volumen de material homologado en los concursos que realizaba la Consejería de Hacienda.

Tras afirmar que no puede comprender cómo, según figura en el sumario, dos viajes que realizó a Barcelona -para asistir a un congreso- y a Canarias -un regalo de un grupo de amigos entre los que figuraba la también procesada María Jesús Otero, según ha apuntado- fueran sufragados por las empresas investigadas.

La empresa de su hijo

El interrogatorio de su abogado se ha centrado en la actuación de la empresa Geogal, fundada por su hijo en 2002 y que se dedicaba a hacer trabajos de geología geotecnia y geotermia, y que llevó a cabo estas labores en obras como las realizadas en el instituto de Infiesto "junto a otra empresa con la que se repartió los sondeos". Según Riopedre, dichos sondeos formaban parte de una iniciativa que buscaba implantar en centros educativos un sistema de calefacción por geotermia que les permitiera abaratar sus costes en esta materia después de que Hunosa pusiera en marcha en Mieres un sistema de este tipo en el campus universitario de Barredos.

"Es falso que Víctor Manuel (Muñiz), Otero y yo pactáramos algo directa o indirectamente para tratar el tema de Infiesto o cualquier otro", ha apuntado después de que en las grabaciones realizadas en la fase de instrucción se incluyese una conversación entre ambos en la que el exconsejero afirmaba: "hay que hacer pocos sondeos, pero bien pagaos".

De acuerdo con su testimonio, Geogal operaba fundamentalmente en Galicia y que en Asturias contactó con empresas como Nora -cuyo responsable también está procesado en esta causa-, pero que la mala evolución de la economía hizo que Riopedre se viera obligado a poner dinero para apoyar a la compañía creada por su hijo.

En dichas conversaciones Riopedre se refería también a una deuda de 17.000 euros de Geogal que fue abonada en el banco por los propietarios de Igrafo haciendo figurar que quien pagaba era una empresa de su hijo pero que tendrían que acompañarlo a la entidad "para que los ingrese y no se quede con ellos". En este sentido, ha apuntado que los "famosos" 17.000 euros corresponden a una parte de un crédito que solicitó en febrero de 2010 a una entidad bancaria con la intención de ayudar a la empresa de su hijo "previendo la crisis que se venía encima de la construcción".

Riopedre ha asegurado además que las aportaciones a la empresa de su hijo se "comieron" el plan de pensiones con que contaba y que su patrimonio sigue siendo el mismo que cuando lo detuvieron -una casa de 95 metros cuadros y unos terrenos de escaso valor en Piloña y su vivienda en Oviedo donde tiene arrendada un habitación-. "Cuando me detuvieron tenía 1.300 euros en el banco", ha señalado antes de afirmar que vive junto a su mujer de las pensiones que ambos perciben.

"Yo nunca estuve en una mesa de contratación como directora general. A nosotros nos correspondíaproponer soluciones, pero luego el equipo de la consejería decidía y el visto bueno lo daba el consejero", ha manifestado la acusada que ha respondido únicamente a las preguntas de su abogada, Ana Muñiz.

El fiscal pide para Otero once años y medio de prisión por prevaricación, fraude y exacciones fiscales, malversación de caudales públicos y cohecho, así como una multa que se corresponde con la cifra de dos millones y medio que habría recibido "como mínimo", según la investigación, de los gerentes de Igrafo y Almacenes Pumarín por amañar contratos.

Otero ha respondido únicamente a las preguntas de su abogada, Ana Muñiz, aunque ha tenido que escuchar las preguntas de Fiscalía y de acusaciones particulares que se han sucedido durante más de una hora y las diversas actuaciones fraudulentas que se le atribuyen.

«Se nos mandó facturar de otra forma»

Antés de Otero, el segundo de los acusados en declarar, tras la funcionaria Marta Renedo, ha sido el gerente de ASAC, Maximino Fernández, para el que el Fiscal pide cuatro años de cárcel al estar acusado de "cobrar irregularmente del Principado y pagar luego a Marta Renedo por trabajos no hechos".

Fernández, en respuesta a preguntas de la Fiscal ha indicado que conoció a Marta Renedo a través del entonces director general, José Carlos Madera. Ha indicado que desde las empresas "se ha tratado de hacer un favor al Principado de Asturias" y ha reconocido que se facturaron obras que no se realizaron y se pagaban otras por adelantado. "Se nos mandó que facturásemos de otra forma", ha dicho el acusado que ha indicado que en aquellos momentos aquello era "habitual".

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