El Comercio
El Caso Renedo

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Marta Renedo, antes de entrar a declarar. / DAMIÁN ARIENZA

Renedo: «Se generaban cantidades ingentes de facturas falsas, sobre todo en elecciones»

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  • Afirma que sus jefes Madera y Pérez Cueto le ordenaron «dar apariencia de legalidad a cosas que eran ilegales»

Tras dos sesiones de discreción, Marta Renedo recuperó sus característicos tacones, se ajustó el micrófono para ser la primera en declarar, y ahí ya encendió el ventilador. Primero atizó a su superior en la Consejería de Cultura, Carlos Madera, y a la propia abogada del Principado, a la que tuvo como secretaria general técnica. Luego arremetió contra el jefe que supuestamente la descubrió, Alberto Pérez Cueto. Al final sus denuncias se iban esparciendo por el Principado entero, ofreciendo una imagen de ilegalidades tan corrientes que en su versión terminó dando el gran salto: pasar de acusada a víctima.

Su letrado fue guiándole en ese viaje. «¿Es cierto que Alberto Pérez Cueto le propuso realizar una financiación ilegal y la rechazó», proponía él. «Sí, dijo que usáramos a la empresa Publidisa como a Igrafo y me negué. Mis problemas comenzaron allí», replicaba ella. La Administración ha presentado como amañados por la funcionaria contratos donde la firma de su superior figura fotocopiada, algo que ella dio por imposible. «Para hacer el pago, el funcionario de Intervención tiene que ver el contrato original o una copia compulsada», relató. «Como mínimo, para falsificar un documento así tendría que haberme puesto en concierto con otros ocho o nueve funcionarios».

«El Principado ha hecho desaparecer documentos, creo que los que presentó Cueto son falsos. No se si sabía lo que firmaba, pero desde luego que sí firmaba él los auténticos. Lo que quieren es eludir la responsabilidades de cara al Tribunal de Cuentas», abundaba. Por cierto que cuando fue destituida, dejó atrás un ordenador en el que días después los policías no encontraron información de utilidad. Ella aseguró que allí estaban los trabajos que su empresa, Implans Mounts, realizó para el departamento.

«¿Era usted la fontanera de Cueto y Ana Rosa Migoya?», sugería el letrado. «Bueno, a mí me pedían que intentara dar apariencia de legalidad a cosas ilegales, fraccionamientos de contratos, facturas falsas y encargos que no se podían pagar de otra forma».

La biblioteca de Ramón Pérez de Ayala, situada en el Fontán, sería ejemplo de ello. «De cara a las elecciones se quería modernizar, porque estaba muy deteriorada», recordó. La inversión necesaria para ello era de «cerca de 800.000 euros y a mitad de ejercicio no se podían abonar», explicó. Para inaugurar el centro el Día del Libro, «con la presencia del presidente Areces, la consejera Migoya y el director general», se retorció la legislación.

Belén de la Montaña

Unos trabajos se tramitaron como contratos menores, otros se abonaron a Igrafo empleando para ello retenciones de crédito hechas a principio del ejercicio para otros destinos. Esta es la razón que explicaría que la empresa pasara una factura de 198.003 euros como supuestos enseres entregados en el Centro Cultural de Belén de la Montaña, un equipamiento que no existe. La defensa de Igrafo mantiene que ese recibo en realidad se hizo para liquidar parte de la deuda por sus trabajos en la biblioteca de El Fontán.

«Se falsificaron las facturas para pagar lo realmente hecho», anotó. De ello tenían conocimiento «el director general, la secretaria general técnica, la consejera y su propio gabinete de prensa, que el día de la inauguración dio esa cifra de 800.000 euros como inversión».

«Yo no tengo competencia para hacer estas retenciones de crédito», defendió la funcionaria. «Ninguna jefatura de servicio tiene capacidad para decidir ese volumen de gasto sin que lo sepan el director general y la consejera», abundó.

Cooperadores necesarios

La funcionaria aseguró que en aquella época sufría de ludopatía, y que todo el trabajo que se exigía en la Administración venía marcado por el calendario electoral. Antes de los comicios «se aceleraban obra y luego había varias formas de pagar a las empresas». Según su versión, los proveedores habituales eran forzados a convertirse en cooperadores si querían seguir trabajando con el Principado. «Se las utilizaba para abonar facturas que no se podían pagar con el presupuesto, gastos de fuerza, a veces, ajenos a la Administración», insinuó.

Luego, «al llegar el nuevo equipo, se encontraba las facturas en los cajones y se pagaban, con la autorización del Consejo de Gobierno, argumentando que no se podía permitir el enriquecimiento ilícito de la Administración».

Otro de los vicios pasaba por agotar a final de año todo el presupuesto sin gastar. «Se hacía de forma indiscriminada, en todas las consejerías, se generaban cantidades ingentes de facturas falsas, sobre todo en elecciones», desarrolló.