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El Caso Renedo

Ernesto Iglesias: «Yo no he cobrado nada de nadie»

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Ernesto Iglesias, hoy, a su llegada a la Audiencia Provincial / Daniel Mora

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  • El hijo del exconsejero de Educación ha comparecido por su presunta vinculación en el 'caso Renedo', donde negó haber recibido dinero de Igrafo y APSA ni por trabajos no hechos. Lo hacía después del gerente de Nora Proyectos e Ingeniería, Antonio Azorín, quien le subcontrató en un obra de aprovechamiento de energía geotérmica en un centro educativo. En su declaración negó haber recibido presiones para trabajar con dicha sociedad

Ernesto Iglesias, hijo del exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre, ha protagonizado una de las comparecencias más esperadas esta tarde en el juicio del 'caso Renedo' y lo ha hecho negando haber cobrado «nada de nandie» en la trama ni haber cobrado tampoco por obras no realizadas.

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Iglesias González ha declarado hoy en calidad de responsable civil a título lucrativo en la cuarta jornada del proceso que se sigue contra su padre y contra otros doce acusados en esta causa, el mayor caso de corrupción investigado en Asturias.

En su declaración ha reconocido que mantenía relaciones de cooperación con la empresa Nora Proyectos e Ingeniería, cuyo responsable también se encuentra procesado, para la que había realizado varios trabajos tanto en Asturias como en Galicia.

En dicha comunidad autónoma, Iglesias adquirió a través de un crédito hipotecario de 150.000 euros a quince años una nave de 162 metros cuadrados cuya cuantía sigue devolviendo a razón de más de 900 euros mensuales y ha asegurado también haber sido él quien pagó las obras de reforma acometidas en dicha instalación.

De las conversaciones realizadas durante la investigación las acusaciones dedujeron que dicha obra podría haber sido pagada por el propietario de la compañía de papelería y mobiliario Igrafo a través de una empresa sin actividad aunque, según el declarante, abonó los más de 33.000 euros con un dinero que tenía ahorrado y gracias a un crédito personal que había solicitado su padre.

En relación con otra de las dos empresas que la Fiscalía considera implicadas en la trama de corrupción, Almacenes Pumarín, Iglesias González ha negado que, tal y como se deducía de las grabaciones, dicha empresa hubiera adquirido para Geogal una máquina para realizar sondeos por importe de más de 200.000 euros.

Según ha afirmado, su empresa nunca llegó a adquirir dicha maquinaria y se limitó a tenerla a prueba durante una temporada dado que no tenía suficientes fondos para realizar la compra.

Antonio Azorín negó haber recibido presiones

La declaración de Iglesias estuvo precedida de la Braulio Iglesias, arquitecto municipal de Avilés, y de la del gerente de Nora Proyectos e Ingeniería, Antonio Azorín, que subcontrató a la empresa del hijo exconsejero en un obra de aprovechamiento de energía geotérmica en un centro educativo, ha rechazado hoy haber recibido presiones para trabajar con dicha sociedad.

En su declaración ante el tribunal que juzgado el caso Renedo, la mayor causa de corrupción investigada en Asturias, el empresario, que sólo ha respondido a las preguntas de su abogado, ha negado que la Consejería o la empresa Igrafo, también investigada, le presionaran para subcontratar a la compañía Geogal.

"Es radicalmente falso y además absurdo. Eso no se lo puede creer nadie. Empecé a trabajar con Geogal antes de que Riopedre fuese consejero", ha subrayado tras recordar que para ese proyecto subcontrató a otra empresa a la que pagó un importe superior.

Azorín ha señalado que conoció a Ernesto Iglesias en torno a 2002 y desarrolló "cierta amistad" con él dado que, tras ofrecerle sus servicios, Geogal comenzó a ser proveedor de Nora sin que supiera hasta tiempo después su parentesco con el consejero de Educación.

A la empresa de Ernesto Iglesias, junto a otras, Nora las subcontrató para realizar las obras de geotermia en el instituto de Infiesto, un proyecto que inicialmente le fue encargado por una empresa constructora y del que después recibió el encargo directamente de la Consejería de Educación, ha afirmado.

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Víctor Muñiz, a su llegada al juzgado. / DANIEL MORA

Según Azorín, la responsable de obras de la Consejería de Educación le dijo que la obra urgía y, por tanto, empezó a trabajar sin ningún contrato con la administración a partir del presupuesto que le fue aceptado y sin acordar ninguna forma de pago.

Cuando las facturas se fueron "amontonando" su interlocutora en la Consejería advirtió de que se había agotado su capítulo de inversiones y que, por lo tanto, debía facturar el pago a cargo de la partida destinada a mantenimiento, por la misma cuantía pero haciendo figurar unos conceptos distintos a la obra realizada correspondientes al instituto de Infiesto y a otros dos centros.

"No me pareció ni irregular ni ilegal ni nada. Cuando la administración te dice que hagas unas cosas uno no cree que lo vayan a engañar, ¿cómo no lo voy a hacer?", ha apuntado antes de señalar que en otra ocasión la Consejería le planteó que, para acceder a otra obra, debía presentar su oferta "y otras dos".

Según Azorín, es "vox pópuli" que en la administración se necesitan tres ofertas para determinados contratos "por comodidad del técnico o por agilidad", un modelo de actuación que era "normal, como sabe cualquier persona que esté en la construcción".

"No sé de donde se puede sacar que Igrafo controla mi empresa. Decidimos mis socios y yo, Víctor Manuel (Muñiz) no tiene nada que ver", ha señalado sobre su relación con Igrafo con la que ha admitido haber trabajado como proveedor y como cliente a la vez que ha negado tener ninguna relación ni con el exconsejero ni con su directora general, María Jesús Otero, también acusada en la causa.

Azorín afronta tres años de cárcel a petición de dos de las acusaciones populares personadas en la causa por los presuntos delitos de falsificación de documentos, fraude y exacciones ilegales mientras que la Fiscalía no ha formulado cargos contra él.

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