La Junta rechaza por segunda vez la gestión de Riopedre en Educación

Habían pasado 1.935 días desde que la Policía detuviera a José Luis Iglesias Riopedre cuando ayer el parlamento asturiano dedicó 50 minutos a reprobarle su gestión al frente de la Consejería de Educación. Ya lo había hecho antes, en 2013, como colofón a una comisión de investigación sobre la presunta trama de corrupción del 'caso Renedo', pero todos los partidos salvo el socialista prefirieron reincidir. Fue mediante una moción que sirve para que la oposición le ponga nuevos deberes al Gobierno en lo tocante a la gestión de este escándalo.

El texto recuerda el reciente informe elaborado por el Principado y que cifra en cuatro millones el fraude detectado en la consejería en el año 2009 y mitad de 2010. Tomándolo como referencia, la cámara urge al Gobierno a no quedarse ahí y cuantificar «exactamente las desviaciones económicas» ocurridas en el departamento desde 2003, cuando Iglesias Riopedre asumió el mando de Educación. El informe se requiere antes de tres meses, pero tampoco bastará.

«Los empresarios de la trama dicen que lo que pasaba ahí es lo que ocurría en todo el Principado», recordó Daniel Ripa, por parte de Podemos, el partido que propuso la moción. Para aclarar la situación, la Junta General quiere que antes de seis meses la Administración regional haga una comprobación, en todo el sector público autonómica, para verificar si las obras y muebles pagados a APSA, Igrafo «y el resto de sus empresas pantallas» son reales o, como en el caso del informe ya realizado, no se encuentran en su lugar de destino.

«Convertir el error en mentira»

La batería de encargos incluye un punto polémico. La oposición pide «en el plazo de tres meses desde la publicación de la moción, un informe sobre los ocho millones de euros facturados por el Instituto Adolfo Posada a las empresas de la trama». El portavoz socialista Fernando Lastra recriminó la idea: «Están convirtiendo un error, ya explicado, en una mentira y alrededor de una mentira no se puede edificar nada sólido».

En efecto, antes de abrirse el juicio del 'caso Renedo', el Principado entregó a la Audiencia Provincial un documento que recogía las compras de muebles realizadas por toda la Administración regional entre los años 2006 y 2010. El listado atribuía al Adolfo Posada un gasto de 8,8 millones que era superior al presupuesto que tuvo aprobado en esos ejercicios. Para clarificar el asunto, el abogado que representa a Igrafo, Miguel Valdés-Hevia, solicitó la declaración como testigo de quien fue la jefa de formación del departamento, Soledad Saavedra, que a su vez es la esposa del expresidente Vicente Álvarez Areces. Horas después de que la Audiencia aprobase la citación de la testigo, el Principado reconoció que todo partió de un error, que en el documento entregado a los magistrados se atribuían muebles de unos departamentos a otros. Tras cotejar los números, resulta que la inversión real en muebles del Adolfo Posada no pasaba de los 249.313 euros, 35 veces menos de lo dicho.

Los propios promotores de la moción eludieron profundizar este punto durante el debate. Agustín Cuervas-Mons, del PP, prefirió evocar un pasaje del discurso de investidura del presidente regional, Javier Fernández, en el que prometía «coraje» ante la corrupción del compañero. «Me parecieron palabras brillantes», señaló el diputado popular, antes de afear que el primer informe que audita los daños que el 'caso Renedo' pudo causar a los colegios se entregara en febrero, «años después de conocerse el caso». Desde IU Concha Masa se concentró en criticar la resolución, por «larga y farragosa», además de «inquisitorial», a pesar de que luego la respaldó.

Luis Armando Fernández, diputado en Ciudadanos, lanzó «la pregunta del millón; aparte del juez Sorando y Renedo, ¿hay algún funcionario que haya sido apercibido por no hacer su trabajo? Si la respuesta es negativa tenemos un problema grave». En Foro, Pedro Leal estimó que la demora en presentar el informe de los colegios es «culpable, podemos tacharlo de dolo».