El Comercio
El Caso Renedo

Los testigos de Otero niegan haber recibido instrucciones sobre contratación o precios

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María Jesús Otero llega a la Audiencia esta mañana con su abogada. / ÁLEX PIÑA

  • Responsables de varios centros educativos hablan de APSA e Igrafo como suministradores habituales

Los testigos de la defensa de la ex directora general María Jesús Otero han prestado declaración este viernes en la sección tercera de la Audiencia, donde se celebra el juicio del denominado 'caso Renedo' y han negado que recibiesen instrucciones sobre contratación o precios por parte de la acusada.

El primer testigo en declarar ha sido el que fuera era director del instituto de Mieres, José Manuel Fernández Fernández, quien ha manifestado que nunca firmó albaranes por material no recibido y si recibía algo que no se había pedido siempre se devolvía. Además, Fernández ha confirmado la existencia de un almacén en el centro Batán de Mieres.

José Manuel Fernández ha explicado que todos los centros tienen un presupuesto propio para hacer algunos gastos de pequeña cuantía que no necesitaban permiso de la consejería. Así, a preguntas de la letrada de Otero, Ana María Muñiz, ha indicado como los comerciales de Igrafo y Almacenes Pumarín pasaban algunas veces pero no eran habituales del centro educativo ni los llamaba él.

Más tarde explicó que él, como director del centro, pedía lo que necesitaba a la consejería y después se presentaban en el centro los representantes de las empresas. Ha insistido además en que "si se le llevaba algo que no había pedido o no servía se devolvía".

Otra de las testigos de la defensa, la que fuera Jefa de Sección de Servicios Complementarios, María Luz García, ha explicado que era la Secretaría General Técnica quien tenía la última palabra en la contratación de los servicios de transporte y comedor y ha negado que María Jesús Otero le diese orden alguna "sobre la contratación, ni sobre precios ni sobre empresas".

Por su parte la directora del colegio Ramón de Campoamor, en Gijón, Ana María Blanco Menéndez, ha reiterado que existe autonomía por parte de los centros educativos para gastos de "unos 600 euros", a partir de ahí es necesario pedir tres presupuestos y se comunica a la consejería.

Respecto a las empresas a las que les solían comprar el material ha indicado que se opta por el presupuesto más barato. "Nuestro centro apenas trabajaba con Igrafo, trabajaba más con APSA", ha indicado la testigo, que ha resaltado la rapidez y diligencia con la que se llevaron a cabo las obras urgentes que requirió el centro educativo.

También ha prestado declaración el que fuera Jefe de Servicio de Formación Profesional de septiembre de 2011 a julio de 2012 y previamente director del Centro Integrado de Avilés, Luis María Palacio, que ha manifestado ante el tribunal que "nunca tuvo conocimiento de ningún tipo de incidencia en el suministro de material a los centros".

La última en declarar ha sido la funcionaria María del Mar Madera, que formaba parte del personal de Gabinete del exconsejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre. La testigo ha explicado que sus principales funciones pasaban por encargarse de las relaciones con instituciones y con los centros académicos y ha manifestado dentro de la consejería se adquirían objetos cuyo destino eran regalos institucionales dirigidos a centros educativos.

Así ha explicado que las facturas se derivaban a la Dirección General de Planificación en ocasiones y en otros casos al área que correspondiese. Ha negado en reiteradas ocasiones que entre esas compras se encontrasen ordenadores.

A preguntas de la letrada de Otero ha explicado que en la visita de los reyes para inaugurar el curso escolar en Avilés hubo una organización muy complicada porque entraban muchas administraciones y por tanto requirió de muchas reuniones, cuyas comidas y catering se cargaron a la Consejería de Educación.