Renedo: «No sé por qué lo hice, lo siento por la gente que voy a defraudar. Voy a dar la cara, confesar y devolver el dinero»

La Audiencia Provincial ha reproducido este miércoles más de 80 conversaciones telefónicas intervenidas a los implicados del 'caso Renedo' y que desvelan sus movimientos cuando no se sabían investigados. En la sala se ha escuchado, por ejemplo, cómo el 2 de julio de 2010 una responsable de Cajastur en Llanes llamó a María Jesús Otero para advertirle de que estaba siendo investigada por el Juzgado de Instrucción 2 de Gijón. La oficinista reconoce que "se supone que tú esto no puedes tenerlo" y, sin embargo, le aporta a su cliente todos los detalles del requerimiento judicial.

Este soplo sume a Otero en la intranquilidad e irá llamando a sus asesores para averiguar por qué la investiga la Brigada de Delitos Económicos, qué razón puede haber para que el asunto este en manos de un juzgado de Gijón, y por qué requieren copia de los movimientos en todas sus cuentas, desde el inicio. "Hacienda no puede ser, ya hice la declaración y me devolvieron el dinero", esboza. Con su asesor se plantean si puede estar relacionados con operaciones ocurridas en sus empresas hosteleras, "pero todo aquello está prescrito y más que prescrito, ¿no?".

Finalmente Otero ata cabos y esboza cuáles serán sus próximos pasos: "No quiero que por problemas anteriores el Principado tenga un baile. Hablo con José Luis, pido la jubilación y punto. No voy a estar esperando que llegue el escándalo público". Cuatro semanas después la directora general se jubilará de la consejería, el mismo día que también lo hace su jefe, José Luis Iglesias Riopedre.

El juzgado de instrucción abrió una causa contra la oficinista de Cajastur por presunto delito de revelación de secretos, que acabó siendo archivado.

Las cintas que se escuchan este miércoles en la Audiencia Provincial también han puesto de manifiesto que la colaboración entre la cúpula de Educación y Víctor Manuel Muñiz, de Igrafo, es tan estrecha que dejan poco espacio para la competencia. El 2 de junio, el empresario reconoce ante un trabajador: "Yo para cerrar el mes necesito una operación que me la dan el martes, a ver si María Jesús me da algo para levantar el tema y así vamos tirando, 300.000 euros a cuenta".

Las llamadas del consejero al empresario y viceversa son frecuentes, y se complementan para ir sacando adelante las operaciones. Un día después, Muñiz informa al consejero: "Ya organicé lo de los contratos nuevos, para que no superen los 399.000 euros antes de la subvención". Antes es Iglesias Riopedre el que le avisa de que está en Bruselas, visitando a la fábrica Smart; "¿tú eres el que los representa? Voy a ver si hacemos un convenio con ellos y metemos a Telefónica". Los favores son mutuos y trascienden lo profesional, como acredita la que el 2 de julio realiza Otero a Muñiz, para advertirle de que el consejero "está desatau, desmadrau, ¿Tenemos alguna forma de pagarle al hijo lo de los 200.000 euros?". El empresario señala que "siempre hay alguna forma", que ya había intentado quedar con el hijo del consejero para darle 17.000 euros que ingresar en el banco.

El intercambio de información privilegiada repercute directamente en la preparación de los concursos públicos. Las escuchas muestran como Otero supervisaba los procesos que requieren la presentación de tres presupuestos distintos y en los que concurría Muñiz; la directora general le llama para advertirle de que tiene que cambiar las dos que resultarán perdedoras porque se pasan del límite; son 18.000 euros más IVA que ahora es del 18%, entonces suman 21.000 y se pasan del límite permitido. Si cambias a Comercial por otra, mejor, indica la número 2 de Educación, apuntando así la necesidad de utilizar a otra mercantil para amañar el concurso, dado que a Comercial de Montajes, una de las sociedades fantasma de Muñiz, despierta ya sospechas de algún funcionario de departamento ajeno a estos manejos.

El propio consejero Iglesias Riopedre aparece al tanto de todas las operaciones. En una ocasión pregunta al empresario y amigo si un encargo se lo van a dar porque sí o cómo lo hacen, y Muñiz le relata que va a presentar a tres empresas controladas por él mismo. En otra es el empresario quien le indica que ya ha rectificado una serie de ofertas para no excederse de los limites del procedimiento, tal y como le había indicado Otero.

El consejero está encima de las gestiones del día a día pero donde se muestra especialmente insistente a la hora de agilizar todos los encargos relacionados con la energía geotérmica, esto es, los que luego se subcontrataban a su hijo. En una ocasión incluso el consejero parece actuar más como gerente de Geogal, la sociedad de su hijo, que como titular de Educación. Cuando puedas encarga el estudio previo de Grado, conmina a Muñiz. El empresario le indica que su hijo está fuera esos días, que igual hay que esperar, pero el consejero lo rechaza: No te preocupes, me avisas y ya digo yo al paisano de la máquina que vaya allí. En otras ocasiones, el consejero entremezcla las conversaciones sobre encargos de su departamento a Igrafo, con protestas sobre lo que los pagos que ésta le hace a su hijo; sucedió por ejemplo con la escucha ignorada por la policía, y que EL COMERCIO desveló el viernes. Hay un problema ahí, Antonio le ha dicho que le va a pagar 7.000 euros por sondeo más IVA, ostias, eso es poco para llevarlo allí, ¿vosotros qué cobráis? ¿28.000?. En otra conversación Iglesias Riopedre reconoce que gracias a subvenciones de la Consejería de Industria va a poder hacer ensayos de geotermia en más centros de los que inicialmente estaban previstos; hay que hacer pocos sondeos, pero bien pagados, solo te digo eso.

Muñiz es el perfecto socio para este tipo de arreglos, según se desprende de los pinchazos. En uno urge a uno de sus contactos a concretar una cifra porque el dinero que tengo en B tengo que moverlo de una manera discreta y rápida. A Marta Renedo, una vez destituida, se le ofrece a entregarle todo lo que tengo, seis millones de pesetas; te iba a proponer hacerte entregas todos los meses. Una vez Otero se sabe investigada, el pajarita procura darle una coartada e intenta convencer a uno de sus socios para preparar un contrato de compraventa de una vivienda de la directora general, para camuflar los pagos de los últimos años como parte de esa transacción, cosa que su socio rechaza porque eso nadie se lo cree; nosotros pagamos y ella va al trullo igual.

La sesión terminó regresando a los orígenes del caso, las primeras escuchas practicadas aMarta Renedo, justo cuando se la destituye y empieza a llamar a sus amigas. "Vas a oír cosas horribles de mí, tenía una empresa y facturé al Principado, a la dirección general (...) Lo siento por toda la gente que voy a defraudar, cometí un error horrible. (...) Es una gilipollez, ¿por qué lo hice? no lo sé, no lo sé, estoy muy mal". La funcionaria se mostraba afectada, llorando a sus próximos, motivo por el cual la fiscal del caso solicitó esta tarde que se interrumpieran las reproducciones de algunas cintas.

"Empezó todo como una serie de pagos, que no se podían hacer en Cultura, y luego fue una bola, cometí un error", explica a otros. Su ex superior, Carlos Madera, le llamará para dar su apoyo: "A tí todos te queremos, Pachi, la consejera, el personal, todos". Ella le responderá "no vais a tener ningún problema, y menos tú". A otros le asegura que reconocerá todo: "Lo que no voy a hacer es que si hay compañeros que han conformado estas facturas perjudicarles".

La aludida, sentada en el banquillo de los acusados, escuchaba sus conversaciones del pasado estática, con el rostro compungido, regresando a unos días en los que se disculpaba ante sus próximos y uno a uno les repetía: "Voy a dar la cara, confesar, devolverlo, no quiero perjudicar a nadie".

La reproducción de las escuchas del 'caso Renedo' avanzan la fase final del macroproceso, en el que han declarado más de un centenar de testigos que han llevado a la Fiscalía a confirmar sus sospechas inicialesy, según ha avanzado en conversaciones informales a los letrados de la defensa, a mantener su petición de prisión para seis de los acusados. Al exconsejero José Luis Iglesias Riopedre le pide 10 años y medio de cárcel por prevaricación y cohecho, uno más para su subordinada María Jesús Otero y otros diez para la funcionaria Marta Renedo. De imponerse sus tesis, a los socios de Igrafo y Almacenes Pumarín (APSA)les caerían nueve años a cada uno. Para el empresario informático Maximino Fernández serían cuatro. Las partes expondrán sus conclusiones el próximo día 18. A partir de ahí se elaborarán los informes.

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