Las defensas de Otero y los empresarios de Igrafo y APSA piden su libre absolución

A las puertas de la Audiencia Provincial, los letrados de María Jesús Otero y los empresarios Víctor Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez avanzaron que mantendrán la petición de absolución para sus clientes. La abogada de Otero, Ana Muñiz, defiende que no hay pruebas de que recibiera regalo alguno. A su entender, debe prevalecer el principio de 'in dubio pro reo', esto es, en caso de duda, la decisión debe ser favorable a la acusada. Muñiz reitera que los descuadres entre pedidos de la Consejería de Educación son el caos habitual del Principado. La letrada recordó como la representante del Principado hizo más de 100 preguntas a su clienta y apenas una veintena al exconsejero José Luis Iglesias Riopedre, diferencia que entiende evidencia que la Administración regional ha buscado una culpable de fuera del partido.

Por su parte Miguel Valdés-Hevia y Javier Díaz Dapena, representantes de los socios de Igrafo y APSA respectivamente, sostienen que sus clientes se limitaron a cumplir las instrucciones que les daba el Principado para cobrarse por los servicios y materiales que sí prestaron. En ocasiones, admiten, para facturar los muebles de un lado las consejerías de Educación o Cultura solicitan poner los recibos a nombre de otros centros.

Marta Renedo, como ya avanzó EL COMERCIO, admitirá parte de los hechos que se le imputan. Su letrado ha renunciado a a videoconferencia que estaba programada hoy con una mujer argentina a cuyo nombre había una cuenta abierta en Bankinter y otra en ING. Renedo reconoce que desvió dinero de esa libreta a su cuenta personal valiéndose de Oxiplans, una marca comercial que ideó.

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