El Comercio
El Caso Renedo
Marta Renedo, durante el juicio. Detrás, María Jesús Otero.
Marta Renedo, durante el juicio. Detrás, María Jesús Otero. / D. A.

Renedo admitirá parte de los delitos y Podemos pedirá 158 años de cárcel a 13 acusados

  • La Audiencia intentará interrogar hoy a una argentina que nunca estuvo en España y tenía cuentas a su nombre con fondos del Principado | Siga en directo a partir de las 13:45 una nueva sesión del 'caso Renedo'

Al sur de Buenos Aires, en un barrio de viviendas de colores y calzadas agrietadas, habita Pilar Fernández Álvarez, una jubilada a la que España dio un marido y un disgusto. En febrero de 2011, la mujer fue citada a una comisaría de la Policía Federal donde le pidieron explicaciones por las dos cuentas bancarias abiertas a su nombre en Asturias. Pilar contaba ese día 68 años y no salía de su asombro. Les explicó que tenía la nacionalidad española por su viudo, pero que nunca había pisado aquel país. Las libretas que le atribuían percibieron en seis años 249.617,9 euros desde el Principado e Igrafo, nombres que no le decían nada.

Los agentes la interrogan siguiendo un cuestionario remitido, vía Interpol, por la Brigada de Delitos Económicos de Gijón, que quería aclarar un dato sobre una supuesta trama de corrupción. Las respuestas son todas evasivas, asombradas incluso, pero apenas aportan nada hasta que se le plantea si alguno de sus hijos ha realizado algún trámite en su nombre que requiriese dar una copia del pasaporte. Según el acta de la declaración, ahí la mujer da un giro brusco a los acontecimientos y detalla que su hija, en febrero de 2002, sí hizo un papeleo: «Le entregó a Marta Renedo Avilés las fotocopias de mi pasaporte, las partidas de nacimiento de mi madre y abuelos, DNI español, cedula española y copia de defunción de mis abuelos».

Los agentes que estaban investigando el 'caso Renedo' verán así confirmadas sus sospechas. Pilar es para ellos el origen de la carrera delictiva de Marta Renedo, la primera identidad que habría suplantado para cobrar en 2002 una subvención destinada a ayudar a los emigrantes asturianos. Hoy, la Audiencia Provincial tratará de verificar la versión de esta argentina, mediante una videoconferencia que, de poder materializarse, supondrá la última declaración que se escuche en el juicio.

A continuación llegará la hora de las conclusiones, el momento en que acusados y acusadores expliquen cuál creen que sería una sentencia justa. La semana que viene y para terminar el juicio, los magistrados solicitarán a la fiscal y los abogados que expongan su relato de los hechos, la última bala para persuadir a los magistrados antes de que se pongan a redactar el auto.

José Carlos García Hernández, abogado defensor de Marta Renedo, aprovechará el trámite para mover ficha. Inicialmente pedía la absolución completa de su cliente, pero tal y como se ha desarrollado el juicio, considera más inteligente asumir parte de los hechos, y centrar la presión en refutar otros. Renedo reconocerá así que parte del dinero que su empresa, Implans Mounts, facturó al Principado, lo cobró indebidamente, por trabajos no realizados.

Asunción limitada

La funcionaria, no obstante, mantendrá que se le reprochan ilegalidades que de confirmarse las habrían realizado por orden de sus superiores. Esta es su explicación para los casi 200.000 euros que Igrafo ingresó presentando una factura de mobiliario del inexistente centro cultural de Belén de la Montaña, dinero que en realidad era para compensarle por los trabajos realizados para modernizar la biblioteca de El Fontán.

Entre las acusaciones también habrá movimientos. La fiscal del caso reajustará su relato de hechos, eximiendo al hijo del exconsejero José Luis Iglesias Riopedre de uno de los regalos que le atribuía, pero manteniendo su petición de cárcel para el propio Riopedre y otros cinco acusados. La Asociación de Amigos y Vecinos de Llanes (Avall), por su parte, tenía unas peticiones de prisión superiores, pero las aproximará al criterio del Ministerio Público.

Quien mantendrá todo el rigor inicial es Podemos, cuyo abogado, Alberto Suárez, proponía al comienzo del juicio una condena que suma 158 años y medio de privación de libertad para 13 acusados. En los tres meses y medio de declaraciones de peritos y testigos esta acusación popular no ha encontrado argumentos para rebajar su posición.