El Comercio
El Caso Renedo
Marta Renedo Avilés, llegando a la Audiencia.
Marta Renedo Avilés, llegando a la Audiencia. / PABLO LORENZANA

Los jueces que sentenciarán a Marta Renedo la eximen de un segundo fraude de 3,8 millones

  • El Principado denunció a la funcionaria y a un adjudicatario por una supuesta malversación. La Audiencia admite que hubo «irregularidades» pero sin gravedad penal

Dos de los tres magistrados que dictarán la sentencia del 'caso Renedo' archivaron en marzo una causa por supuesta malversación que tenía a Marta Renedo y a responsables de la división de informática de El Corte Inglés como investigados. Las diligencias las inició en mayo de 2012 el magistrado-juez Ángel Sorando, tras recibir una denuncia del servicio jurídico del Principado apuntando «dudas razonables» sobre dos contratos valorados en 3,77 millones.

Tras tomar declaración a los implicados y recabar informes periciales de los funcionarios del Principado, Simonet Quelle Coto, la sucesora de Sorando al frente del Juzgado de Instrucción 2 de Oviedo, decretó el sobreseimiento provisional el pasado mes de noviembre. El Principado recurrió la decisión, al entender que seguían existiendo indicios de posibles delitos de malversación de caudales públicos, estafa, fraude a la Administración, falsedad documental, violación de secretos o negociaciones prohibidas a los funcionarios.

La apelación recayó así en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, la misma que ahora ultima el juicio del 'caso Renedo'. En esta causa paralela, tras revisar los hallazgos recopilados, los magistrados determinaron que las investigaciones policiales «no fueron concluyentes». La Sala reconoce, no obstante, que tras casi cuatro años de instrucción «las dudas iniciales sobre la actuación administrativa persisten, no se ha podido aclarar si los caudales públicos se han gastado en lo que se tenían que gastar, si lo entregado respondía a la calidad y cantidad contratado y abonado y si el objeto del contrato era acorde con el presupuesto».

La Sección Tercera reconoce que «se han atisbado sospechas de una posible contratación 'ad hoc' y se han constatado irregularidades en la contratación, pero en tanto que no sean flagrantes y clamorosas, son ajenas a la esfera penal, debiendo encontrar solución a través del cauce administrativo oportuno». Este reconocimiento de irregularidades e invitación al Principado a depurarlas por otra vía lo firman los magistrados Ana Álvarez Rodríguez, Francisco Javier Rodríguez Santocildes, y Francisco Javier Rodríguez Luengos. Los dos primeros forman parte de la terna que, junto a Javier Domínguez Begega, dictará la sentencia del 'caso Renedo' en los próximos meses.

¿De qué trata este supuesto fraude que el Principado denunció sin darle publicidad? El primer contrato adjudicado al contratista debía darle 997.720 euros por la planificación análisis, diseño, construcción e implantación de una plataforma web de gestión documental. Renedo estuvo implicada en la contratación y gestión del encargo, siendo la que además dio el visto bueno a las facturas.

En su auto de archivo, Quelle Coto asume un informe que elaboraron los técnicos de la Consejería de Economía y Empleo, y confirma que en este primer trabajo «existen ciertas irregularidades, pero de ahí a la calificación de las mismas como un delito de malversación, existe 'un gran paso' cuya concurrencia no se ha acreditado». La magistrada recuerda que la malversación es un delito que exige la sustracción del dinero público, con facturas o informes falsos, pero «no sanciona la falta de idoneidad o inadecuada gestión de los caudales públicos». Depurar este tipo de males sería más bien una competencia del propio Principado o del Tribunal de Cuentas.

La malversación se cae

La instructora señala así que la plataforma web se realizó y «no existe en el caso ninguna prueba de esta distracción [de fondos públicos], por más que puedan resultar excesivos los gastos realizados con cargo al haber público y sin que se haya cumplidamente acreditado que la empresa adjudicataria no realizará los trabajos declarados como facturados».

El grueso del supuesto amaño se sospechaba en un segundo encargo, de 2,7 millones, que Informática El Corte Inglés se adjudicó en 2009 para la grabación, digitalización, y custodia de documentos administrativos del Principado. Renedo formó parte de una mesa de contratación que finalmente solo recibió dos ofertas: la que al final se llevó el encargo, y otra de Asac, que pese a ser más económica no presentó propuesta técnica o la misma no fue valorada.

El informe pericial elaborado el año pasado por la subdirección general de Nuevas Tecnologías de la Modernización del Principado concluyó que era «imposible emitir ninguna valoración sobre los costos relativos a las consultorías de los procesos de digitalización, mapas documentales o política documental». Quelle Coto averiguó que el precio de la encomienda «se determinó a tanto alzado sin que existan datos que permitan determinar cómo se cifró el tanto este y sin que haya sido posible determinar si el precio de licitación en su conjunto fue un precio de mercado o no».

En base al informe, la magistrada dice que «el contrato no cumplía con los fines de agilidad y racionalización de los circuitos administrativos, habiéndose suspendido el mismo finalmente por la falta de financiación de todo lo cual no se desprende indicios racionales de criminalidad».

¿Termina aquí este caso? Tras admitir la existencia de irregularidades, la Audiencia se cuida de dar por acabado el asunto. «El sobreseimiento es provisional, no le dota de efectos de cosa juzgada», advierte. Tras invitar al Principado a explorar otras vías distintas a la penal, los magistrados aclaran que están abiertos a considerar la reapertura de la investigación «si se contase con datos nuevos facilitados por su personal, de nuevos documentos hallados en sus dependencias, de nuevos informes elaborados por sus técnicos, etcétera».