El Comercio
El Caso Renedo

La Audiencia Provincial se da un mes más para sentenciar el 'caso Renedo'

El juez del caso, Francisco Javier Rodríguez Santocildes, en una conferencia.
El juez del caso, Francisco Javier Rodríguez Santocildes, en una conferencia. / Jesús Díaz
  • El magistrado que redacta el auto tiene permiso para dedicarse cuatro semanas en exclusiva

La sentencia del 'caso Renedo', sobre una presunta trama de corrupción en el Principado, se va a hacer esperar. A finales de año la Audiencia Provincial emitió una providencia indicando que trabajaba con la previsión de emitir el auto en la segunda quincena de marzo. Mañana sin embargo la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) tiene previsto aprobar un permiso especial para separar al magistrado que redacta el auto del resto de causas que por turno le podían tocar. El objetivo es "poder abordar este asunto y ponerle fin", explica Antonio Soto-Jove, el presidente de la Audiencia. La licencia que tiene el juez del caso, Francisco Javier Rodríguez Santocildes, sería por cuatro semanas. Aunque la sentencia está "muy avanzada", resulta poco probable que pueda dictarse "antes de Semana Santa", apunta.

Pendientes de la resolución de la Audiencia viven los trece acusados desde que el 29 de julio pasados se decretara el asunto "visto para sentencia". Cabe recordar que la investigación del 'caso Renedo' se inició en febrero de 2010, a raíz de la denuncia interpuesta ante el Cuerpo Superior de Policía por una ciudadana gijonesa. La instrucción estuvo dirigida primero por Ana López Pandiella, quien cedió el testigo a Ángel Sorando. El magistrado tardó algo más de dos años y medio en cerrar una investigación a la que puso punto final en noviembre de 2013.

Finalmente en el banquillo de los acusados se sentaron el exconsejero José Luis Iglesias Riopedre, su ex 'número 2' María Jesús Otero, y los dos empresarios que suministraban la mayoría de los encargos a Educación: Víctor Manuel Muñíz (dueño de Igrafo) y Alfonso Carlos Sánchez (de APSA). Junto a ellos estuvo Marta Renedo, la funcionaria cuyos manejos dieron inicio a la investigación policial, y Antonio Azorín, empresario que daba trabajo al hijo del exconsejero, entre otros.

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