«No hay democracia sin respeto a las normas»

De pie, Beatriz Vázquez, Javier Ballina, Pilar Pérez d'Ocón (los tres, jóvenes colegas que acompañaron a la invitada principal de las Conversaciones de EL COMERCIO), Paloma Berros, Mercedes Escobedo, Paz de Alvear, Diego Medrano, Alberto Piquero y Javier Gámez. Sentados, Pelayo Ortega, Lucía Falcón, José Luis Prado y Virginia Gil. En primer plano, la catedrática de Derecho Internacional, Paz Andrés Sáenz de Santamaría. Todos, en el Club de Tenis de Oviedo, lugar donde se celebró el encuentro.
De pie, Beatriz Vázquez, Javier Ballina, Pilar Pérez d'Ocón (los tres, jóvenes colegas que acompañaron a la invitada principal de las Conversaciones de EL COMERCIO), Paloma Berros, Mercedes Escobedo, Paz de Alvear, Diego Medrano, Alberto Piquero y Javier Gámez. Sentados, Pelayo Ortega, Lucía Falcón, José Luis Prado y Virginia Gil. En primer plano, la catedrática de Derecho Internacional, Paz Andrés Sáenz de Santamaría. Todos, en el Club de Tenis de Oviedo, lugar donde se celebró el encuentro. / FOTOS: MARIO ROJAS

La catedrática de Derecho Internacional advirtió que «un problema tan grave ha de resolverse con herramientas políticas» Paz Andrés Sáenz de Santamaría abordó la crisis catalana en las Conversaciones de EL COMERCIO

ALBERTO PIQUERO OVIEDO.

La omnipresencia informativa -por no decir omnívora- del llamado 'procés' secesionista catalán ha inclinado en esta ocasión las Conversaciones de EL COMERCIO por ese laberinto, máxime teniendo como protagonista de las mismas a la catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Oviedo y actual Defensora Universitaria, Paz Andrés Sáenz de Santa María (Oviedo, 1953). Y aunque el vértigo de los acontecimientos pudiera superar un encuentro que se produjo hace cuatro días, las provisiones intelectuales y jurídicas aportadas para arrojar luz por la invitada trascendieron los aspectos coyunturales de la cuestión, pues se atuvieron a la letra de las disposiciones internacionales en esta materia, que no varían de la noche a la mañana.

No obstante, antes de entrar directamente en el tema se abordaron aspectos biográficos de Paz Andrés Sáenz de Santamaría, tras preguntarle su opinión acerca de si el concepto de justicia podría ser una idea innata o adquirida. Explicó que en ese asunto «los expertos no se ponen de acuerdo», si bien experimentos recientes demuestran que «niños de tres años ya tienen un cierto sentido para premiar el bien» y recordó que algunos filósofos del Derecho defienden ese sentido innato.

En cuanto a su propia elección de la rama jurídica en el ingreso universitario, relató que «no existía un contexto familiar próximo para que me decidiera por esa opción. Mi padre era médico y mi madre fue perito mercantil hasta su matrimonio, pues por entonces las mujeres debían dejar el trabajo cuando se casaban. Lo que sí nos inculcó mi padre a mi hermana y a mí fue un sentido del deber muy grande. Yo habría estudiado Medicina, pero me lo desaconsejó por lo que suponía de tarea sacrificada, a la manera en la que él mismo la desempeñaba, de las ocho de la mañana a las doce de la noche».

Aunque después, de la mano de quien considera su maestro en la esfera del Derecho, Julio González Campos, aprendería que la dedicación exhaustiva puede hallarse en cualquier campo profesional responsablemente asumido. «González Campos era un modelo de profesor y de investigador. Poseía una enorme inteligencia, grandes conocimientos y una generosidad intelectual extraordinaria. Regalaba ideas. Además, tenía un profundo sentido institucional, por el que incluso le parecía un dispendio el que cambiáramos las viejas máquinas de escribir por las electrónicas. Entraba en la Facultad a la hora del calefactor (una vez le confundieron con el operario) y era el último que salía». Por ponerle un defecto, señaló que «fumaba demasiado, y una vez que le traje del aeropuerto de Ranón, armándome de valor, le prohibí que fumara en el coche». Anécdotas aparte, «tenía una concepción moderna del Derecho Internacional, que en la época se sostenía mayoritariamente sobre estudios teóricos, llevándolos al plano de la práctica». De hecho, la tesis de Paz Andrés fue 'El arbitraje internacional en la práctica española'. De él heredó «un método cartesiano, procedente de las tesis francesas y muy equilibrado».

Tampoco omitió que «colaboró en la primeras elecciones democráticas en la candidatura del PCE por hondas convicciones, ya que siendo un hombre austero e íntegro nunca tuvo aspiraciones personales».

Yendo de lo biográfico a la preocupación colectiva que hoy representa Cataluña, la catedrática de Derecho Internacional respondió a un primer interrogante, el que enfrenta legalidad y legitimidad, aclarándolo de forma sencilla. «La legalidad es lo que está previsto por la ley vigente en un momento dado. La legitimidad es de naturaleza moral, inmanente a una sociedad concreta. Según esto, las normas legales no siempre son legítimas y lo que se juzga como legítimo puede en un momento determinado no ser legal».

Metidos en el costal específico del presunto derecho a la autodeterminación catalana, hizo un preámbulo para indicar que «se está contando de manera interesada y falaz por parte de políticos como Oriol Junqueras, quien incluso ha dicho que es el primero de los Derechos Humanos. Se supone que el primero es el derecho a la vida».

Y aquí comenzó a desplegar artículos correspondientes, empezando por los establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y los Pactos de derechos humanos, de los cuales se desprende el derecho de autodeterminación externa e interna. El primero es «solo para los pueblos sometidos a dominación colonial, extranjera o racista». En cuanto al segundo, es el que se reconoce a todos los pueblos y consiste en el «derecho a la democracia, ejercido particularmente mediante las elecciones periódicas y el respeto a los Derechos Humanos y el Estado de derecho», los cuales están garantizados de modo evidente en Cataluña.

La invocación que se ha hecho a la independencia unilateral de Kosovo del lado de las instancias separatistas, tampoco hallaría acomodo:«La Corte Internacional de Justicia no se ha pronunciado sobre eso, y así lo dice expresamente en su dictamen, aparte de que Kosovo se ha demostrado un Estado fallido».

Dos apuntes más que ajusta el Derecho Internacional: «Salvo que previamente haya habido uso de la fuerza o crímenes internacionales, una declaración unilateral de independencia es un hecho que no está permitido ni prohibido (expresamente) por el Derecho Internacional»; a partir de ahí, cada Estado decide si reconoce o no al nuevo ente y para ello valorará, entre otras cosas, si su independencia ha respetado o no el derecho interno del Estado del que se separa. De otro lado, «la Ley de transitoriedad (suscrita por el gobierno de Cataluña) afirma la continuidad de los tratados internacionales, pero se olvida de que las otras partes en ellos pueden decidir que han cambiado las circunstancias y ponerles fin; en cuanto a la doble nacionalidad solo sería posible si España lo acepta».

Pero puede resultar todavía más aclaratoria la respuesta que la Comisión de Venecia envió al presidente Puigdemont, tras ser apelada por este: «Usted sabe sin duda que no solo el referéndum, sino cualquier cooperación con nuestra Comisión tiene que hacerse de acuerdo con las autoridades españolas». Subrayaba Paz Andrés: «Quiero destacar también que la Comisión de Venecia, cuyo nombre oficial es Comisión Europea para la democracia por el derecho, ha resaltado la necesidad de que cualquier referéndum se desarrolle en cumplimiento de la Constitución y la legislación aplicable», en la línea del presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, que ha proclamado que «cualquier acción contra la Constitución de un Estado miembro es una vulneración del marco legal de la Unión Europea».

En definitiva, «los referendos constitucionales y los de independencia exigen dos grandes bloques de requisitos: deben convocarse cuando el ordenamiento los prevé y observar las reglas y procedimientos establecidos en la Constitución o en la Ley, consiguiendo un amplio acuerdo entre fuerzas políticas, inclusive las de la oposición». Las constantes son «el respeto a la legalidad de cada Estado y el cumplimiento de unas garantías».

En términos sumarios, indicó que «la Doctrina Prodi, reiterada por Juncker (a quien se ha citado en las últimas fechas , después de estas Conversaciones, con ánimo de enredo), enumera, citándolos por su nombre, a todos los Estados a los que se aplican los Tratados. Por tanto, si un territorio ya no forma parte de ninguno de esos Estados, no se le aplican los Tratados. Y eso desmiente la Ley de Transitoriedad (del gobierno catalán), que afirma la continuidad del derecho de la UE». Es decir, en el hipotético caso de una segregación catalana, carecería de cobertura su permanencia en la Unión Europea.

Otro horizonte que contemplan los independentistas catalanes mira hacia los referendos de Quebec o Escocia. Y en ese sentido, la catedrática detalló que en el caso canadiense «una sentencia del Tribunal Supremo de Canadá exige tanto una pregunta diáfana en la consulta como que la aprobación esté respaldada por una amplia mayoría».

Confesó que por lo que respecta a Escocia, ha sentido «una cierta envidia del Gobierno británico, que favoreció un referéndum legal muy bien organizado, al tiempo que advertía a los escoceses acerca de las consecuencias que acarrearía su salida del Reino Unido, haciendo públicos informes convincentes», admitiendo que esa circunstancia no se ha dado en España, donde la reacción «debería haber sido mucho antes».

A la idea propagada por el sector separatista catalán de que votar es sinónimo de democracia. Paz Andrés Sáenz de Santamaría matizaba: «La democracia no se ejerce sin más, sino que debe respetar normas y procedimientos». Extendiéndose, recapacitaba: «Todo ha llegado muy lejos. La fractura en la sociedad catalana es muy grande. Borrell ha dicho que 'la percepción de la realidad se construye desde un discurso victimista (en la orilla independentista), y en esto han sido unos verdaderos maestros, han ganado la batalla de la opinión pública porque enfrente no han tenido a nadie que les llevara la contraria'. Por lo que alentaba el uso de la información y la contrapropaganda. Tiene razón. Si bien hay que hacer propuestas atractivas. Una de ellas, la reforma de la Constitución, pero también otras: no puedo entender que para conseguir la aprobación de los Presupuestos, el Gobierno haya pactado con el PNV, rebajando el cupo, devolviéndoles dinero y comprometiendo inversiones milmillonarias y en cambio en el caso de Cataluña no se haya hecho nada».

Con todo, desde el inicio de las Conversaciones mantuvo la impresión de que tanto el gobierno de España como los partidarios de la independencia se han envuelto en una especie de «fascinación por el Derecho: unos, para justificar sus pretensiones, y otros, como remedio eficaz para impedirlas», que no repara en que el problema es «fundamentalmente político».

«Ese fetichismo por el Derecho», desde su punto de vista, «no puede resolverlo todo. Un problema tan grave y de tanta magnitud ha de resolverse con herramientas políticas».

El peso de sus opiniones viene avalado por su condición de prestigiosa catedrática que tras sentirse atraída en su juventud por el Derecho a través «seguramente, de las series de televisión o las películas en las que había juicios y alegatos de abogados y fiscales», asimismo la atrapó la conciencia de que «también servía para defender a inocentes». Sucesivamente, ha ocupado la dirección del Centro de Documentación Europea de la Universidad de Oviedo, la Secretaria General de la Universidad y del Consejo Social. y es reconocida en los foros académicos como autoridad en el conocimiento del sistema jurídico de la Unión Europea.

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