El Gobierno impone auditores externos a la SGAE tras los escándalos económicos

Sede central de la SGAE, en la calle Fernando VI de Madrid. /  EFE
Sede central de la SGAE, en la calle Fernando VI de Madrid. / EFE

Abre el mercado español de los derechos de autor a los operadores privados y a las empresas de cualquier país

A. TORICES / J. L. GONZÁLEZ MADRID.

El Gobierno aprobó ayer un real decreto con una amplia batería de medidas destinadas a reforzar el control sobre las entidades que gestionan en España los derechos de autor y a convertir en más transparente su funcionamiento tanto de cara a la Administración como a sus propios socios.

Una de las medidas clave es la que obliga a las entidades que facturan más de 100 millones de euros al año, como es el caso de la polémica Sociedad General de Autores (SGAE), a crear un órgano de control interno, con auditores independientes y ajenos a la sociedad, que tendrá entre sus competencias controlar la ejecución del presupuesto y el reparto que los directivos hacen de la recaudación a los socios.

Las sociedades más pequeñas también tendrán la obligación de constituir este órgano interno de control, que tendrá que informar periódicamente a la asamblea de socios, pero, en su caso, los miembros podrán pertenecer a la organización. En el segundo supuesto, su función primordial será fiscalizar la labor de los órganos de gobierno y de representación de las entidades e informar a los socios.

La nueva norma simplifica el proceso para intervenir temporalmente una entidad

Se trata de la traslación a España de una directiva de la UE, pero el propio Ministerio de Cultura reconoce que ha hecho una regulación «más estricta» de la que le obligaba la Unión por las «dudas» sobre la transparencia y la gestión de los ingresos de los autores que ha generado «en los últimos tiempos» el funcionamiento de «algunas entidades», en lo que parece una clara referencia a los sucesivos escándalos de la SGAE.

Quien fuera presidente de la sociedad durante 16 años, Teddy Bautista, y otros exdirectivos y empresarios están a la espera de ser juzgados por la Audiencia Nacional por la presunta apropiación de unos 47 millones de euros de la sociedad y se enfrentarán a penas de entre siete y doce años de cárcel por diversos delitos. El año pasado saltó un nuevo escándalo, el de 'La rueda', otra presunta estafa millonaria desde dentro a los socios, especialmente a los autores musicales.

La nueva regulación del sector flexibiliza la posibilidad de acordar la intervención temporal por parte de las autoridades de una de estas entidades. Ya no será necesario, como hasta ahora, tener que realizar un procedimiento sancionador muy grave como paso previo a la intervención. Podrá hacerse desde el momento en que se haya realizado un apercibimiento previo a la retirada de la autorización administrativa necesaria para poder operar como entidad de gestión de derechos.

Operadores independientes

Las entidades, desde ahora, deberán comunicar al Ministerio de Cultura en el plazo máximo de un mes cualquier cambio que hagan en sus estatutos, «para evitar demoras».

El real decreto-ley fija el plazo máximo para que todas las entidades de este sector -alrededor de una decena en España- remitan al Ministerio para su aprobación la modificación de los estatutos que realicen sus asambleas generales para adaptarse a lo dispuesto en la norma. De forma general, tienen un año para hacerlo. Sin embargo, las entidades del tamaño de facturación de la SGAE tienen que adaptarse en un máximo de tres meses.

La otra pata del decreto es la ruptura de un mercado casi monopolístico, copado por entidades sin ánimo de lucro gestionadas por los propios creadores. La norma abre el mercado español a la competencia y autoriza a gestionar los derechos a empresas privadas de cualquier país. Hasta ahora solo podían operar entidades establecidas en España. Regula la figura del operador de gestión independiente, pero le somete a la supervisión de las administraciones. No obstante, mantiene la exclusiva para entidades establecidas en España en el caso de los derechos de gestión colectiva obligatoria, como la música de bares o discotecas.

La norma autoriza también licencias multiterritoriales para obras musicales, lo que permitirá a los proveedores de música en línea adquirir repertorios con licencia para varios o todos los estados de la UE.

Nuevo revés

No es este el único varapalo que se han llevado las grandes sociedades de gestión de derechos de autor españolas en esta semana. La sentencia del Tribunal Supremo que anula la Órden Ministerial que regula las tarifas que aplican estas entidades supone un nuevo revés al abrir la puerta a millonarias reclamaciones por parte de sus clientes, tal y como adelantó este periódico.

Tanto la SGAE como el Ministerio de Cultura defienden la vigencia de estas tarifas, una opinión que expertos en derechos de autor cuestionan. Diferentes abogados sostienen que las tarifas que se aplican actualmente y que emanaron de la Órden Ministerial suspendida carecen ahora de base legal para ser aplicadas. Esta falta de sustento sería argumento suficiente para defender su ilegalidad ante un tribunal, logrando así que se volvieran a aplicar las anteriores a 2015, momento en el que se aprobó la Órden Ministerial.

El presidente de la Asociación de Hostelería y Turismo de Asturias, José Luis Álvarez Almeida, se mostró satisfecho con la suspensión y afirmó que su sector «necesitaba» esta sentencia. Almeida criticó a la SGAE y reclamó al Gobierno que pusiera «coto a las praxis» de esta entidad, una medida que parece haber llegado ayer con el real decreto del Gobierno.

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