La izquierda busca un acuerdo con Foro hacia la oficialidad del asturiano que no fije los plazos

Andrés Fernández Vilanova (Podemos), Concha Masa (IU) y Elsa Pérez (PSOE), en la comisión. / H. ÁLVAREZ
Andrés Fernández Vilanova (Podemos), Concha Masa (IU) y Elsa Pérez (PSOE), en la comisión. / H. ÁLVAREZ

PP y Ciudadanos se oponen al 'modelu Xixón' que se quiere trasladar a la Junta General, en el que se reclama el cambio estatutario

MIGUEL ROJO GIJÓN.

Podemos e Izquierda Unida, que abanderan en el Parlamento asturiano la lucha por la oficialidad del asturiano -que Foro también contemplaba en su programa como un fin último «cuando se dé el consenso necesario»-, buscan incluir al partido que preside Cristina Coto en un acuerdo de mínimos junto al PSOE que les permita asegurarse la oficialidad la próxima legislatura. La FSA confía en que una mayoría parlamentaria conduzca a la declaración de cooficialidad «entre 2019 y 2023», como el día anterior garantizaba su secretario general, Adrián Barbón. Su intención es que se recoja explícitamente un compromiso por la oficialidad en el dictamen final de la Comisión de estudio sobre el régimen de protección y promoción del asturiano, que se reunía ayer con el borrador presentado por la presidencia -Concha Masa, de Izquierda Unida- sobre la mesa. Y para garantizar ese compromiso por parte del PSOE, la única vía sería retirar los plazos propuestos -que se hiciese esta misma legislatura-, algo que se acomodaría también al discurso de Foro.

Con la actual distribución de escaños, el texto que se acuerde el año que viene -los grupos tienen hasta el 19 de enero para realizar aportaciones- parece asegurar esa declaración de intenciones que los asturianos habrían de refrendar en las próximas elecciones y que cuenta con la oposición de Partido Popular y Ciudadanos, que rechazan abiertamente la cooficialidad de las dos lenguas en Asturias. Otro posible escollo vendría a la hora de ponerse las medallas, y podría llevar a desavenencias entre los grupos de la izquierda, puesto que ni unos ni otros quieren que el contrario se atribuya los méritos de ser el que consiguió la anhelada oficialidad. El PSOE, con el giro de Barbón, podría llevarse unos réditos que Podemos e IU llevan en su ADN, y alguna enmienda que criticase la tradicional oposición a la oficialidad del PSOE -que aún se mantiene en el actual Gobierno- podría dificultar el apoyo socialista.

Eso sí, tanto Gaspar Llamazares, que habló en asturiano en la comisión como portavoz de IU y recordó que el marco legal de la llingua «es un tema del estatuto, no de Cataluña ni de la Constitución», como Lucía Montejo, de Podemos, se mostraron abiertos a ser flexibles en los plazos si se dan pasos firmes hacia el objetivo final. Montejo habló incluso de lograr un dictamen «lo más consensuado posible», que es la misma fórmula que utiliza Foro para dar su apoyo a la oficialidad. Pedro Leal, portavoz de esta última formación, señaló que el 'modelu Xixón' -en referencia al acuerdo plenario alcanzado ayer entre Foro, Podemos, IU y PSOE, que no marca plazos pero pide la reforma estatutaria para introducir la oficialidad- «es el modelo de Foro» como partido regional. Y la diputada socialista Elsa Pérez, después de recordar que su marco de referencia es, por ahora, su programa electoral de las elecciones de 2015, que no recoge la oficialidad, adelantó que propondrán realizar cambios «en las cuestiones en las que no estamos de acuerdo», que se centran sobre todos en los mencionados plazos, que tendrían que esperar hasta la próxima legislatura.

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El PP no parece ni siquiera abrirse a una posición permisiva, como sucedió en el resto de comunidades autónomas que tienen una lengua propia, sino que se mostraron totalmente en contra de la oficialidad, que interesa a «una minoría minúscula» que, mantienen, se mueven en unos «círculos de influencia» que se verían favorecidos por la cooficialidad, al ser necesaria la contratación de más funcionarios públicos. Nicanor García, de Ciudadanos, también explicó su postura contraria, pues creen que «no hay una necesidad expresada por una mayoría», y propuso desarrollar la Ley de Uso, «que aún tiene posibilidades». También Ignacio Prendes criticó ayer que la FSA apoye ahora las «políticas nacionalistas» en apoyo de la oficialidad «que tantos problemas han traído en otros lugares». Así las cosas, parece complicado que PP y Ciudadanos puedan llegar a cualquier punto de encuentro con el resto de partidos.

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