Leopoldo Tolivar Alas: «La oficialidad por sí misma no va a solucionarlo todo»

Vicente Hoyos -que presentó el acto-, José Manuel Pérez, Nicolás Bartolomé Pérez y Leopoldo Tolivar Alas. /  ÁLEX PIÑA
Vicente Hoyos -que presentó el acto-, José Manuel Pérez, Nicolás Bartolomé Pérez y Leopoldo Tolivar Alas. / ÁLEX PIÑA

Los juristas participantes en la celebración de los veinte años de la Ley de Uso del Asturiano creen que la aplicación real de cualquier normativa es la que marca la diferencia

P. ANTÓN MARÍN ESTRADA OVIEDO.

«Veinte años no es nada», dice el tango, y esos son los que cumple este mes de marzo la 'Llei d'Usu del Bable/Asturiano'. Para conmemorarlo ayer la Consejería de Cultura reunió en el Salón de té del Teatro Campoamor a los juristas Leopoldo Tolivar Alas, José Manuel Pérez y Nicolás Bartolomé Pérez. Y a pesar del deseo expresado por el primero de ellos de que «en los cumpleaños debemos ser generosos», el debate planteado por la mesa de expertos acabó por restar protagonismo a la norma veinteañera para hablar sobre un tema de más actualidad, como es el de la cooficialidad. «No es otra cosa que la voluntad política de igualar a dos lenguas en el mismo estatus jurídico, simplemente», definió José Manuel Pérez.

El propio Tolivar, tras recordar la manera en que se acabó tramitando la ley de uso, en «un momento complicado y con un gobierno en minoría», y elogiar los aspectos positivos que contiene -como el reconocimiento del uso del asturiano ante la Administración «algo insólito que nunca se declaró inconstitucional»-, reconoció las limitaciones de esta en materias como la educativa, «donde la palabra mágica es oficialidad». El catedrático de la Universidad de Oviedo y colaborador de este periódico, matizó, no obstante, que este rango legal «tampoco va por sí mismo a solucionarlo todo» ya que en una Asturias donde un documento en asturiano tenga plena validez «deberá formarse a los funcionarios y que estos tengan ya conocimientos previos por haberlos recibido en la escuela». Respecto a unir lengua oficial a obligatoriedad, citó el caso de países como Italia, «donde no hay lenguas oficiales y es obligatoria su enseñanza». Esto es, más que oficialidad o ley de uso, lo que marca la diferencia para los juristas es la aplicación real de la normativa vigente, sea cual sea la elegida. Es por eso que, mantiene Tolivar, «en el diagnóstico estamos de acuerdo con los antiasturianistas: hay una pérdida de algo que es patrimonio nuestro, pero algunos tenemos la esperanza de que pueda haber una mínima recuperación. Es decir, discrepamos en el tratamiento».

El letrado del Tribunal Constitucional, José Manuel Pérez, defendió directamente la cooficialidad y sostuvo que la propia 'Llei d'Usu' contiene elementos de ese rango, como el ya citado derecho a dirigirse a la administración en lengua asturiana o los «topónimos oficiales, que ni el Gobierno que los aprobó cumple, lo que es surrealista», dijo. Respecto a los posibles modelos para el Principado se preguntó: «¿Por qué hay esa obsesión de que se va aplicar el modelo catalán?, habrá que buscar uno ajustado a nuestra situación», propuso. Mientras tanto invitó a los sectores políticos contrarios a que «si no están por la oficialidad, que apuesten por que se cumpla la actual Llei y se haga un pacto para ello, no judicializarla».

El abogado, Bartolomé Pérez, por su parte, manifestó que «es el momento de dar un avance, una oficialidad con perspectiva más amplia que la de Asturias, también española y en el contexto europeo» y apostó igualmente por un estatus específico: «No se trata de importar modelos porque nuestra situación es distinta y lo bueno es que no partimos de cero, hay ya mucho avanzado».

Entre el público, Xuan Xosé Sánchez Vicente, artífice de la 'Llei d'Usu', la definió como «un milagro» y rememoró que en su día «armó bastante 'xaréu'», al tener en contra tanto a dirigentes del PP como a miembros del asturianismo institucional.

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