La sentencia que anula las tarifas de derechos de autor desata una nueva batalla legal

Clientes de un bar miran la televisión. /  E. C.
Clientes de un bar miran la televisión. / E. C.

El Ministerio y la SGAE defienden su vigencia mientras abogados creen que «no hay cobertura legal para cobrarlas»

JOSÉ L. GONZÁLEZ GIJÓN.

La anulación por parte del Tribunal Supremo de la Orden Ministerial que regula la creación de las tarifas que cobran las sociedades de gestión de los derechos de autor ha desatado una nueva batalla legal. El Ministerio de Cultura y la SGAE coinciden en su interpretación de que la sentencia no afecta a las tarifas, ya que solo se anula la Orden Ministerial. «Las tarifas no están afectadas por la sentencia y, por tanto, siguen vigentes», señalan fuentes ministeriales. La interpretación del abogado experto en derechos de autor Gonzalo Botas difiere. «No hay cobertura legal para cobrar esas tarifas. La tarifa solo es válida si se ajusta a la Orden Ministerial y esta ha sido anulada», afirma Botas. Una opinión que comparte el abogado que llevó el proceso, Javier de la Cueva.

La nueva disputa judicial se centra en discernir si la anulación de la Orden Ministerial que regula la creación de las tarifas y que data de diciembre de 2015 implica también tumbar de hecho las propias tarifas. Para Gonzalo Botas, la cuestión es clara. «Con esta sentencia vas al juzgado, recurres y te van a dar la razón. Cualquiera que pleitee contra la tarifa va a ganar porque hay una falta de adecuación a la norma», señala.

El pleito que ha conducido a este fallo judicial se inició por una demanda de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, entidad representada por el abogado Javier de la Cueva, en la que planteaban once puntos para tumbar la Orden Ministerial. El primero de ellos, la falta de una «memoria de análisis de impacto normativo», fue suficiente para conseguir la anulación, por lo que el Supremo no analizó el resto de puntos, que discutían el fondo de la norma.

Otea estudia el contenido del fallo en coordinación con la federación estatal

El Ministerio de Cultura trabaja ya para «subsanar» los defectos que han llevado a tumbar la Orden Ministerial. Fuentes de este departamento sostienen que la sentencia será de aplicación cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado y que «las tarifas actuales siguen vigentes». Desde el Ministerio se estudia la nueva fórmula para regular la creación de tarifas, aunque insisten en que se trata de un plan a futuro «por si surgiera la necesidad de establecer nuevas tarifas».

Desde la SGAE señalan que la sentencia se apoya en «un defecto de forma» que «debe subsanar el Ministerio» y que el fallo no entra a analizar ningún otro contenido. «Nuestras tarifas se ajustan a los criterios legales, siguen plenamente vigentes y han sido aceptadas en multitud de convenios suscritos con asociaciones y federaciones de distintos sectores», señalan fuentes de la entidad. Sostienen además que las tarifas de fiestas de prao o conciertos fueron fijadas «con anterioridad» a 2015, por lo que aunque hubierna sido anuladas, «no es el caso», no estarían afectadas.

La Asociación de Hostelería y Turismo en Asturias, Otea, está «estudiando» el contenido de la sentencia para saber hasta qué punto afecta a sus asociados. Fuentes de la entidad señalaron que su equipo jurídico está en contacto con la Federación Española de Hostelería para coordinar la respuesta ante el fallo judicial.

Las posibilidades que se abren para los clientes de las sociedades de gestión de derechos de autor son dos: aceptar las tarifas tal y como están o acudir a los tribunales por considerar que estas cuantías no se ajustan a la legalidad. «Mientras la tarifa no se impugne, seguirá siendo válida. Pero se trata de una tarifa ilegal. Si se recurre, se ganará», señala el abogado Gonzalo Botas.

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