La vida en una Asturias con cooficialidad

La vida en una Asturias con cooficialidad

Les proponemos un viaje al futuro para ver cómo sería la región tras el cambio estatutario | Más presencia de la llingua en los medios públicos y una enseñanza generalizada en el sistema educativo, los principales cambios

PABLO ANTÓN MARÍN ESTRADA GIJÓN.

Hace años, en una entrevista con el filólogo occitano Alain Viault, de paso por Asturias, nos confesaba su perplejidad ante la carga emotiva y polémica que suscitaba en la opinión pública de nuestra comunidad el término 'oficialidá' referido a la lengua propia del Principado. En días pasados, con motivo de las conclusiones de la Comisión sobre el Asturiano del parlamento autonómico, tuvimos ocasión de nuevo para comprobar hasta qué punto la sola enunciación de la palabra provocaba reacciones de todo tipo en diferentes ámbitos de la vida política y social de la región.

Garantía para la supervivencia de un idioma amenazado para sus partidarios o caja de Pandora que suscitaría graves e innecesarios problemas de convivencia para sus detractores, lo cierto es que si observamos los efectos que ha tenido la cooficialidad (la norma constitucional excluye la posibilidad de una oficialidad monolingüe) en otras comunidades con lenguas propias, no parece que haya producido revoluciones ni en sentido positivo ni negativo. Han sido las distintas políticas lingüísticas emprendidas en cada autonomía las que han ido marcando el mayor o menor grado de influencia en la propia sociedad: desde la gradualidad, apertura y voluntariedad de Navarra respecto al eusquera o de la Comunidad Valenciana con su lengua vernácula hasta los modelos claramente inmersivos -y probablemente abusivos en ciertos casos- de Cataluña. ¿Cómo sería la cooficialidad asturiana?

Algunos datos de la III encuesta sociolingüística sobre el asturiano

62 %:
según la última encuesta sociolingüísticas, es el porcentaje de personas que dicen hablar asturiano: unas 620.000 personas en una región de 1.000.000 de habitantes. Tras los últimos años de educación reglada, hay hablantes muy jóvenes de asturiano normativo; también un amplio número de gente mayor que no es consciente de que lo habla y otros que mezclan asturiano y castellano, el llamado ‘amestáu’.
53 %:
son los que dicen estar, según la última encuesta sociológica publicada, totalmente a favor (40%) o parcialmente a favor de la oficialidad (13%). El 20% se declara indiferente y hay un 18% que dice estar totalmente en desacuerdo. Otro 7% se declara parcialmente en desacuerdo, lo que sumaría un 20% de personas contrarias a la declaración de la cooficialidad de la llingua asturiana.
91 %:
ese es el porcentaje de personas que dicen estar de acuerdo en que el asturiano esté presente en la escuela. De ellos, un 70%, una amplia mayoría, cree que debería ser una asignatura optativa. Un 21% cree que debería ser una asignatura más, dándole tanta importancia como al castellano. Y hay un 8% que dice que no debería estudiarse. El resto, un 1%, no están seguros de qué contestar.

Tal vez haya que esperar al hipotético día en que se trate el asunto en la Junta General del Principado para ver por dónde irán los tiros -metafóricos- de esa modificación legislativa, que de mantenerse el actual equilibrio parlamentario y una vez que el PSOE incluya en su programa para las próximas elecciones la oficialidad, podría llegar -así lo garantiza el secretario general de la FSA, Adrián Barbón, «entre 2019 y 2023». Mientras tanto, a los ciudadanos interesados solo les queda el ejercicio imaginativo de la política-ficción. ¿Cómo sería un día corriente en una Asturias con sus tres lenguas: español, asturiano y gallego-asturiano en rango cooficial?

El único apoyo real para ese ejercicio de la imaginación sería la actual Ley de Uso del Bable/Asturiano de marzo de 1998. Diversas opiniones, entre ellas las de su principal impulsor, el entonces diputado asturianista Xuan Xosé Sánchez Vicente, o filólogos como el profesor Ramón d'Andrés, es que el texto podría aplicarse como una suerte de cooficialidad en la práctica, aprovechando todas las posibilidades de desarrollo que ofrece. Así se podría entender en su articulado, cuando se dice que el primer objeto de la ley es «amparar el derecho de los ciudadanos a conocer y usar» el asturiano y establecer los medios para hacerlo efectivo (art.3.a) o en cuanto al uso administrativo, la validez «a todos los efectos» del uso de la llingua en las comunicaciones orales o escritas con la administración autonómica (art.4,2), un derecho que extiende a los ayuntamientos en su artículo 8. Se abre también la posibilidad de que se publiquen disposiciones oficiales en lengua asturiana y se propone la creación de un «órgano de traducción oficial».

¿En qué momento estamos?

Ley de uso.
Si se tomase al pie de la letra y se desarrollase en toda su amplitud, la presencia del asturiano podría llegar a niveles de comunidades con lenguas oficiales.
Aplicación.
En la práctica, buena parte de sus indicaciones no se tienen en cuenta y muchos hablantes del asturiano denuncian discriminación ante una falta de derechos en comparación con los hablantes del castellano.
Respaldo.
Según las últimas encuestas sociológicas, la simpatía por el asturiano ha crecido, y solo hay un 9% de personas que consideran que hablar en asturiano es «hablar mal». Un 70% de los encuestados creen que el asturiano debe ser una asignatura optativa en la escuela, y hasta un 40% dicen estar de acuerdo con la oficialidad.
Situación política.
Tras el último congreso de la FSA, en el que se acordó incluir la oficialidad en el programa electoral del PSOE para 2018, con IU, Podemos y Foro a favor, se podría dar una mayoría para sacar adelante la oficialiad. Partido Popular y Ciudadanos se oponen, al creer que no es una demanda generalizada.

Tomando solo como ejemplo estos artículos, podríamos especular que en una posible cooficialidad, sobre esta base se ampliaría el derecho al uso administrativo con el de ser contestados en la misma lengua por los órganos oficiales. Es decir, un ciudadano podría solicitar por escrito una autorización para plantar castaños en un monte de su propiedad en asturiano y la resolución se le comunicaría en la misma lengua. El órgano oficial de traducción contemplado en la Ley de Uso podría facilitar el trámite. La comunicación oral, en cambio, requeriría un conocimiento de la llingua por parte del funcionario o al menos que en ese servicio administrativo hubiese personal con esa capacitación lingüística. Una cooficialidad 'dura' como la catalana obligaría a lo primero y una 'blanda', como es en la práctica la del resto de comunidades con lenguas propias, apostaría por la segunda posibilidad.

El otro eje que podría indicar el grado de esa posible 'oficialidá' es el de la enseñanza. Aquí la Ley de Uso la garantiza «respetando la voluntariedad de su aprendizaje». Todas las leyes vigentes en España de cooficialidad establecen en cambio la obligatoriedad de, al menos, ofrecerla en todos los niveles educativos, con diferentes grados de exigencia: en la Comunidad Valenciana o en Navarra, donde existen territorios con mayoría de castellano-hablantes, se gradualiza teniendo en cuenta cada zona y se facilita, por ejemplo, que en las primeras etapas educativas se enseñe en la lengua primera del alumno. En el País Vasco el sistema es más complejo, con tres niveles: enseñanza vehicular en castellano con las asignaturas de lengua y literatura vascas en eusquera; enseñanza mixta con asignaturas en ambas lenguas; o íntegramente en eusquera con la asignatura de castellano. ¿Cuál sería el modelo en Asturias? Hasta ahora ni los asturianistas más radicales parecen plantearse una educación íntegramente en nuestra lengua, aunque sí la obligatoriedad de que su asignatura estuviese presente en todos los niveles educativos.

La experiencia implantada en este curso de usar el asturiano como idioma vehicular de otras asignaturas podría servir de referencia para el modelo de una posible cooficialidad, en cualquier caso, abierta a cualquier combinación en cuanto a la presencia de la llingua. ¿Sería obligatorio estudiar asturiano? La respuesta resulta obvia: sí, como el resto de las asignaturas consideradas obligatorias. En cuanto a los estudios universitarios, la principal -y hasta ahora única- reclamación de entidades como la Academia de la Llingua o los sindicatos de enseñanza es la de la Especialidad Docente en asturiano, una demanda que resolvería el rango oficial de la llingua, según la apreciación de estos sectores.

Otro eje indicativo sería el empleo del asturiano en los medios de comunicación públicos, sobre la cual la Ley de Uso sólo habla de «contribuir a su difusión» y velar por su «presencia adecuada» (art.13). En normativas como la valenciana se establece el derecho a ser informados en las dos lenguas y a usarlas en los medios «en igualdad de condiciones»; mientras la ley foral del eusquera en Navarra se asemeja a la normativa asturiana: «Velará por la presencia adecuada» en los medios públicos (art.27.2) y la promoverá, con el matiz de «en forma progresiva» al que añaden el «habitual» en cuanto al empleo (27.1). ¿Cómo sería la RTPA con cooficialidad? Si se siguen modelos como los citados, tal vez no muy distinta a la actual, con una ampliación en la parrilla de programas hacia ese uso «habitual» de los navarros, por ejemplo en espacios informativos o más generalizada en los de entretenimiento. Tal y como avanzaba esta semana este periódico, PSOE e IU han llegado a un principio de acuerdo en la negociación presupuestaria para formar en asturiano a la plantilla de la RTPA, con vistas a potenciar futuras emisiones en asturiano, sobre todo en informativos, así que podría decirse que tampoco habría mucha diferencia con la actualidad.

Y en la vida cotidiana, ¿cómo afectaría al uso en el ámbito laboral, en el de la empresa, el comercio, la hostelería, los servicios de transporte? Las normativas de otras lenguas (con la salvedad de Cataluña) procuran no ser invasivas en el ámbito de las empresas privadas y únicamente inciden en el caso de servicios públicos de transporte. Prefieren fomentar el uso de la lengua mediante ayudas económicas u otros incentivos. Es la opción ya contemplada en la Ley de Uso (art.14.2) y que siguen algunos ayuntamientos, como el de Gijón (a través de un convenio con la Unión de Comerciantes, por ejemplo): fomento y estímulo de la llingua en etiquetado, rotulación, publicidad o, en el caso de la hostelería, en la exposición de sus servicios: cartas de restaurantes, información en hoteles, etc. ¿Alguien podría alegar con una ley de cooficialidad en la mano ser discriminado en uno de esos ámbitos por razones lingüísticas? Le asistiría el derecho, aunque en tal caso seguramente sería más razonable apelar a la cortesía y al sentido común de todas las partes.

Recordamos que este es un ejercicio de política-ficción sobre algunos indicios basados en lo real. Un literato con más gracia y fantasía podría seguir el relato: Asturias, 2025; un gobierno de coalición gobierna el Principado y ha resuelto legislar la cooficialidad de asturiano y castellano. Será en ese momento, cuando haya presupuesto destinado a ello y siempre que se cumplan las leyes vigentes -algo que no parece que suceda ahora mismo-, podrían notarse realmente los cambios. Les hemos dado algunas pistas sobre lo que esto podría significar.

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