La ley ‘Anti Ultra’ que casi nadie aplica

Un club deportivo puede denunciar a un seguidor que acuda a sus instalaciones y participe de forma activa en actos violentos o que, simplemente, cante consignas vejatorias o intimidatorias. Y puede hacerlo no solo dentro de sus propias instalaciones. Si estos comportamientos se producen en los aledaños de sus estadios, los clubes pueden adoptar la misma actitud. Es más: deberían hacerlo. La Ley Contra el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte contempla como infracción muy grave el que el organizador de un espectáculo deportivo permita comportamientos violentos, racistas, xenófobos e intolerantes o que no cumpla con las medidas de seguridad adecuadas para garantizar que no se producen episodios violentos en los mismos espacios.

El texto legal que sanciona este tipo de comportamientos con multas de hasta 650.000 euros, cierres de estadios o la prohibición de acudir a espectáculos deportivos, no es una invención sacada de la manga tras la muerte de Francisco Javier Romero Taboada, el integrante de la peña Riazor Blues que falleció el domingo durante una reyerta con el grupo Frente Atlético en las inmediaciones del estadio Vicente Calderón, poco antes del comienzo del partido entre el Atlético de Madrid y el Deportivo de La Coruña. Esta ley está publicada en el BOE desde el año 2007 y los clubes disponen de ella desde entonces para acabar con un problema que lleva décadas lastrando el deporte en España.

El nacimiento de este texto hay que buscarlo en la segunda mitad de la década de los ochenta, cuando tragedias como la del estadio de Heysel, en la final de la Copa de Europa, donde murieron decenas de personas, conmocionaron al mundo. Era la época de los estadios con gradas sin asientos, de las vallas que limitaban el acceso al terreno de juego a los espectadores, de los fosos en los que se producían las montoneras que acabaron tantas veces con ahogamientos.

Pero también la época del nacimiento en España de un fenómeno importado de países como Italia: el movimiento ultra. David Madrid, pseudónimo de un policía nacional que pasó más de un año infiltrado en el grupo Ultra Sur, explica que la pertenencia a uno de estos colectivos tiene como objetivo socializar. ¿Qué buscan los chavales? Quieren descubrir un sentimiento de pertenencia del que carecen. El problema llega cuando esa socialización se completa. Cuando un chaval de quince o veinte años empieza a identificarse con el grupo, va al fútbol y empieza a hacer lo que hacen sus amigos ultras, podemos decir que ha pasado la línea. Por ejemplo, cuando roba la bufanda de un aficionado rival.

Robar a un seguidor de un equipo rival es solo una minucia comparado con las batallas, asesinatos y espectáculos denigrantes dentro incluso de los campos que han dado algunos de estos grupos desde su nacimiento. Pero, ¿cómo han conseguido sobrevivir, hacerse fuertes? David Madrid lo tiene claro. Se les dan facilidades. Locales dentro de los campos donde guardar pancartas pero tabién material de guerra, entradas gratuitas para acudir a diferentes estadios o viajes pagados, han sido prácticas habituales desde el nacimiento de estos grupos. Prácticas prohibidas por la ley de 2007 y que ahora niegan todos los clubes a pesar de que existen subterfugios que permiten seguir manteniéndolas.

Antes no hacía falta que los clubes se escondieran. Muchos fueron los presidentes de equipos, entrenadores y jugadores que han rendido pleitesía a los grupos ultras, en actitudes que se han prolongado hasta la actualidad. La creación en 1992 de la Comisión Contra la Violencia no supo cumplir con su objetivo de erradicar este problema del deporte. Aunque hubo un punto de inflexión: la muerte del aficionado de la Real Sociedad, Aitor Zabaleta, asesinado en 1998 a manos de integrantes del Frente Atlético, los mismos que este fin de semana agredieron a Francisco Javier Romero Taboada y le tiraron al río Manzanares aún con vida. Desde entonces, la Policía ha trabajado a pie de calle para desenmascarar a los cabecillas de estos grupos radicales, infiltrándose incluso entre ellos. Pero nunca se ha logrado sacarlos de los campos hasta que los clubes se han tomado en serio el problema.

Dos casos de éxito

El primer club grande en sacar a los ultras de su estadio fue el F. C. Barcelona. Joan Laporta, que llegó a la presidencia del club en 2003, prometió en su programa electoral tolerancia cero con los radicales, una frase que apuntaba directamente al grupo Boixos Nois. El presidente cumplió. Cerró los locales de los que disponían en el Camp Nou, cortó el grifo de la financiación vía entradas y viajes pagados, contrató nuevos a responsables de seguridad en el club y sacó a muchos de ellos del campo retirándoles sus abonos. Como contrapartida, Laporta cosechó amenazas para él y su familia o un boicot de los radicales, que protagonizaron altercados con palizas incluidas en el entorno del campo solo para presionar al club.

El ejemplo del F. C. Barcelona lo siguió Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, aunque esperó a su segundo mandato para intentar atajar este problema. Tras lustros de peleas e intimidaciones, el máximo responsable de este club aprovechó una guerra de poder dentro grupo radical para echar a esta peligrosa banda del estadio, prohibiendo la entrada o revocando los abonos de algunos y reubicando a otros. Se les sustituyó por una grada joven formada por personas sin antecedentes violentos. Antes de esta maniobra, que sucedió el pasado año, hubo que ver cómo leyendas del club, como Raúl González Blanco, o entrenadores con vitola de campeón, como José Mourinho, se despedían de este grupo a su salida del club, dando visibilidad a este colectivo por encima del conjunto de la afición.

Y es que la relación de los diferentes estamentos de los clubes, desde los gerentes hasta los jugadores, con estos grupos sigue plagada de servidumbres. Los colectivos ultras no se suelen definir por ser demasiado críticos con las directivas, a no ser que estas tomen decisiones que vayan en contra de sus intereses. De hecho, no son pocos los casos de grupos de radicales capaces de equilibrar en el campo un clima adverso de una afición contra su directiva. Un servicio que los presidentes han sabido pagar a lo largo de los años a pesar de que la ley les obliga, de forma expresa, a no hacerlo.

El texto de 2007 no solo les impone no facilitarles ningún tipo de cobertura técnica, económica o de cualquier otra índole. Además les obliga a tenerlos registrados en un libro que deben facilitar a las autoridades. Portavoces de la Comisión Antiviolencia manifestaron el lunes su intención de acabar con los grupos ultras en los estadios. Entre las medidas que proponen está la de elaborar un registro que incluya a estos colectivos, algo que suena a viejo más cuando la legislación vigente obliga a que los clubes tengan un listado de todas las peñas de su entorno, estén o no registradas como asociaciones. Las medidas que proponen ahora los diferentes estamentos implicados en erradicar la violencia en el deporte podrían haberse aplicados hace siete años. Para eso está la ley.