El Comercio

MUNDIAL 2002

Catar promete reformar la ley tras el nuevo informe sobre «trabajos forzados»

Vista aérea del Estadio Internacional Khalifa en Doha.
Vista aérea del Estadio Internacional Khalifa en Doha. / EFE
  • Amnistía Internacional hace un llamamiento a los grandes patrocinadores y envía una carta a Ángel Villar para presionar a la FIFA y exigir que se respeten los derechos humanos

El Gobierno de Catar prometió este jueves a reformar su legislación laboral después de que un nuevo informe de Amnistía Internacional (IA) haya denunciado la explotación de trabajadores inmigrantes en obras de construcción de al menos uno de los estadios del Mundial de 2022. «Estamos convencidos de que nuestros esfuerzos son un trabajo continuo y valoramos el esfuerzo tanto de Amnistía como de otras ONG que nos ayudan a ver los puntos que quedan por mejorar», aseguró el Ejecutivo catarí, horas después de que Amnistía Internacional alertase de nuevo sobre los «trabajos forzados» y abusos a los trabajadores empleados en las obras de la Copa del Mundo que se celebrará dentro de seis años.

Ya en mayo de 2014 Catar se comprometió mejorar la seguridad laboral, las viviendas y los sueldos de los empleados extranjeros, la mayoría procedentes del sureste asiático (Bangladesh, India y Nepal), pero Amnistía Internacional, a través del informe titulado ‘El lado oscuro del deporte rey: Explotación laboral en una sede del Mundial de Catar 2022’, critica con dureza a la FIFA por su «escandalosa indiferencia ante el pésimo trato de los trabajadores inmigrantes» y lamenta que «pese a ya han pasado cinco años de promesas», el máximo organismo futbolístico «ha fracasado casi completamente en evitar que se vaya a disputar un Mundial en un lugar en el que se han violado los derechos humanos».

AI ha hecho un llamamiento a los grandes patrocinadores del Mundial 2022, como Adidas, Coca-Cola y MacDonald´s, «para que ejerzan su influencia ante la FIFA con el objetivo de mejorar las condiciones de la población trabajadora migrante en Catar», al igual que envió una carta a la Federación Española de Fútbol (FEF), el pasado 19 de febrero, para que solicite al organismo que ahora preside Gianni Infantino «que se respeten los derechos de dichos trabajadores». Después de reunirse con 132 inmigrantes que trabajan en la construcción del Estadio Internacional Khalifa en Doha -sede también de los Mundiales de atletismo en 2019-, AI subraya que «los abusos contra los trabajadores migrantes son una mancha en la conciencia del fútbol mundial». «Para jugadores y aficionados, un estadio de una Copa del Mundo es un lugar para soñar, pero para algunos de los trabajadores que hablaron con nosotros puede llegar a ser una verdadera pesadilla», afirma Salil Shetty, secretario general de AI.

Más de un centenar de trabajadores migrantes que ayudan a construir dicho estadio «han sufrido abusos flagrantes y sistemáticos, incluido trabajos forzados», se asegura en el reciente informe de Amnistía Internacional publicado este jueves. Las empresas han engañado a los trabajadoes sobre sus sueldos, mientras que otros obreros no han cobrado durante meses y se han visto obligados a vivir en «campos sórdidos», según AI. Está previsto que el número de trabajadores involucrados en las obras de la Copa del Mundo de 2022 prácticamente se multiplique por 10, hasta unos 36.000, en los próximos dos años.

Amenazas por denunciar

Además de reclamar la presión de las grandes empresas, «la organización incluso ha instado a Ángel María Villar (presidente de la FEF y vicepresidente de la FIFA y de la UEFA) a que manifieste su apoyo para que la FIFA implemente medidas eficaces para permitir identificar, prevenir y mitigar posibles abusos contra los derechos humanos en relación con los Mundiales actuales y futuros eventos de la FIFA», según apunta Amnistía Internacional.

«Todos y cada uno de los jardineros y obreros de la construcción que hablaron con Amnistía Internacional denunciaron abusos de una u otra clase, entre ellos, denegación por parte de los empleadores del permiso de residencia o su renovación, algo que les deja expuestos a sufrir detención y expulsión como trabajadores ‘fugados’; confiscación del pasaporte y denegación de permisos de salida a los trabajadores por parte de los empleadores, para que no puedan salir del país; amenazas por denunciar sus condiciones; alojamiento precario y en condiciones de hacinamiento; obligación de pagar elevadas tasas (de 500 a 4.300 dólares estadounidenses) a contratistas en el país de origen para conseguir empleo en Catar; engaño en cuanto al salario o al tipo de trabajo ofertado (todos los hombres, excepto seis, ganaban un sueldo inferior al que se les había prometido a su llegada; algunos cobraban incluso la mitad); e impago del salario durante varios meses, lo que ocasiona dificultades económicas y problemas emocionales a unos trabajadores que ya soportan un fuerte endeudamiento», denuncia AI.