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Castillete de Mina La Camocha, cuyas instalaciones están en abandono .
La Camocha no fue la única

La Camocha no fue la única

Intervención General detectó irregularidades en las subvenciones pagadas a 47 empresas mineras

R. MUÑIZ / L. ÁLVAREZ

Domingo, 23 de noviembre 2014, 01:49

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El exconsejero de Industria Víctor Zapico y otros cuatro responsables de Mina La Camocha acaban de ser condenados a nueve años de prisión y la devolución de 16 millones por el fraude en las subvenciones cobradas entre los años 1998 al 2000. La severidad de la sentencia contrasta con lo ocurrido cuando la Intervención General de la Administración del Estado denunció irregularidades en las subvenciones abonadas a ésta y otras 46 explotaciones. Sus informes acreditaron un pago indebido de 494,4 millones. En lugar de exigir su devolución, el Consejo de Ministros que el 30 de enero de 2009 presidió José Luis Rodríguez Zapatero asumió los intereses del sector y tumbó los expedientes de reintegro. El acuerdo se adoptó en secreto y a él ha tenido acceso EL COMERCIO.

Los hechos se remontan al tercer plan de reestructuración de la minería, acordado para el periodo 1998-2005. Durante esta etapa el Estado pagó 4.967 millones en subvenciones al funcionamiento de las explotaciones y 423 más en ayudas empresariales. Aproximadamente la mitad del dinero acabó en Asturias.

La Inspección General de la Administración del Estado (IGAE), organismo encargado de realizar el control financiero del sector público, optó por incluir entre su programación un control de las ayudas abonadas en la primera fase del plan, esto es, entre los años 1998 y 2001. La investigación resultó ardua y se fue desarrollando entre 2004 y 2007. El interventor provincial de turno notificaba a cada empresa la inspección que se le iba a realizar, planteaba la documentación que requería, y solicitaba que dentro de las dependencias de la propia explotación se le cediera un espacio para ir revisando las facturas, cuentas y anotaciones.

Visitas a los yacimientos

Los interventores se presentaron en 47 explotaciones. Cuando llegaron a Mina La Camocha, el yacimiento ya vivía bajo otro lupa. En diciembre de 2001 la Guardia Civil detuvo a 14 de sus directivos y técnicos para que explicaran ante el Juzgado los indicios de delito a los que desde 1999 seguía el rastro la Fiscalía Anticorrupción. Esa investigación es la que desembocó este viernes en la condena por comprar carbón de importación a bajo precio para hacerlo pasar por el de extracción propia.

La labor de la Inspección General, en La Camocha y el resto de empresas, se centraba en cambio en verificar la contabilidad de las sociedades y comprobar si justificaba las ayudas recibidas. Los interventores acudían acompañados de inspectores de Hacienda, se entrevistaban con los gestores y pasaban varias semanas analizando los apuntes contables. La campaña de control financiero al sector concluyó en 2007, acreditando irregularidades de diversa gravedad.

«Exceso no justificado»

Los informes estimaron en 291,2 millones el «exceso no justificado» de subvenciones entregadas al objeto de cubrir los déficits de explotación. Estas ayudas no debían superar la diferencia entre los costes reales de extracción del mineral y los ingresos percibidos por su venta, sin embargo los técnicos tropezaron con gastos sobreponderados y cobros depreciados.

Tampoco encontraron justificación para otros 55,9 millones entregados en concepto de «ayudas destinadas a cubrir cargas excepcionales vinculadas a planes de modernización, reestructuración y racionalización de la actividad».

Hubo por último empresas que se negaron a facilitar la documentación que les requerían, una actitud ante la cual la Intervención propuso la recuperación de otros 147,3 millones más. En suma, los inspectores plantearon los correspondientes expedientes de reintegro por un total de 494,4 millones.

Los dictámenes fueron entregados al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo (IRMC), órgano que había entregado las ayudas y al que competía su devolución. El organismo sin embargo sólo dio su conformidad a tres de los 47 informes y planteó objeciones al resto.

Corría entonces diciembre de 2007 y correspondía al ministro de Industria, Joan Clos, resolver las discrepancias entre la Intervención y el IRMC. El catalán optó por un punto intermedio. De un lado dio por buenos 15 expedientes de reintegro por un valor que superaba los 121 millones, 69 de ellos a exigir a La Camocha. Por otra parte dejó en manos del Consejo de Ministros la última decisión sobre los otros 32 expedientes, que suponían otros 308 millones.

Los inspectores y Victorino

La presión se recrudeció a lo largo de 2008. Los técnicos de la Inspección exigían a sus superiores que defendieran al erario público y el rigor de sus informes. Victorino Alonso, presidente de la patronal minera, aseguraba por contra que la devolución acarrearía mil despidos y «la total liquidación del sector».

El 30 de enero de 2009, y a propuesta del entonces ministro Miguel Sebastián, el Gobierno en pleno aprobó anular los 32 expedientes de devolución sobre los que se le pedía valoración y ordenaba aplicar el perdón «a todos los procedimientos de reintegro indicados». La resolución reconoce que la Intervención aplicó «criterios contables razonables» pero que en la cuestión «deben tenerse en cuenta los factores sociales».

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