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ADOLFO LORENTE
Domingo, 23 de noviembre 2014, 01:49
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«Queda mucho por hacer sobre legislación en materia de impuestos. No puedo entender cómo la UE puede permanecer casi de brazos cruzados mientras tiene paraísos fiscales en su seno que son injustos y distorsionan el funcionamiento del mercado». El ataque a la línea de flotación del entramado institucional comunitario lo firma Joaquín Almunia, hasta el pasado 31 de octubre máximo responsable, precisamente, de Competencia, la cartera encargada de combatir los muchos agujeros fiscales existentes en una UE asemejada a un queso gruyère. Una realidad global con muchos nombres propios (elusión, optimización, planificación...) capaces de resumirse en una sola cifra: 1 billón de euros. Sí, con b. Una cantidad que supone todo el dinero que las arcas comunitarias dejan de ingresar cada año por unas prácticas siempre al filo de la legalidad y que difuminan hasta el extremo los límites entre la llamada elusión (legal) y la evasión (ilegal).
Ocurrió el 23 de septiembre en la Eurocámara, mes y medio antes del estallido del 'Luxleaks', el tsunami desatado en Luxemburgo que permite a cientos de multinacionales pagar impuestos ínfimos. Un escándalo que ha puesto contra las cuerdas al nuevo presidente de la Comisión, el luxemburgués Jean-Claude Juncker, y que puede suponer un punto y aparte en la idiosincrasia tributaria de la UE. La declaración parlamentaria pasó desapercibida, pero ahora se confirma que Almunia barruntaba qué se avecinaba.
La investigación periodística a nivel internacional publicada el pasado día 6 desveló que el pequeño Gran Ducado de Luxemburgo (medio millón de habitantes) tenía más de 500 acuerdos secretos suscritos con 340 multinacionales que les permitían beneficiarse de una tributación simbólica, que en algunos casos apenas era del 1% cuando el tipo del Impuesto de Sociedades está estipulado en el 29,2% (por cierto, es el octavo más alto de la Veintiocho). Entre las beneficiadas, Pepsi, Burberry, Amazon o Ikea. Por ahora, ninguna española.
El foco de la discordia se denomina 'tax rulings'. Se trata de trajes fiscales a medida que las haciendas nacionales diseñan para las multinacionales a cambio de que éstas accedan a tributar en sus arcas. Lo hacen en cantidades sensiblemente inferiores a las que deberían, pero el argumento del 'mejor algo que nada' o 'me lo quedo yo en lugar del vecino' domina una negociación discreta y, sobre todo, confidencial.
El gran problema es que son completamente legales siempre y cuando se respeten unas directrices mínimas. Tanto es así que el propio Juncker, una semana después de estallar el escándalo, compareció ante los medios para recordar que este tipo de pactos fiscales bilaterales están extendidos en 22 de los 28 países de la UE. Se quedó corto. Fuentes comunitarias desvelaron que la nómina final asciende a 25. Los tres países que carecen de 'tax rulings' son Eslovaquia, Croacia y Letonia, tres socios comunitarios que en términos macroeconómicos son casi irrelevantes para la UE. Entre los tres no suman ni el 20% del PIB nominal de España, quinta potencia de la UE.
¿Hacia la unión fiscal?
Estas mismas fuentes explican que existe un caso particular y llamativo que podría incluirse en los dos lados de la balanza. Se trata de Chipre, donde no existe una normativa 'ad hoc' sobre 'tax rulings' pero que sin embargo la «aplica en la práctica». Así lo hace también España, como confirman estos medios y admitió esta semana el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre. Estos acuerdos confidenciales suscritos entre la Agencia Tributaria y algunas multinacionales se denominan APA.
No obstante, el caso español no supone en Bruselas ni una mínima parte del quebradero de cabeza provocado por las prácticas de Luxemburgo. «Se ha respetado la legalidad internacional, pero quizá ha habido una exceso de ingeniería fiscal», admitió Juncker en el Parlamento Europeo. Pese al apoyo cerrado de los grandes partidos (PP y socialistas) su situación es delicada. De hecho, esta semana se someterá a una moción de censura que aunque no saldrá adelante sí le dejará bastante marcado.
El presidente de la Comisión, que además de haber sido primer ministro luxemburgués también fue titular de Finanzas y primer presidente del Eurogrupo entre 2005 y 2013, ha decidido dar un paso al frente e impulsar un giro de 180 grados en este tipo de políticas. Por un lado, propondrá al Consejo Europeo aprobar una normativa que obligue a los estados a publicitar los 'tax rulings' y a compartir de forma automática la información; y por el otro, retomará la iniciativa que lleva años paralizada por las capitales basada en aprobar unas bases de tributación comunes del Impuesto de Sociedades para evitar las prácticas de elusión. La fiscal es una de las pocas grandes competencias que todavía residen en los países, de ahí que las negociaciones se antojan más que complicadas. «Si llegó la unión bancaria, ¿por qué no la fiscal?», insisten en recalcar los más optimistas.
Pero lo cierto es que escuchando al nuevo primer ministro luxemburgués, Xavier Bettel, el escenario no parece nada claro. Además de negar de forma tajante que el Gran Ducado sea un «paraíso fiscal» y recordar que casi todos los países de la UE hacen lo propio, advirtió que «no vamos a avanzar hacia un alza de las tasas de imposición». «Un Estado siempre buscará ser fiscalmente el más atractivo. El debate actual es la transparencia, saber qué hace cada uno, y no acordar las mismas medidas fiscales para todos», recalcó. Y es que hablar de unión fiscal sigue siendo una utopía.
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