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DIANA DE MIGUEL
Sábado, 3 de enero 2015, 00:11
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UCE-Asturias llevará a la eléctrica EdP a los tribunales para defender el interés de alrededor de 200.000 familias asturianas a las que la compañía, según la versión de su presidente, Dacio Alonso, les ha cambiado de contrato sin su consentimiento expreso en los últimos cuatro años para pasarles al mercado libre. Un cambio, que según Alonso, les ha originado graves perjuicios. Entre ellos, la organización apunta a la pérdida del bono social y a los cortes de suministro. De acuerdo con los números que maneja la organización de consumidores, en 2013 y solo en el mercado regulado, la eléctrica cortó la luz a 50.000 familias «de forma fraudulenta». Desde la eléctrica negaron ayer las declaraciones de Alonso asegurando que «siempre han seguido los procedimientos legales para ofrecer a sus clientes la mejor oferta del mercado» y recuerdan que cualquiera podría regresar al mercado regulado «porque en sus contratos no existe ninguna cláusula de permanencia».
El fraude en la contratación por información insuficiente al interesado es una práctica muy extendida en el sector de la telefonía móvil, fija e internet y, ahora, según los consumidores, cada vez es más frecuente en los sectores eléctrico y gasista. Según Alonso, la UCE dispone de un gran número de grabaciones que ponen al descubierto las tácticas que viene utilizando la eléctrica hegemónica en el mercado asturiano para incrementar su cuota de clientes en el mercado libre, «superior al 80%», un alto porcentaje que, apunta Alonso, ha llamado la atención de la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), organismo ante el que UCE -Asturias también interpondrá la correspondiente queja. Las grabaciones reflejan, según el presidente de la UCE, cómo los comerciales ofertaban a los clientes descuentos de un 4% en los consumos eléctricos y del 50% en la contratación del servicio Funciona durante el primer año sin informarles en ningún momento de que la condición para acceder a dicha oferta era pasar al mercado libre.
Alonso pide a la administración regional, conocedora, dice, de los abusos en la alteración de contratos, «que no sea connivente» con dichas práctica y le pregunta al presidente regional, Javier Fernández, que cómo es posible «que el 90% de los usuarios no sepa qué modalidad de contrato tiene». Asímismo, le plantea la necesidad de que el suministro eléctrico solo se pueda cortar por orden judicial, algo que, dice, era posible antes de la liberalización del mercado eléctrico que, después de tres reformas, «solo ha mejorado la retribución de las eléctricas, pero sigue siendo un fracaso desde el punto de vista de los consumidores». Critica, por ejemplo, que EdP tenga pendiente de devolución a las familias a las que cambió de contrato sin su consentimiento expreso 6,6 millones por las cantidades cobradas de más durante el primer y segundo trimestre del año, unos 35 euros de media. Aprovechando el arranque del año electoral, el presidente de UCE-Asturias quiso lanzar también un guante a todos los partidos políticos para que incluyan como prioridad en sus programas electorales la «protección de los derechos del consumidor».
En los próximos días, la organización de consumidores pondrá en marcha una campaña, bajo el eslogan 'Con la luz las cosas claras', entre cuyas propuestas figuran la solicitud de la copia de contrato a HC-Energía, la reducción del IVA del 21 al 10% y la rebaja de la potencia contratada ya que, argumenta Alonso, bajar un kilovatio puede conllevar un ahorro de 60 euros al año.
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