«Puede que un día dé igual a quién votemos, gobernarán las grandes corporaciones»

La eurodiputada de Podemos Lola Sánchez Caldentey llegó ayer a Gijón con el único objetivo de explicar las posibles consecuencias que a su juicio acarrearía la firma del acuerdo Trasatlántico de Libre Comercio e Inversión (TTIP), que se está negociando entre Estados Unidos y la Unión Europea. Para ello, hizo referencia a los cuatro estudios de impacto encargados por la propia Comisión: «Los más optimistas -informó- cifran la pérdida de puestos de trabajo europeos en un millón», debido, en parte, al previsible aumento de las deslocalizaciones.

Sin embargo y a pesar de la contundencia de estos datos, hay algo que preocupa aún más a la formación. Se trata, según la europarlamentaria, de una previsible pérdida de soberanía, no solo por parte de los estados, sino de «cualquier administración pública, incluyendo comunidades autónomas y ayuntamientos». En este sentido, hizo referencia a una de las cláusulas que, hoy por hoy, incorpora el tratado, la ISDS, en virtud de la cual se establece un mecanismo de arbitraje para cuando existan diferencias entre las corporaciones y los estados. «Únicamente el planteamiento, la idea de igualar ambas partes, ya es un ataque al concepto de Estado», aseguró.

Más allá de la liberalización absoluta de los mercados, esto significa que «cuando una corporación o un grupo de inversores considere que la legislación de una determinada Administración -local, regional o estatal- le perjudica, tendrá la posibilidad de denunciarla ante un tribunal, que no es público». Y puso un ejemplo: «Una gran empresa podría denunciar al Estado por subir el salario mínimo en el país». El tribunal encargado de decidir, añadió, estará compuesto por tres árbitros que, vaticina Sánchez, «pertenecerán a las grandes compañías americanas y británicas de abogados»; el debate se realizará a puerta cerrada, «atendiendo a un derecho privado sin ningún tipo de legitimidad pública», y si tras el «costosísimo» proceso de arbitraje el tribunal da la razón a la corporación demandante «el Estado tendrá que indemnizarla con dinero público».

Sánchez cree que la ISDS -que ya se aplica en multitud de acuerdos bilaterales de comercio- deja a las administraciones públicas únicamente dos opciones: «Si quieren seguir legislando libremente atendiendo a las necesidades de los ciudadanos tendrán que pagar una multa y, si no, tendrán que abstenerse de legislar para no endeudarse aún más».

Esa es la razón por la que Podemos considera esta cláusula el elemento más «peligroso» del acuerdo de libre comercio que se está negociando. Porque «puede llegar el día en el que dé igual a quien votemos, nos gobernarán las grandes corporaciones y los fondos de inversión, no los representantes políticos electos».

Por otra parte, Sánchez hizo alusión a los diferentes niveles de protección de las normativas estadounidenses y europeas. En la UE «se tiene más cuidado con los derechos laborales, los del consumidor, el medio ambiente... Y el acuerdo pretende igualarnos, por abajo».

Del 2 al 6 de febrero tendrá lugar en Bruselas la octava ronda de negociación. Será poco después de que esta semana se conociesen los resultados de las consultas públicas elaboradas por la Comisión Europea a través de internet. Un 97% de los ciudadanos preguntados se oponen a la cláusula ISDS y más del 70%, a la totalidad del tratado. «Lo que nos tememos es que ahora intenten descafeinar la cláusula para que no parezca tan agresiva, pero la postura de Podemos es de rechazo total a cualquier norma que implique que una corporación pueda demandar a un Estado por legislar», concluyó.

Junto a la eurodiputada, participaron en el encuentro Eva Fernández, miembro de la plataforma asturiana 'No a los tratados de libre comercio', y Lennart Kosh, profesor de Filología de la Universidad de Oviedo.