«La prevención penal ayudará a los empresarios a dormir más tranquilos»

La última reforma del Código Penal que entró en vigor el pasado mes de julio afecta, y mucho, a la actividad de las empresas, las grandes, pero también las pequeñas al obligarles a responder penalmente de un amplio elenco de delitos. Desde los cometidos contra el medio ambiente, hasta los urbanísticos, pasando por la corrupción, el fraude o la estafa informática. Un cambio normativo con el que las empresas deberán vigilar a conciencia su funcionamiento y, con él, el comportamiento de sus directivos. Pero, también, poner en marcha férreos sistemas de prevención de delitos para evitar la posible imputación de una compañía en la que uno de sus empleados haya cometido un delito. El tema, de candente actualidad , se abordará la próxima semana en Gijón en el marco de unas jornadas organizadas por el despacho que dirige Viliulfo Díaz y la Cámara de Comercio de Gijón y en las que participarán destacados profesionales del despacho y del mundo del derecho y la judicatura.

-¿Qué ha supuesto para las empresas la entrada en vigor de esta reforma?

-Esta reforma exige que para evitar la responsabilidad penal se acredite que una empresa, una persona jurídica, ha adoptado un modelo de organización y de gestión eficaz para prevenir ilícitos que se extiendan a casi toda la actividad del negocio. Se trata de nuevos requisitos legales que se asemejan a otros ya existentes en áreas como los riesgos laborales, el blanqueo de capitales o la protección de datos personales.

-¿Han entendido las empresas los cambios?

-Aún no tenemos el grado de desarrollo necesario para conocer en profundidad los cambios. Hace falta que los directivos, los administradores, los gerentes de las grandes empresas y de las pequeñas y, también, los empleados y proveedores conozcan la reforma para abordar la difícil problemática de estos nuevos delitos y las sanciones que se imponen.

-¿Era necesaria esta reforma?

-Totalmente. No soy partidario de normativizar todo porque eso nos obligaría a estar con un abogado al lado todo el día. Pero España no ha sido ajena a los problemas relacionados con los delitos económicos y la corrupción en los negocios. Era necesario llevar a cabo una mejora técnica en la regulación de la responsabilidad penal de las empresas para poner fin a las dudas interpretativas que había planteado la anterior regulación. La prevención general y la prevención especial las tiene que cumplir el derecho penal para que, por miedo al castigo, nos abstengamos de cometer delitos. En todas las sociedades es necesario.

-¿Cómo está reconocida en el resto de Europa la responsabilidad penal de las empresas?

-Al margen de Gran Bretaña y Holanda, en el resto de países el reconocimiento de la responsabilidad penal de las empresas es relativamente reciente y se encuentra en progresión, en contraste con la controversia existente sobre el problema en Estados Unidos, donde dicha responsabilidad se depura criminalmente desde hace más de un siglo. Francia introdujo una regulación en 1994; Dinamarca en 1996; Bélgica en 1999; Polonia y Suiza en 2003; Austria en 2005; Rumanía en 2006; Portugal en 2007; Luxemburgo en 2010 y la República Checa en 2012.

-Aunque todavía es pronto, ¿se aprecia ya alguna laguna legal en la reforma?

-Todas las reformas penales que se han hecho -esta debe ser la 30-, han tenido un elemento común que es el agravamiento de las penas y la creación de nuevos delitos. No hace falta ser un visionario para pronosticas que tendrá que haber muchas más reformas. Solo el tiempo dirá si se ha legislado como se debía.

-La reforma obliga a las empresas a elaborar férreos programas de control para prevenir delitos. ¿Lo están haciendo?

-Están empezando a ponerse al día. Todavía les falta mucha información.

Nuevas exigencias

-¿Qué tipo de empresas diría que son las que están más preocupadas por la puesta en marcha de estos programas?

-El problema puede afectar a todas: grandes, medianas, pequeñas e, incluso, a los autónomos. El Código Penal precisa ahora mucho más los requisitos y exige que una empresa, cualquiera que sea su tamaño, cuente con un sistema de prevención de delitos eficaz y adecuado a sus características que pueda eximir o atenuar la posible responsabilidad penal de esa persona jurídica. En definitiva, obliga a hacer prevención penal y eso ayudará a que los empresarios puedan dormir un poco más tranquilos.

-Pero no todas las empresas serán igual de vulnerables.

-Eso es cierto. Las más vulnerables son las que ni están organizadas, ni tienen el sistema de gestión para la prevención de estos delitos. También, las que no tienen bien controlados los accidentes de trabajo, los delitos societarios de insolvencias punibles de administración desleal o los delitos contra la hacienda pública.

-¿Y dónde están los mayores riesgos para directivos y administradores?

-En cualquier relación de negocio puede haber riesgo porque contactas con mucha gente. Hay áreas que ya estaban más o menos legisladas en temas como los riesgos laborales, el blanqueo de capitales, la protección de datos personales... La diferencia es que ahora se hace responsable a la empresa, que puede verse abocada al cierre, con las graves consecuencias que esto tendría para sus empleados

-La elaboración de estos planes tendrá un coste, temporal y económico. Habrá compañías que no puedan afrontarlo.

-Es mejor prevenir que curar. La cura sería mucho más difícil, no solo para el empresario. También, para la propia sociedad. De ahí que se legisle tanto sobre estos temas