El pago a proveedores en el sector privado excede en 25 días el límite legal

Las empresas tardaron en pagar a los proveedores de media 85 días en 2015, lo que supone exceder en 25 días el límite legal de 60 días. Así lo denunció la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) en el informe presentado hoy en el que vuelve a insistir en la necesidad de imponer un régimen sancionador para las compañías que incumplan el periodo máximo fijado en la ley. En cualquier caso, el dato del año pasado supone una reducción de cuatro días respecto a 2014, es decir, un 4,5%. Sin embargo, la Plataforma ha insistido en que no obstante es una disminución mucho más moderada si se compara con el 8,5% registrado en el sector público, que pasó de los 82 a los 75 días (el límite es 30 días).

El estudio destaca que es el segundo año consecutivo que el promedio de pagos es inferior en el sector público que en el privado. Debemos valorar las políticas implementadas en el ámbito público de forma positiva, ya que mejoran sistemáticamente, ha recordado el presidente de la PMcM, Antoni Cañete. De hecho, el promedio ha pasado de suponer unos desorbitados 162 días en 2011 a los actuales 75.

Por otra parte, el informe también denuncia que el 72 de los proveedores tienen un contrato en el que aceptan un plazo de pago superior a los 60 días legales. Una circunstancia que se produce, según Cañete, porque las grandes compañías abusan de su posición de poder frente a las pymes. Además, en caso de que se produzcan impagos el 83% de los proveedores nunca o casi nunca exigen a sus clientes morosos los intereses de demora y el 94% tampoco reclama la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago.

En cuanto a los casos de impago (porcentaje respecto al total de facturación) se sitúa en el 4,4%. Esto supone una mejora respecto al 5,7% del año anterior, aunque todavía es superior al 3% que existe en la media comunitaria. Los impagos es el elemento que hace cerrar empresas y perder empleo, ha explicado Cañete para reflejar la importancia de disminuir este porcentaje todavía más.

3.000 millones en intereses de demora

Por otra parte, la Plataforma ha informado de que la UE podría obligar en breve a las administraciones públicas españolas a abonar los intereses de demora a los proveedores que renunciaron a ellos al acogerse al Plan de Pago a Proveedores puesto en marcha por el Gobierno. En concreto, este mecaniso de financiación incluía en su artículo 9,2 que quienes se acogiesen a él para cobrar las facturas atrasadas, al mismo tiempo, renunciaban a los intereses de demora. Sin embargo, Cañete ha recordado que esto es ilegal porque la directiva europea considera cláusula abusiva obligar a renunciar a este cobro.

Ahora un juzgado de Murcia que tramita una demanda de un proveedor por esta circunstancia ha elevado la consulta a Bruselas, que deberá responder probablemente en mayo a la cuestión. En caso de considerar que este artículo del Plan de Pago a Proveedores es contrario a la legislación europea supondría un auténtico varapalo para la administración. Según la Plataforma podría suponer el desembolso de 3.000 millones de euros.

En cualquier caso, para poder optar al cobro de estos intereses es necesario haberlos reclamado antes de que prescriban. Una circunstancia que ocurre a los cuatro años. Teniendo en cuenta que el Plan de Pago a Proveedores comenzó en abril-mayo de 2012, el plazo para solicitar los primeros intereses de demora concluye en uno o dos meses. Para facilitar el trabajo la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad ha puesto a disposición de cualquier afectado en su web un formulario de reclamación que supone paralizar la prescripción.