El PSOE ve más cerca la puesta en funcionamiento de la regasificadora

«La regasificadora de Gijón es un elemento básico». Los socialistas no han variado ni un ápice de su discurso en lo que a la importancia de esta infraestructura se refiere y, ahora, la regularización de otra planta similar en La Coruña abre una puerta para su entrada en funcionamiento, a pesar de la sentencia del Tribunal Supremo que declara ilegal su construcción.

El fallo dictado en 2013 por el Alto Tribunal se refiere a que los trámites para la licencia otorgada a Enagás en 2008 por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio se iniciaron cuando estaba en vigor la limitación que establecía que estas instalaciones no se podían ubicar a menos de 2.000 metros de núcleos de población. «La anulación judicial temporal fue porque había una ley que exigía una distancia, pero posteriormente ese tema se corrigió», explicaba ayer el cabeza de lista socialista al Senado Vicente Álvarez Areces. Fue más allá y aseguró que «hoy está en plena legalidad el poder retramitar la regasificadora». Algo que considera capital, al tratarse de «un instrumento de futuro para nuestro país y, específicamente, para Asturias».

La regasificadora de Gijón, llamada a ser la séptima de la red nacional española, fue autorizada en 2009, cuando Rusia cerró la llave a Ucrania por la deuda adquirida con la pública Gazprom y esto provocó cortes de suministro en varios países europeos. Pero el desplome de la economía y del consumo interno hizo que, una vez construida, el Ejecutivo de Mariano Rajoy decidiese decretar su estado técnico de hibernación. A esto se unieron las sentencias judiciales que declararon ilegal su construcción y parecían alejar, cada vez más, su puesta en marcha.

Pero el viernes el Consejo de Ministros insufló aire fresco al proceso con su decisión sobre la regasificadora gallega. Acordó excluir, «de manera excepcional, del trámite de evaluación de impacto ambiental los proyectos de autorización de la planta de regasificación de Reganosa en Mugardos (La Coruña)». Esto -al menos a juicio del Gobierno de la nación- agilizaría el procedimiento necesario para «cumplir con las dos sentencias del Tribunal Supremo» que anularon la autorización administrativa previa de 2002 y la del proyecto de ejecución, de 2004. El Supremo las anuló al estimar que en los momentos en que las autorizaciones se concedieron no se contaba con el instrumento de planificación urbanística adecuado. Pero según el Ejecutivo, la modificación puntual del Plan General de Mugardos, en 2012, «subsanó esta circunstancia», y la planta está en funcionamiento desde 2007.

Soluciones

En cualquier caso, dichos proyectos de autorización no cuentan con el preceptivo informe de impacto ambiental, y la exclusión excepcional de este requisito es la principal novedad de la decisión del Gobierno. El Ejecutivo argumenta que, con ello, «se evita una paralización prolongada de la actividad de la planta, que pondría en riesgo el suministro de gas natural en España y Portugal, así como la seguridad de personas, bienes y del propio sistema gasista». Afirma que los informes solicitados «inciden en la concurrencia de circunstancias excepcionales que justifican la aplicación de esta medida». Y puntualiza que «se ha realizado una evaluación alternativa, concluyéndose que la planta es viable ambientalmente, y que no tiene ninguna incidencia significativa susceptible de producir repercusiones apreciables en el medio ambiente o los recursos naturales».

El paralelismo con el caso de la regasificadora del puerto de El Musel es evidente, si bien en ambos casos hay sustanciales diferencias. La instalación gijonesa está hibernada, y afectada por la sentencia del Tribunal Supremo que declara ilegal la construcción. Además, está el hecho de que la planta no haya cumplido en ningún momento con el plan urbanístico, ya que está construida en terrenos de la ampliación de El Musel, que antes no existían y, por tanto, no estaban contemplados en el planteamiento municipal y que, en el ordenamiento vigente, se consideran de uso portuario.