El Comercio

La UCE pide prohibir las ventas a domicilio para evitar estafas

  • Insta a la Fiscalía a proteger a las personas mayores, que son muy «vulnerables a prácticas delictivas»

La Unión de Consumidores de Asturias reclama al Gobierno del Principado la «prohibición cautelar de la contratación y ventas a domicilio», con el objetivo de «paliar la situación de inferioridad, subordinación, indefensión y desprotección de las familias en general y de los mayores en particular, frente a las masivas estafas y fraudes en que se ha convertido esta modalidad de ventas» en la región.

Desde la Unión de Consumidores de Asturias recuerdan que han venido denunciando «estas desleales» prácticas comerciales en multitud de ocasiones, «sin que hasta ahora las autoridades les hayan puesto coto». Por ello, al igual que en su momento se prohibió la venta a domicilio de alimentos y bebidas, para evitar intoxicaciones, ahora exigen que se prohíba la venta a domicilio de todo tipo de servicios y bienes «para acabar con esta plaga de abusos, engaños y estafas».

La UCE se refiere, por ejemplo, a comerciales de compañías de electricidad y gas que ofrecen falsos descuentos, sin advertir de que cambian las condiciones de los contratos o a otra compañía; a comerciales de empresas que venden artilugios «que no sirven para nada» y colecciones de libros, y que tienen «entre sus víctimas preferidas» a personas de avanzada edad que viven solas, así como a comerciales de compañías de telefonía e internet que prometen precios, aparatos terminales y servicios que luego no se corresponden con la realidad.

La organización que preside Dacio Alonso alerta especialmente de las estafas a domicilio que seleccionan el perfil de gente mayor que vive sola, «a la que a través de presión e intimidación consiguen que firmen un contrato por un importe medio de 2.500 euros, financiados con intereses del 30%, para venderles 10 tomos del Capitán Trueno, 10 tomos de Mortadelo y Filemón y todo tipo de productos milagro».

Por ello, la Unión de Consumidores insta también a la Fiscalía a proteger los derechos de las personas mayores, «tan vulnerables a este tipo de prácticas absolutamente delictivas». Según expone la UCE, la crisis económica incrementa el fraude y la estafa en nuestra región, y las personas mayores son «la coartada perfecta para consumar el engaño, con la intención de realizar la revisión de las instalaciones de gas, la venta a domicilio de todo tipo de cacharros, colecciones de libros, y recientemente los comerciales de las empresas del suministro de electricidad».