El Comercio

El Principado aplica una límite de déficit aún no oficial para elaborar los presupuestos

  • Según la consejera de Hacienda, cada décima más supone para las arcas públicas asturianas disponer de 22 millones de euros más de gasto para el próximo ejercicio

El Gobierno regional está aplicando el límite del déficit público del 0,5 por ciento del PIB autorizado por la UE al elaborar su proyecto de presupuestos para 2017 pese a que el Ejecutivo central, al encontrarse en funciones, aún no ha autorizado elevar el escenario previsto del 0,1 por ciento.

Según ha asegurado hoy la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, cada décima más de déficit público supone para las arcas públicas del Principado disponer de 22 millones de euros más de gasto para el próximo ejercicio cuyo proyecto presupuestario depende también de las previsiones de ingresos del sistema de financiación autonómica.

La cuantía de dichos fondos, que suponen el 75% del presupuesto regional, ha sido notificada ya por el Ministerio de Hacienda al Principado con datos correspondientes a 2016 lo que supondría percibir para el próximo año 32 millones menos que en el actual.

La disconformidad con estas cifras llevará además al Gobierno regional, según ha apuntado Carcedo, a elaborar, a partir de los índices que ha utilizado el Ministerio, sus propias previsiones sobre el anticipo y la liquidación que correspondería a Asturias dado que las previsiones de ingresos tributarios ha mejorado.

A esta circunstancia se añade el hecho de que el Gobierno central no haya establecido todavía el techo de gasto del presupuesto del Estado para 2017 al encontrarse en funciones lo que hace que, a nivel nacional, se plantee un escenario de prórroga que, a juicio de la consejera, no debe hacerse extensivo a las comunidades autónomas.

Carcedo se ha manifestado así en su respuesta a una pregunta del portavoz de IU, Gaspar Llamazares, sobe el posible escenario y las gestiones previstas ante el Gobierno central respecto al margen fiscal, financiero y de déficit de cara a los presupuestos de 2017.

Llamazares ha cuestionado el "chantaje" del Gobierno central a las comunidades autónomas al condicionar sus presupuestos al hecho de que se trate de un Ejecutivo en funciones que, con los datos que ha facilitado a los gobiernos regionales, les ha hecho pasar "de la incertidumbre a las previsiones de recorte".

A esta circunstancia se añade, ha apuntado, "el síndrome de Estocolmo de la izquierda" al asumir el discurso sobre el supuesto "infierno" fiscal asturiano que, unido a los posibles recortes determinadas por el Gobierno central, pueden tener "consecuencias letales sobre la sostenibilidad de los servicios públicos".

Según Llamazares, en la negociación abierta sobre la reforma fiscal entre PSOE, Podemos e IU "se esta confundiendo el 'error de salto' -en el caso del impuesto de sucesiones- con un salto en el vacío que signifique la subasta fiscal".

Sin mencionar a Podemos, el portavoz de IU ha lamentado que en la negociación se pongan en cuestión y se convierten "en el oscuro objeto del deseo" los impuestos más progresivos como el de sucesiones o el tramo autonómico del IRPF que son además los tributos que más permiten recaudar al Principado.

"Si sumamos otras decenas de millones al recorte que nos anuncian desde el Gobierno central, eso podría significar perder, por ejemplo, lo que nos cuesta el salario social", ha advertido.

En su réplica, la consejera ha reiterado su criterio de que sólo aquellas medidas fiscales que tuvieran un efecto neutral o generasen un incremento de la recaudación de las que pudiesen acordarse en dichas negociaciones podrían ser objeto de una ley independiente.

En caso contrario, y las medidas que se plantean por parte de Podemos irían en esa línea dado que reducirían la recaudación, "no quedaría mas remedio que hacerlo en marco presupuestario" y asumiendo a la vez la responsabilidad sobre los gastos a suprimir.