El Comercio

La italiana Ilva, que quiere Arcelor, será adjudicada en el primer semestre de 2017

Ilva no es a simple vista una compañía golosa. Situada en el sur de Italia, en Tarento, se encuentra ahogada por las deudas y tuvo que ser rescatada por el Gobierno en 2013, después de que la familia Riva, que dirigía la planta, fuera acusada de no impedir emisiones tóxicas a la ciudad. Tres años después, a la factoría se la sigue culpando de causar cáncer a la comunidad local. Un estudio presentado recientemente revela que hay un 30% más de casos de leucemia y tumores infantiles en la zona que la media nacional y hay voces que apuntan que, de continuar la actividad, esta debe pasar por cerrar los hornos altos y que la siderurgia funcione con gas natural. Las autoridades locales no dejan de reclamar al primer ministro, Matteo Renzi, una solución a los problemas de contaminación. En este contexto, quienes se hagan con las instalaciones, que doblan el tamaño de las asturianas y fabrican productos similares, tendrán que pelear en varios frentes: hacer competitiva una factoría que en la actualidad no lo es e incorporar medidas medioambientales que convenzan a la población. También tendrán que dar la cara en materia de seguridad, después de que un trabajador falleciera el pasado mes de septiembre en un accidente calificado de decimonónico.

A pesar de las dificultades, dos grupos han presentado ofertas: AcciaItalia (compuesta por Cdp Equity, DelFin y Arvedi) y Am Investco Italia (compuesta por ArcelorMittal y Marcegaglia, que se quedaría con el 15% en caso de prosperar la oferta). El tema ambiental, avanzan desde el Ejecutivo italiano, será clave para la adjudicación. El comité de expertos designado por el Gobierno para realizar la valoración de las ofertas en esta temática debe dar su dictamen el 13 de noviembre. Después habrá un debate público sobre los aspectos ambientales y, posteriormente, un análisis de la autoridad de la competencia: «Esperamos que en la primera mitad de 2017 podamos concluir el programa de venta de activos pertenecientes al grupo Ilva», aseguró recientemente Enrico Laghi, el comisario nombrado por el Gobierno para esta compañía, que llegó a tener ocho hornos altos en actividad y que cuenta con unos 12.000 trabajadores.