El Comercio

Bruselas teme que la previsión de ajuste de 5.000 millones en 2017 se quede corta

El comisario europeo Pierre Moscovici charla con el ministro Luis de Guindos.
El comisario europeo Pierre Moscovici charla con el ministro Luis de Guindos. / FRANCOIS LENOIR / REUTERS
  • El Gobierno envía unas cuentas provisionales que dan pocas pistas pero que defienden mantener el Impuesto de Patrimonio o subir el IBI

Confianza. Se trata de eso, de recuperarla después de una década de incumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Se trata de ganársela, de convencer al club de que el país está comprometido en sanear las cuentas. Se ha hecho mucho pero algo está roto. Quizá por eso, «escepticismo» es la palabra que mejor define la primera reacción de Bruselas hacia el nuevo proyecto presupuestario enviado por el Gobierno de España a última hora de la noche del sábado. «No se trata de fiarse o no fiarse, pero los antecedentes no son los mejores. Veremos», recalcan fuentes comunitarias, que advierten de que bajar el déficit al 3,1% en 2017 no es negociable, lo que obligará al nuevo Gobierno a hacer un ajuste de 5.000 millones, como anticipó este periódico en exclusiva.

Y esto, ojo, en el mejor de los casos, porque en Bruselas no descartan que la previsión sea demasiado optimista, ya que el crecimiento se resentirá (bajará del 2,9% al 2,3%) debido a la incertidumbre mundial o al 'Brexit'. La confianza se sustenta en datos y, según la última senda pactada, España debería haber cerrado este año con el 2,8% de déficit. Lo hará en el 4,6%, nada menos que 18.000 millones de desfase, de ahí la última advertencia del Eurogrupo sugiriendo con sorna que verifiquen los datos.

El nuevo plan presupuestario elaborado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy es, en la práctica, una prórroga con una actualización macroeconómica. No se incluyen cambios tributarios o de políticas, como se acordó con Bruselas. Sin embargo, el documento de 84 páginas es una magnífica guía de lo mucho que tendrá que hacer el próximo Gobierno. Porque tan importante es tenerlo, como que pueda gobernar. De hecho, la carta de felicitación de la Comisión será un recordatorio que dirá que deben enviar un presupuesto con la mayor celeridad posible y que el déficit de 2017 debe ser del 3,1%.

Y según el plan enviado, quedará en el 3,6%, de ahí los 5.000 millones de euros de ajuste adicionales que habrá que aprobar. ¿Cómo? Se dan pocas pistas, pero se destaca la última modificación del Impuesto de Sociedades para recaudar 8.300 millones, se desvela la intención de mantener Patrimonio para ingresar 1.300 millones y se deja la puerta abierta a subir el IBI. Y a pesar de esto, aún quedarían 5.000. Simple. O se suben impuestos (muy atentos al IVA) o se recortan gastos. El resto es pura literatura política.

El plan vuelve a poner en evidencia que España tiene un serio problema con la Seguridad Social, cuyo déficit será del 1,4% del PIB en 2017, es decir, unos 14.000 millones (3.000 menos que este ejercicio). Y todo pese a la «buena» evolución de la economía, que prevé un aumento del 2,5% en las cotizaciones sociales, un descenso del 7% en las prestaciones por desempleo. En el periodo 2016-2017, se estima una creación neta acumulada de 900.000 empleos y una reducción del paro de un millón de personas, situándose el número de ocupados en 19 millones (17% de paro).

El texto, por otra parte, es un alegato en toda regla para evitar la congelación de más de 1.000 millones de fondos estructurales a la que se arriesga España por su indisciplina fiscal. La Comisión pidió «medidas efectivas» y, entre ellas, el Gobierno recuerda el cambio del Impuesto de Sociedades (8.300 millones), el acuerdo de no disponibilidad de créditos por valor de 3.500 y el adelanto a julio de la ejecución presupuestaria, que ha ahorrado otros mil.

El Ejecutivo hace especial hincapié en la decisión adoptada por el Colegio de Comisarios del 27 de julio, en la que se perdonó la multa a España y se estableció una prórroga de dos años para bajar el déficit del 3% en 2018. Se detallan una serie de medidas ya adoptadas para controlar el gasto autonómico (es el problema más grave a ojos comunitarios) y se admite la necesidad de mejorar los mecanismos de publicidad de la contratación pública.