El Comercio

«El Gobierno nos pide un esfuerzo para que afloren 1.000 millones más de fraude»

«El Gobierno nos pide un esfuerzo para que afloren 1.000 millones más de fraude»
  • «Se presentan en torno a 10.000 denuncias anónimas cada año. Y en los últimos años, son 1.000 las que acaban en un acta de inspección»

«Esto es un chantaje emocional». Santiago Menéndez (Gijón, 1959) lo decía ayer, en la clausura del XXVI Congreso de la Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, por dos motivos: porque estaba en casa, en Gijón, «mi villa», y en su salsa, con un auditorio lleno hasta la bandera de colegas de profesión. Dijo también que «me cuesta no hablar de Asturias». Así que lo hizo, derrochando pasión por la tierra que le vio nacer a él y a su familia. Pero también habló de la Agencia Tributaria que dirige, de «la generosidad» en el trabajo de sus 25.500 funcionarios y de los datos «históricos» conseguidos en 2015 en su lucha contra el fraude. Una labor que se refuerza, «porque hoy tenemos más información», y porque el Gobierno les ha pedido un esfuerzo más para compensar el déficit presupuestario.

–En su intervención en el congreso de inspectores ha dicho que se les ha pedido un esfuerzo adicional en su lucha contra el fraude para lograr 1.000 millones de euros más este año debido al déficit presupuestario. ¿Presiona el Gobierno a la Agencia Tributaria?

–Presión ninguna, pero el Gobierno dirige la política y nos pide un esfuerzo. El año pasado conseguimos una cifra récord, pero porque hubo casi 2.700 millones de euros por operaciones no recurrentes. Conviene advertirlo a la hora de hacer comparativas anuales. Cuando hablamos de fijación de objetivos, partimos de indicadores normales y a partir de ahí, planificamos.

–¿Dónde se va a intensificar la lucha contra el fraude?

–En todas las actuaciones con carácter general. Esto no tiene truco, lo que hay que hacer es trabajar más. Los funcionarios de la Agencia son muy generosos, porque aunque tenemos un horario que se cumple escrupulosamente, a veces se lo llevan en la cabeza a casa.

–¿Se ha tocado techo en la lucha contra el fraude?

–Ojalá en la lucha contra el fraude hubiéramos tocado techo y ya no hubiera más que hacer, pero lo dudo.

–¿Le parece justo que unas comunidades cobren más que otras por el impuesto de Sucesiones?

–Es una competencia de la comunidad autónoma y cada una legisla como estima que es más conveniente. No tengo nada que decir.

–¿Pero le parece justo? Se habla incluso de asturianos que se van a Madrid como si la capital fuera un paraíso fiscal.

–De paraíso fiscal, nada. Entiendo que se diga en sentido figurado, pero tampoco. Si en lugar de Madrid y Asturias hablásemos de ciudades de distintos países... Lo que no se puede hacer es residir en una y tributar en otra. Pero que no quede duda de que el intercambio de información es total entre las administraciones de las comunidades autónomas.

Control a empresas

–El hecho de que se tenga que adelantar el pago fraccionado del Impuesto de Sociedades no ha sentado bien al empresariado asturiano. Dicen que siempre pagan los mismos.

–No es más que un pago a cuenta de la liquidación del año siguiente. Y a todos los que tenemos nómina nos van descontando mes a mes a cuenta de lo que ajustamos después.

–¿Se está aumentando el control sobre las empresas?

–Se realizan actuaciones de control continuamente. Desde hace muchos años, las actuaciones tienen detrás una planificación de mucho trabajo. Son generales y para todos los contribuyentes, sin discriminación.

–Pero tendrán prioridades. ¿Algún sector se controla más que otro?

–Todos los años tenemos un plan de control, que se publica en el BOE y se envía a las Cortes. Ahí se fija cada actuación y cada departamento tiene las suyas. Esta planificación está muy consolidada. Además, al margen de nuestras actuaciones, existe la posibilidad de la denuncia anónima a través de la web de la Agencia. Lo interesante es que se aporten los mayores indicios y pruebas para que las actuaciones sean exitosas.

–¿Se presentan muchas denuncias?

–Se presentan en torno a 10.000 denuncias cada año. Y en los últimos años, son 1.000 las que acaban en un acta de inspección.

–¿Hizo falta que saltaran los ‘papeles de Panamá’ en los medios de comunicación para que la Agencia actuara?

–Nosotros estamos obligados por ley a guardar secreto en todas nuestras actuaciones y eso lo llevamos a rajatabla. Los funcionarios tienen interiorizada la discreción con la que trabajan. Pero mucha de la información que contenían los ‘papeles de Panamá’ ya la conocíamos.

–Entonces no le pillarán de sorpresa casos como el del exlíder del SOMA, José Ángel Fernández Villa.

–Nunca hablamos de contribuyentes concretos. No hacemos juicios éticos o morales. Hay que separarlos de nuestra labor. Si no, se complicaría mucho nuestra actividad profesional.

Grandes operaciones

–Las asociaciones de autónomos se quejan de que la presión recae en las pequeñas empresas y se es más laxo con las grandes.

–No es así. Uno de los motivos del éxito de la lucha contra el fraude en 2015 se debió a la actuación sobre grandes contribuyentes, en concreto, un 44%. ¿Cómo no los vamos a comprobar? Otra cosa distinta son las actuaciones con entrada judicial que también hacemos, como la de este verano, en pubs y discotecas.

–¿Por qué se ha tardado tanto en realizar una macrooperación de este tipo?

–Siempre se han hecho. Quizá no tantas como ahora, pero las estamos potenciando. El modelo de control va evolucionando. Ya no sirve el modelo tradicional en el que un inspector está sentado en su despacho esperando a que le traigan la contabilidad. Hay que hacer más, sobre todo en actividades que pueden tener economía sumergida. Estas operaciones necesitan de autorización judicial y para ello hacen falta pruebas consistentes. Cada vez tenemos más información y eso nos ayuda a seleccionar mejor.

–¿Hay más información o los españoles nos hemos vuelto más corruptos?

–Lo importante es que las instituciones funcionen, sean la Agencia, el Ministerio, la Policía… Ahora están funcionando. En lo que me corresponde, puedo decir que la Agencia funciona con total autonomía, con instrumentos legales y con absoluta tranquilidad.

–¿Es posible hacer pagar ahora a quienes se acogieron a la amnistía fiscal?

–Es una proposición no de ley del Parlamento. En la medida en la que hubiese un procedimiento distinto cambiaríamos nuestra actuación, pero de momento nos limitamos a aplicar lo que existe. De todos modos, soy partidario de mirar al futuro. El reto es no estancarse en el pasado y utilizar toda esa información para hacer las comprobaciones correspondientes.

–En diciembre de 2017 se agota la hucha de las pensiones. ¿Cree que más impuestos serían la solución?

–Decidir las soluciones es competencia del Gobierno. Ya he dicho que el Gobierno ha hecho un esfuerzo por reconducir la situación en general y el déficit en particular. Lo hemos conseguido entre todos. Las pensiones no solo no han bajado, sino que subieron en los momentos más difíciles.

–Pero se agotan.

–Lo que hay que hacer es buscar soluciones consistentes. Gobierno y oposición tendrán que buscar una solución favorable para todos, y esperemos que lo consigan.

–¿Qué opina de las voces que en Cataluña quieren crear una agencia tributaria independiente del Estado?

–¿Pero qué competencias quieren tener? Lo que no pueden hacer es invadir competencias.

–¿Cree que la sociedad ha cambiado su percepción sobre la Agencia o sigue vinculada a la imagen de los ‘hombres de negro’?

–Según el CIS, los ciudadanos valoran mucho e históricamente la función de asistencia y ayuda de la Agencia. No tienen la misma percepción respecto a la lucha contra el fraude, aunque últimamente ha mejorado. Hacemos todo lo que podemos y más.

–Esperanza Aguirre llegó a decir que «la Agencia Tributaria es muy poderosa y cuando está decidida a matar a alguien, lo mata».

–¿Dijo eso? La Agencia trata igual a todos los contribuyentes, utiliza toda la información y actúa con absoluta discreción.