El Comercio

Bankia calló ante los preferentistas que podían haberse ido sin pérdidas

Bankia calló ante los preferentistas que podían haberse ido sin pérdidas
  • Los títulos pudieron ser recomprados en 2011 ante su traspaso a BFA, pero la entidad no quiso mientras el Banco de España evitó actuar

Las miles de personas que compraron preferentes de Bankia, y más en concreto de algunas de la media docena de cajas que se fusionaron en 2010 para alumbrarla, podían haberse ido sin pérdidas antes del calvario que comenzó para ellos cuando se descubrió el agujero del banco que forzó su rescate público por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y que depende del Ministerio de Economía. Fue en 2011, durante un período corto de tiempo, apenas tres meses antes de su polémica salida a Bolsa (julio) y, además, con conocimiento expreso del Banco de España, cuyo gobernador era entonces Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

Así queda claro a la vista de algunos correos que se cruzaron los miembros del equipo de inspectores del supervisor empotrados en Bankia, así como de varias actas de las reuniones que mantuvieron con sus responsables. Una de las más reveladoras tuvo lugar el 13 de abril de aquel año y en ella estuvieron presentes cuatro altos cargos de Caja Madrid y dos inspectores del Banco de España, quienes mostraron su preocupación por cómo se iba a hacer el traspaso a la matriz, BFA -calificado por el jefe del equipo, José Antonio Casaus, de «banco malo»-, de los «pasivos» pendientes por las distintas emisiones ya realizadas: 3.700 millones en deuda subordinada, 400 millones en participaciones preferentes y otros 5.400 millones en productos híbridos «avalados».

«Tras el anuncio de traspasos -relataban los inspectores José Carlos Molina y Luisa Sánchez- están recibiendo llamadas de acreedores mayoristas (desde fondos a distintas empresas) interesándose por dónde quedan sus títulos, especialmente perjudicados en el caso de subordinadas y preferentes, y que contarían con derecho de oposición en el plazo de un mes desde la inscripción». Pero, ¿qué significaba esto último? Pues precisamente que tenían la posibilidad de abandonar el barco de Bankia antes de que encallase (reflotarlo ha costado 22.424 millones de las arcas públicas) «oponiéndose» al referido traspaso y, en caso de que se desestimara su petición por la entidad, tendrían que reintegrarles todo el dinero invertido.

Legalmente tenían 30 días para ello, un plazo apretado aunque suficiente si se dispusiera de la información necesaria. El problema es que solo los inversores mayoristas, y tampoco todos, parecían tenerla. «No han informado individualmente a los acreedores, solo contestan las consultas que les llegan», cosa que además hacían «transmitiéndoles tranquilidad con el argumento de que esta estructura se ha montado para lograr una gestión más eficiente -algo que solo era cierto a medias, pues la que realmente salía ganando era Bankia al quitarse ese lastre- y garantizar mejor los pagos de todos sus pasivos -lo que tampoco estaba nada claro porque, como luego advertiría Casaus, el grupo BFA-Bankia era «inviable»-.

Solo si causaban «revuelo»

Asimismo, los técnicos del supervisor prevenían a sus superiores de que Bankia solo contemplaba recomprar «los valores de aquellos acreedores que se sientan perjudicados y causen 'revuelo' (término que ellos mismos entrecomillaban para destacarlo)». Aquellos que no protestaran y, en general, la inmensa mayoría de los minoristas -por desconocimiento de una situación sobrevenida que el banco les estaba ocultando- no tendrían la posibilidad de recuperar su dinero antes de tiempo. Incluso sabiéndolo, bastantes podían haber renunciado a ello ante los apreciables intereses que estaban recibiendo (un 8% anual), si bien de esa forma habrían podido asumir ellos mismos ese riesgo y no terceros, lo cual habría descargado de responsabilidades futuras a la entidad y a su hoy dueño, el FROB.

Para más 'inri', ese plan de recompra de subordinadas y preferentes que en Bankia llevaban «tiempo estudiando» era conocido por el Banco de España sin que pusiera pegas conocidas a la estrategia del entonces presidente Rodrigo Rato de callar información, y por más que terminara teniendo efectos negativos para los inversores y el Estado. El propio Casaus vio en todo ello «varias pegas para nosotros como supervisores», puesto que afectaba «gravemente a la liquidez de BFA y, con ello, a la probabilidad de repagar al FROB» por las ayudas recibidas. Además, «vulnera la instrucción de Cibeles -la sede del supervisor- de no recomprar pasivos», lo que le hacía «suponer que cuentan con su visto bueno»; la entidad financiera decía que sí lo tenía... solo que «de palabra».