El gigante asiático podría ser declarado economía de mercado en diciembre

El Parlamento Europeo mostró en mayo un rechazo absoluto a que China sea declarada economía de mercado y un dictamen del Comité Económico y Social Europeo (CESE) concluyó el pasado 14 de julio que «difícilmente puede considerarse que China opera en condiciones de economía de mercado, ya que incumple cuatro de los cinco criterios establecidos según la práctica de la Comisión» -una baja influencia gubernamental en las empresas, la ausencia de distorsiones en la economía privada, la implementación del derecho societario, un marco legal de economía libre de mercado y disponer de un genuino sector financiero-. Pero, pese a estos análisis, el país asiático está cada vez más cerca de lograr ese ansiado estatus.

Hace quince años China ingresó en la Organización Mundial de Comercio. Entonces se la consideró economía en transición, pero el país defiende que su protocolo de adhesión establece que su reconocimiento como economía de mercado será automático a partir del 11 de diciembre. El tema no está claro y, mientras hay países que ya la consideran como tal, otros como EE UU lo rechazan.

Si China es declarada economía de mercado la imposición de medidas de defensa comercial se complicaría, pero el problema es que en Europa existe una enorme división. A los países del norte -mayoritarios-, el cambio de estatus les sería favorable, ya que se trata de uno de sus mayores mercados. Además, son estados que tradicionalmente muestran muchos reparos al control del comercio. Por contra, a los del sur, la declaración les perjudicaría gravemente.

Una dificultad añadida es que, en este caso, no funcionaría el derecho de veto, más bien al contrario, debería haber una gran corriente en contra de que China fuera declarada economía de mercado para frenar la obtención del estatus.

Distintos informes alertan de la pérdida de empleos que supondría su declaración e incluso de que se pondría en serio peligro la estructura industrial de la UE. De hecho, esta ha calculado que serán 400.000 los puestos que desaparecerán en todo el continente, aunque el Instituto de Política Económica aumenta la cifra a 3,5 millones de empleos, de los que unos 273.000 corresponderían a España.

Unesid, como representante de la industria siderúrgica, insiste en que no está en contra de las importaciones, sino del comercio desleal y que el daño de los productos siderúrgicos chinos no está producido por la fuerza del mercado, sino por el impulso de una economía planificada que, por tanto, no es de mercado.