El Comercio

La justicia amplía a todo el consejo, incluido el exministro Borrell, el 'caso Abengoa'

  • La Audiencia Nacional les tomará declaración por la presunta falsificación de las cuentas de 2015, aparte de las indemnizaciones a Benjumea y su ‘número dos’

El ‘caso Abengoa’ terminará desdoblándose en una causa más amplia para investigar las razones que llevaron a la quiebra a la conocida compañía energética, cuyo agujero llegó a superar los 20.000 millones de euros. Así lo ha resuelto la Audiencia Nacional tras estimar en última instancia una querella presentada por la plataforma de afectados que representa el abogado Felipe Izquierdo por un presunto delito de falseamiento de las cuentas (castigado con hasta tres años de cárcel) del grupo durante el ejercicio de 2015, en el que terminó pidiendo el concurso de acreedores.

Los magistrados han corregido en este sentido el criterio del juez Ismael Moreno, quien rechazó en un primer momento la denuncia por basarse fundamentalmente en artículos de prensa. La Sala de lo Penal reconoce que «no se ha aportado documentación alguna que soporte las alegaciones formuladas», pero al mismo tiempo recuerda que el instructor «no ha de entrar en contacto con ningún medio de prueba ni diligencia de investigación» para abrir pesquisas.

Por ello le ordena que inicie sus propias diligencias para esclarecer si la acusación de la plataforma de afectados es cierta, empezando por tomar declaración a todos los miembros del órgano de administración de Abengoa que aprobaron esas cuentas y decidiendo después si es necesario practicar más pruebas para tomar una decisión. Los querellados son, aparte de la propia compañía y Deloitte (la auditoria de sus balances) como personas jurídicas, un total de 19 personas que han formado parte del consejo: entre ellos el expresidente Felipe Benjumea y el exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega, además del exministro de Obras Públicas y Transportes y exdirigente socialista Josep Borrell.

Otra juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ya investiga a Benjumea y su ex ‘número dos’ por las indemnizaciones multimillonarias que recibieron al dejar la empresa (11,4 millones el primero). Según los últimos testigos del caso –entre ellos el hoy presidente, Antonio Fornieles-, el consejo de Abengoa aprobó esas compensaciones a ciegas pero no a sordas, esto es, se fió solo del informe de un bufete de abogados que actuaba de asesor externo (DLA Piper) y no entró en los detalles de sus contratos (y menos aún sus cláusulas) ni tampoco en valorar su gestión, finalmente ruinosa a la luz de los números conocidos.

En total, Benjumea percibió 16 millones en varios conceptos a su salida de la compañía y Sánchez Ortega otros ocho millones en una decisión más que polémica que podría haber constituido un delito de administración desleal. El empresario cobró su indemnización pese a que también había dimitido como consejero. Si solo se hubiera dado lo segundo, la compañía se habría ahorrado los referidos 11,4 millones, según denuncia el abogado de los afectados, quien también se queja de que el polémico expresidente pudo seguir además de asesor.

Todavía más pérdidas

Mientras tanto, Abengoa sigue engordando sus números rojos. De enero a septiembre, según las cifras remitidas este martes a la CNMV, perdió 5.413 millones de euros, lo que supone multiplicar por 28 los casi 194 millones que se dejó hace un año. La principal razón de esta fuerte subida se centra en el deterioro de sus activos por importe de 4.227 millones. Otros motivos han sido la ralentización generalizada del negocio y un mayor gasto financiero debido a la ejecución y provisión de avales, además de los intereses de demora.

En esos primeros nueve meses del año su cifra de negocio cayó a 1.042,7 millones, tres veces menos que en el mismo periodo de 2015 en el que facturó 3.265,4 millones. La abultada reducción de valor de su patrimonio está vinculada fundamentalmente con las pérdidas contables motivadas por la menor valoración de las instalaciones de bioenergía en Estados Unidos, Europa y Brasil, de las líneas de transmisión en Brasil, de las plantas de generación en México y de las plantas solares en Chile.