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AIDA COLLADO
Sábado, 10 de diciembre 2016, 09:30
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La sentencia del Tribunal Supremo que declara abusiva y, por lo tanto, nula la cláusula de los contratos hipotecarios que establece la obligación del cliente de correr con todos los gastos de la formalización del préstamo se remonta a 2015, pero había quedado enterrada entre los otros muchos tirones de orejas que el Alto Tribunal daba a BBVA y Banco Popular en el mismo fallo. Hasta ahora, que la Unión de Consumidores de Asturias ha decidido poner en marcha una campaña para que los usuarios reclamen a todos los bancos y cajas que operan en la región parte de estos gastos, que incluyen el notario, el registro, el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados y la gestoría «impuesta por el banco». Según los cálculos de la UCE, más de 80.000 familias asturianas, aquellas que suscribieron sus créditos hipotecarios en los últimos quince años (a partir de 2002), podrían solicitar la devolución de unos 3.000 euros, aunque el importe varía en función del préstamo. El plan es presentar demandas colectivas, una por cada entidad, con un doble objetivo: no bloquear los juzgados y abaratar el procedimiento.
«Es el banco el mayor beneficiado de la formalización de la hipoteca, aunque sea el consumidor quien en la práctica paga todos los gastos», lamentaba ayer el presidente de la UCE en Asturias, Dacio Alonso. Quiso profundizar en la sentencia del Supremo que afecta de forma directa a BBVA y Popular, pero cuyo criterio «se puede aplicar a todas las hipotecas, pues casi todas tienen una cláusula con efectos similares».
En una hipoteca de 150.000 euros (con una responsabilidad hipotecaria de 255.000 y un tipo impositivo del 1%, el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados ascendería a 2.550 euros. A esto habría que añadir unos 425 euros de gastos de notario y 125 del registro de la propiedad. Sumados a los honorarios de la gestoría, de unos 400 euros, el consumidor habría pagado 3.500 euros. «Ahora procede reclamar que reintegren estas cantidades cobradas de forma abusiva el SabadellHerrero, Liberbank, Caja Rural de Asturias, BBVA, Santander, Popular, Caixabank, Caja España, Abanca, Bankinter y todas las entidades que obligaron al consumidor a pagar todos los gastos», concluye la UCE.
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