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Daniel Navia y Francisco Blanco, ayer, frente a frente, en la sede del ministerio.
El Gobierno garantiza al Principado que la regasificadora tendrá licencia

El Gobierno garantiza al Principado que la regasificadora tendrá licencia

Francisco Blanco anuncia al secretario de Energía de que Asturias presentará proyectos por un valor de 160 millones para optar a los fondos mineros

SUSANA BAQUEDANO

Miércoles, 15 de marzo 2017, 03:45

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El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, garantizó ayer al consejero de Empleo, Industria y Turismo del Principado, Francisco Blanco, que «se siguen dando los pasos» para que la regasificadora de El Musel pueda tener licencia administrativa, un requisito imprescindible para su puesta en funcionamiento y que podría obtenerse este mismo verano.

Era el primer encuentro entre Blanco y Navia, quien tomó posesión del cargo a principios del mes de enero, y se celebraba un día después de que este último recibiera, también en sede ministerial, en Madrid, a los sindicatos mineros. Asimismo, esta reunión se produce también después de la que el consejero asturiano y el ministro del ramo, Álvaro Nadal, mantuvieron el 31 de enero. Fue en aquella cita cuando el titular de Energía manifestó su compromiso de buscar vías para regularizar la regasificadora de El Musel. Y está cumpliendo su palabra.

El primer paso lo dio el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital la semana pasada con un proyecto de real decreto, que aún puede ser modificado y deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros, con el que el Gobierno central pretende levantar la moratoria de 2012, que paralizaba la puesta en marcha de varias infraestructuras gasistas, previstas cuando la demanda aún no se había desplomado por la crisis. Al retomar la tramitación de las autorizaciones administrativas relativas a estas instalaciones, que el Real Decreto-Ley 13/2012 había dejado en suspenso, el Ejecutivo da el primer paso para desbloquear la situación de la planta gijonesa. Blanco valoró ayer, de nuevo, los gestos del ministerio. «Se están dando los pasos correctos para obtener la licencia administrativa», dijo.

Esta autorización es necesaria para la puesta en funcionamiento de la regasificadora, lo mismo que, por poner un ejemplo, un negocio de hostelería requiere de una licencia para su apertura. Pero sobre la planta de gas de El Musel pesa, por otra parte, una sentencia del Tribunal Supremo, que hace un año ratificó un fallo anterior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el que daba la razón a Los Verdes y anulaba su licencia de construcción. Los jueces dieron por buenos los argumentos de los ecologistas, quienes mantienen que cuando Enagás inició los trámites de construcción de la planta aún estaba en vigor el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, por el que las instalaciones no podían estar a menos de 2.000 metros de un núcleo de población.

Dicho reglamento dejó de tener efecto en enero de 2007, lo que hace creer a Enagás que cuando obtenga la autorización administrativa para poner en funcionamiento la regasificadora de El Musel, no se encontrará con más obstáculos.

Sin criterios en Madrid

En la reunión celebrada hoy en la sede del Ministerio de Energía, Blanco y Navia hablaron también de los fondos mineros. Tras conocer el consejero asturiano que el Gobierno aún no tiene decididos los criterios que guiarán el reparto de los recursos, el Principado ha decidido guiarse por el protocolo de planes anteriores -que fijaban criterios territoriales para el reparto- y presentará proyectos por un valor de entre 160 y 170 millones de euros.

La Consejería de Empleo y los ayuntamientos mineros habían llegado antes a un acuerdo para gestionar al 50% los fondos mineros que correspondan a Asturias. El Principado podría obtener unos 125 millones de los 250 que prevé el marco de actuación para la minería del carbón y las comarcas mineras en el periodo 2013-2018. No obstante, a esos 125 millones habría que sumar un 25% adicional que aportaría el Ejecutivo asturiano, con lo que el montante global alcanzaría los 156,25 millones. En cualquier caso, se presentarán proyectos por un valor superior, hasta los 160 o 170 millones, como margen en el caso de que alguno de ellos falle. De esta cantidad, la mitad se dedicarán a propuestas de los ayuntamientos y la otra parte, a las del Principado.

Por otra parte, Blanco planteó a Navia la necesidad de firmar cuanto antes el acuerdo marco para la tramitación de los proyectos, independientemente de que aún no haya dotación presupuestaria. La intención del Gobierno es, ahora, la de firmar este acuerdo con todas las autonomías al mismo tiempo, algo que podría producirse en un plazo de mes y medio o dos meses.

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