Los acuerdos del Estado y los funcionarios lanzan el debate sobre las 35 horas en Asturias

Cristóbal Montoro. / EFE
Cristóbal Montoro. / EFE

La reducción de la jornada laboral en la administración regional, vinculada a que Hacienda libere 116 millones de la financiación autonómica retenidos al Principado

ANDRÉS SUÁREZ OVIEDO.

Aunque la atención se ha focalizado sobre el acuerdo para que el sueldo de los funcionarios de la administración estatal suba hasta un 8,8% en tres años, hay una segunda derivada interesante del pacto entre el Ministerio de Hacienda y los sindicatos. Tiene que ver con la posibilidad, hasta ahora cerrada, de que las comunidades autónomas recuperen la jornada laboral de 35 horas para sus empleados públicos, desde las 37,5 horas actuales. Un debate candente en Asturias, donde la Junta General ya ha aprobado iniciativas orientadas en ese sentido. Para que esa posibilidad sea real es necesario cumplir varios requisitos y, en último término y como sucede con casi todo, depende del dinero y de que el Principado pueda cobrar los 116 millones de euros de la financiación autonómica que el Gobierno central mantiene retenidos.

El Gobierno asturiano, como el resto de gabinetes autonómicos, estudia ahora ese acuerdo entre el Ejecutivo central y los sindicatos. Quiere conocer la letra pequeña tanto a la hora de trasladar a sus empleados públicos la subida salarial, que en el caso del Principado requerirá de una ley a aprobar por la Junta General, como para pensar en la posibilidad de recuperar la jornada de 35 horas.

Hay un posicionamiento del Parlamento regional favorable a esa tesis. En 2016 se aprobó una proposición no de ley con esa idea que únicamente rechazó el PSOE, con el argumento de que la actual jornada de 37,5 horas está regulada por normativa estatal y no era posible cambiarla de forma unilateral. La novedad es que el Gobierno central abre la puerta a que las comunidades apliquen las 35 horas.

Para ello deben tener sus cuentas en orden. Es necesario que cumplan con los objetivos de la ley de estabilidad en materia de déficit, deuda y periodo medio de pago a proveedores. Y, a partir de ahí, sería decisión suya hacerlo o no. Es en este punto donde entra en juego la cuestión presupuestaria, porque las 35 horas tienen un coste económico que deberán asumir las arcas autonómicas.

A vueltas con el presupuesto

Aquí aparecen las complicaciones. Tanto en el Gobierno asturiano como en distintos grupos parlamentarios se entiende que el Ejecutivo central está tomando decisiones en materia de gasto sin tener en cuenta los ingresos. Y se hace hincapié en que, con la excusa de que carece de presupuestos para 2018, continúa reteniendo a las comunidades dinero de la financiación autonómica que compromete la sostenibilidad de sus finanzas. En el caso de Asturias esa partida que permanece 'congelada' asciende a 116 millones.

Esto es, que pensar en la aplicación de la jornada de 35 horas en Asturias parece inviable en tanto en cuanto el Ministerio de Hacienda no transfiera al Principado los 116 millones. Una posibilidad es que el Gobierno central sea capaz de aprobar sus presupuestos para este año y desbloquee ese dinero. La otra, que no sacando adelante las cuentas, efectúe igualmente el pago. La sensación que impera en muchas administraciones autonómicas es que el Ejecutivo central las ha tomado como rehenes para presionar y sacar así adelante los presupuestos en el Congreso.

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